Miles de edificios y comunidades del país tienen pendiente una importante transformación que implica de forma directa la economía del hogar. Una normativa cambió de la noche a la mañana las reglas de juego de los ascensores en el verano de 2024, un elemento característico en muchos domicilios y, hasta ahora, una de las grandes olvidadas. Es una reforma de carácter obligatorio que requerirá un elevado coste en muchas comunidades.

La aplicación de esta ley significó una revolución, en especial en lo que respecta a los inmuebles levantados hace ya décadas. Su efecto ya empieza a notarse, pero muchos inmuebles lo han ido aplazando.

La ley que afecta a miles de vecinos

Desde el verano de 2024 se empieza a aplicar el Real Decreto 355/2024, que modifica la ITC AEM 1, esa norma técnica que regula los ascensores existentes en España. La intención final es mejorar la seguridad y llevarla a unos niveles más actuales, lo que siempre conlleva sobrecarga de trabajo a muchos edificios antiguos. Dicha normativa aumenta los requisitos técnicos y de mantenimiento que hace que se encuentren fuera de la normativa muchos de los ascensores instalados entre los años 60 y 80, que si bien es cierto que muchos de ellos funcionan con normalidad, ahora se encuentran fuera de la legalidad.

Cuándo se debe cumplir la reforma

No había una obligación de hacer una sustitución total de todos los aparatos de forma inmediata, aunque un año y medio después, las exigencias aprietan para realizar las reformas. La obligación se presenta en el momento en el que el ascensor debe realizar una revisión periódica, cuando hay una avería importante o cuando se realiza una reforma interior del ascensor. En estos casos, la administración podría llegar a requerir la total adaptación de la instalación a la legislación vigente, lo cual transformará una reparación que se consideraba sencilla en una obra mayor con repercusiones económicas muy elevadas en la comunidad.

El coste económico para los vecinos

Las reformas más usuales contemplan la colocación de barreras fotoeléctricas en las puertas, los sistemas de comunicación intercomunicados, la mejora de la nivelación cabina y la sustitución de antiguos cuadros de maniobra. En muchos de los edificios esas mejoras no son factibles ya que el coste total de la rehabilitación podrá suponer sin dificultad alguna un gasto entre los 15.000 y los 30.000 euros e incluso superar estas cifras en casos complejos. Para las comunidades de edificios pequeños o con muchos propietarios jubilados estas cifras suponen un peso del que les cuesta desprenderse.

Derramas y retrasos en las decisiones

Por esta razón, varias comunidades se decantaron por la opción de demorar reparaciones para poder evitar activar la completa obligación de realizar la adaptación completa. Esto genera dudas e incluso puede ir agravando los problemas técnicos del ascensor con el tiempo. No tener una planificación provoca que la derrama llegue de forma repentina y la gestión económica sea más complicada para el edificio.

Los vecinos ante el cambio

La clave se encuentra en la prevención, dado que la comprobación del estado del ascensor antes de la inspección oficial, y contar con el asesoramiento técnico, todavía puede permitir anticiparse a posibles exigencias y planear las reformas en fases sucesivas. Una buena planificación puede ayudar a poder extender los costes en el tiempo evitando así de decisiones precipitadas que encarezcan la actuación.

Un problema que ja ido a más

La norma lleva en vigor desde hace año y medio en todo el territorio español y su eficacia es cada vez mayor, y más aún cuando los ascensores viejos van pasando las inspecciones o necesitan reparaciones de mayor envergadura. Millones de comunidades han sido ya afectadas, y seguirá sucediendo este año.

Esta necesaria reforma del hogar, la cual es ya una realidad que afecta y afecta a numerosos vecinos, está destinada a convertirse en una de las grandes dificultades económicas para las comunidades de propietarios en los próximos años.