La presidenta de la Asociación por el Derecho a Morir Dignamente (DMD) de Cataluña, Cristina Vallès, ha denunciado este jueves el "secuestro" de los derechos y la dignidad de Noelia Castillo. A pocas horas de que la joven barcelonesa, que padece una paraplejía, acceda finalmente a la prestación de ayuda para morir, Vallès ha cargado con dureza contra la asociación Abogados Cristianos por haber dilatado innecesariamente su sufrimiento a través de un tortuoso periplo judicial.

La activista ha calificado de "indignante" la estrategia de la organización ultracatólica, que ha asesorado legalmente al padre de la joven, Gerónimo Castillo, en sus múltiples recursos ante la justicia para frenar el proceso. Según Vallès, los impulsores de estas trabas legales sabían desde el primer momento que no iban a ganar, pero aun así forzaron a Noelia a pasar por un proceso de casi dos años que ha llegado incluso hasta la alta instancia europea.

"Pequeña grieta" en la Ley de Eutanasia

Para la presidenta de DMD, la organización jurídica halló una "pequeña grieta" en la actual Ley de Eutanasia que permitió al progenitor mantener a su hija con vida en contra de su voluntad. Todo ello ocurrió a pesar de que la petición de Noelia contaba con el aval preceptivo de la Comisión de Garantía y Evaluación de Cataluña, lo que subraya la excepcionalidad y la dureza de un caso marcado por la oposición ideológica de terceros.

Vallès ha subrayado que este conflicto es "uno entre un millar", destacando que la inmensa mayoría de las solicitudes en España se desarrollan sin incidentes. Desde la aprobación de la ley, se han practicado unas 1.300 eutanasias en las que los pacientes fallecen acompañados de sus seres queridos de forma plácida, un acto que la activista define como un ejercicio de amor y descanso frente a un sufrimiento que resulta insoportable.

El coste humano de este retraso ha sido calificado por la asociación como un "precio altísimo" para la paciente, cuya muerte estaba programada inicialmente para el 2 de agosto de 2024. Al no cumplirse el calendario previsto, se ha añadido un dolor adicional a la situación de Noelia, cuyos derechos fundamentales han permanecido, en palabras de Vallès, secuestrados durante dos años por una batalla que considera meramente "moral".

Ante la experiencia de este caso, DMD propone una reforma de la legislación vigente para acortar los plazos de resolución de las peticiones de eutanasia. El objetivo primordial sería evitar que personas ajenas al proceso o "terceros" estén legitimados para interponer obstáculos legales que prolonguen el padecimiento de quienes, como Noelia, han decidido de forma consciente poner fin a su vida.

Finalmente, Vallès ha cuestionado quién obtiene un beneficio real al dar vueltas al único caso que ha presentado problemas en su ejecución. En su opinión, ni la paciente, ni el equipo médico, ni la propia seguridad jurídica de la ley salen favorecidos, concluyendo que solo Abogados Cristianos saca provecho de una situación que ha privado a una persona de su derecho a una muerte digna durante demasiado tiempo.