La madre de Gabriel Cruz estalla contra los perfiles que usan la imagen de su hijo junto a su asesina: "Saben que su nombre vende"

Patricia Ramírez, madre de Gabriel Cruz, el niño de ocho años asesinado en Almería en 2018 por Ana Julia Quezada, ha exigido en sus redes sociales respeto y el cese inmediato de la revictimización que padecen tanto ella como su entorno. A través de un texto y varios vídeos difundidos en su perfil de Instagram, Ramírez ha denunciado la proliferación de cuentas anónimas que utilizan de forma sistemática el nombre y el rostro de su hijo junto a la imagen de su asesina con el único objetivo de lucrarse o ganar visualizaciones.

La madre del pequeño ha relatado la profunda angustia que le genera toparse de manera recurrente en las plataformas digitales con recuerdos íntimos instrumentalizados para alimentar contenidos morbosos sobre el crimen. "Esta foto la he tenido que ver hoy; es la que está en el salón de mi casa, rodeada de girasoles", ha lamentado, recordando el simbolismo de esta flor como emblema de "la buena gente". Visiblemente afectada, Ramírez ha cuestionado la falta de sensibilidad pública ante este tipo de publicaciones: "A los que nos repugna las tripas seguir viendo esa foto junto a su asesina al lado, ¿qué parte no se entiende en España de esto?". Según ha revelado, solo en la mañana de este lunes ha tenido que tramitar denuncias contra cinco vídeos distintos.

El negocio del morbo disfrazado de criminología

Ramírez ha señalado directamente a quienes operan desde el anonimato o actúan como "voceros del crimen", advirtiendo de que recurren a la figura del menor porque saben que "la palabra Gabriel vende". En este sentido, ha lanzado una dura crítica contra aquellos creadores de contenido que intentan justificar la exposición de imágenes de su hijo amparándose en una supuesta divulgación técnica. "No me habléis de criminología. Cualquier experto en criminología, psicólogo o persona de sentido común que se precie no utiliza la foto de un menor en vano y tiene en cuenta a las víctimas", ha aseverado.

Asimismo, ha querido dejar claro que su familia nunca ha acudido de forma voluntaria a los platós ni ha concedido testimonios públicos salvo ante situaciones extremas vinculadas a la ejecución de la condena: "Nadie tiene derecho a seguir contando, recontando y malcontando lo que le pasó. Basta ya".

Pasividad de las instituciones

Ramírez ha desgranado los fundamentos jurídicos que respaldan la retirada de estos materiales y ha facilitado a sus seguidores las vías para reportar este contenido ilegal. Ha recordado que la difusión de estas imágenes vulnera la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor –que exige el consentimiento explícito de los tutores legales–, la normativa de protección de la infancia de Andalucía, el marco europeo sobre los derechos de las víctimas de delitos violentos y los derechos constitucionales al honor, la intimidad y la propia memoria.

Pese a ese paraguas legal, la madre de Gabriel ha cargado contra la desprotección y la pasividad de los poderes públicos, a los que acusa de dejar a las familias afectadas a la intemperie tras anuncios legislativos inconclusos. "Las víctimas tenemos derecho a decidir si queremos estar o no", ha reivindicado en alusión a reformas pendientes en materia de protección al honor.

Ramírez ha agradecido la movilización de los usuarios anónimos que colaboran activamente denunciando estas cuentas en las plataformas digitales y ha apelado a la empatía colectiva: "¿Qué pasaría si fuera vuestro hijo?". "Os pido por favor que si alguien quiere hacer algo de mi hijo, por las mismas redes que pida permiso. Que ya está bien", ha concluido.

Gabriel Cruz desapareció el 27 de febrero de 2018 en Las Hortichuelas (Níjar, Almería) tras salir de casa de su abuela rumbo a la de unos primos. Durante un operativo masivo de doce días, Ana Julia Quezada, entonces pareja sentimental del padre del menor, fingió colaborar activamente con la familia. El 11 de marzo, la Guardia Civil la detuvo en Vícar tras sorprenderla transportando en el maletero de su coche el cadáver del niño de ocho años, a quien había asfixiado en una finca familiar de Rodalquilar el mismo día de su desaparición. La Fiscalía y la acusación particular imputaron a Quezada delitos de asesinato con alevosía y contra la integridad moral de los progenitores; en septiembre de 2019, la Audiencia Provincial de Almería la condenó a prisión permanente revisable –sentencia ratificada íntegramente por el Tribunal Supremo en diciembre de 2020–, convirtiéndose en la primera mujer castigada con la pena máxima del Código Penal español.