El boicot que ha sufrido La Vuelta por la participación del equipo ciclista Israel-Premier Tech culminó el pasado domingo de la peor manera. La suspensión de la última etapa por las protestas de manifestantes a favor de la causa palestina no solo ha perjudicado los intereses de la organización y el espectáculo deportivo, sino que ha propiciado la penúltima trifulca política a cuenta de lo que sucede en Gaza. Varios miembros del Gobierno, con su presidente a la cabeza, justificaron y jalearon el activismo que acabó abruptamente con la carrera, reprochando de paso al PP su ambigüedad respecto a los crímenes cometidos por Israel. Un valioso filón comunicativo que pocas horas después de los incidentes en Madrid, con la polémica de La Vuelta todavía coleando, encuentra continuidad en otro vistoso escaparate: la participación de Israel en el Festival de Eurovisión.

La mañana del lunes se filtraba a través de La Sexta que el Consejo de RTVE propondrá en su reunión de este martes la retirada de España del Festival de Eurovisión si Israel finalmente participa en la próxima edición del concurso. Pocas horas después lo confirmaba el presidente de la Corporación, José Pablo López. La decisión saldrá previsiblemente adelante gracias a la mayoría de consejeros, 11 de 15, designados por los grupos que apoyaron la última investidura de Pedro Sánchez: PSOE, Sumar, Podemos, PNV, ERC y Junts. Una gesto relevante desde el punto de vista simbólico, dado que España es uno de los llamados Big Five –los principales contribuyentes de la UER–. Pero, desde luego, no tanto como romper relaciones diplomáticas con Tel Aviv, la única medida decente si se cree, como ha asegurado Pedro Sánchez, que Israel es un Estado culpable de genocidio.

El bochorno de Basilea

Lo cierto es que la iniciativa del Consejo de RTVE se inscribe en un clamor creciente entre algunos miembros de la Unión Europea de Radiodifusión (UER), la asociación de entes públicos que organiza el festival de Eurovisión. La misma UER que expulsó a Rusia del certamen al día siguiente de la invasión de Ucrania no ha sido capaz de tomar una medida equivalente hacia Israel desde 2024, cuando las denuncias por crímenes de guerra y lesa humanidad en Gaza comenzaron a documentarse. Pero en las últimas semanas la presión internacional se ha vuelto insoslayable.

Un primer punto de inflexión tuvo lugar en julio, durante la asamblea de la UER en Londres. Sus miembros llegaban allí pocas semanas después del esperpento de la última edición del festival en Basilea, donde la representante israelí, Yuvar Raphael, se alzaba con el segundo puesto gracias al sospechoso televoto entre las protestas de buena parte de los eurofans. Raphael, superviviente a los ataques de Hamás del 7 de octubre, afrontó un ambiente extremadamente hostil, con la organización reprimiendo la presencia de cualquier bandera que no fuera de un país participante, incluso la de la Unión Europea. Era su manera a cañonazos de evitar que ondeara una sola enseña palestina en el St. Jakobshalle de Basilea.

Mes y medio después del Festival, en la reunión de la UER en Londres, se discutió abiertamente sobre el asunto Israel durante más de una hora, con Islandia y Eslovenia al frente de los partidarios de la exclusión y Alemania, Austria o Suiza entre sus apoyos explícitos a su continuidad. La BBC, anfitriona de la reunión, defendió aplazar la votación a la espera de que una solución cayera del cielo o un alto el fuego les librara de tomar una decisión. La emisora israelí, KAN, interpretó ese aplazamiento como una victoria momentánea.

En busca de una solución de compromiso

Pero la guerra siguió, los crímenes se recrudecieron y la presión arreció. Y la UER respondió a comienzos de septiembre con una medida inédita: a la espera de una votación sobre la participación israelí, amplió hasta diciembre el plazo para que los países puedan retirarse del festival sin penalización. Además, designó a un supervisor externo encargado de recabar información y formular recomendaciones. No obstante, todo se aceleró la semana pasada, cuando Países Bajos –donde la cuestión de Gaza provocó a finales de agosto una crisis de Gobierno– anunció que boicotearía el festival si Israel estaba en la lista de participantes. Se convierte así en el tercer país en pronunciarse en esos términos, tras Irlanda y Eslovenia. Su postura amenaza con arrastrar a otros socios críticos, como Suecia, Islandia o Bélgica. Y ahora a España.

Hace dos días, a través del medio israelí Ynet, trascendían las propuestas extraoficiales que circulan en el seno de la UER para intentar reconducir la situación: la posibilidad de que Israel se retire voluntariamente durante un año o de que participe sin bandera nacional, bajo las siglas de su radiodifusora pública. Incluso se llegó a sugerir que la KAN emitiera una declaración política de distanciamiento respecto al Gobierno, una opción que en Israel se considera inviable. La UER, no obstante, ha negado haber planteado oficialmente esas alternativas y remite la decisión a la reunión decisiva prevista en diciembre en Ginebra, donde se votará la continuidad de Israel en el certamen. Pintan bastos para la delegación hebrea. Ni siquiera el patrocinio principal de Moroccanoil, una compañía de productos capilares de origen israelí, parece suficiente para detener el veto a los israelíes.