La banca cierra filas en torno a la labor de los inspectores del Banco de España durante la salida a bolsa de Bankia, en julio de 2011, y culpa de las presuntas irregularidades a la presión que los políticos ejercieron sobre los técnicos, en un momento en el que la OPS (Oferta Pública de Suscripción) fue definida como “una cuestión de Estado” por el Gobierno socialista. En ese momento, Elena Salgado estaba el frente del Ministerio de Economía.

Testigos en primera persona de la actividad que desarrollaron los inspectores durante los meses previos al debut bursátil de Bankia defienden a la cúpula del Banco de España que acaba de ser imputada por la Audiencia Nacional.

La única culpa de los inspectores fue ceder a la presión política, algo difícil de evitar en ese momento”

El organismo ordenó el lunes al juez Fernando Andreu que llame a declarar en calidad de investigados (antigua figura del imputado) al ex gobernador, Miguel Ángel Fernández Ordoñez, y al ex presidente de la CNMV, Julio Segura, como corresponsables de la estafa cometida a los inversores.

Junto a ellos, imputó a Fernando Restoy y Javier Aríztegui, ambos ex subgobernadores del Banco de España; y a Jerónimo Martínez Tello, ex director de supervisión.

También deberán testificar tres ejecutivos que dimitieron el lunes: Mariano Herrera García-Canturri, ex director general de supervisión; Pedro Comín, ex director general adjunto del área; y Pedro González, ex responsable de uno de los equipos actuales de inspección del centro.

Los inspectores no se lucraron. Cometieron errores, pero no justifican una imputación penal”

El ruido generado por estas imputaciones está provocando que en el mundo jurídico se califique el caso como “populismo judicial”. Mientras, en el sector financiero señalan como principales responsables de la crisis de Bankia a los políticos. Se empieza a ver a los inspectores como víctimas colaterales, y, de paso, se desvía el foco de Rodrigo Rato, ex presidente de Bankia.

Un alto ejecutivo que en el momento de la salida a Bankia formaba parte de la plantilla del Banco de España cuestiona que se haya imputado a profesionales con responsabilidad muy limitada dentro del organigrama del supervisor, como Pedro Comín y Pedro González.

Política y supervisión no casan bien. Y en las fusiones de cajas y salida a bolsa de Bankia se mezclaron”

“Se dejaron la piel y la salud durante esos años, no se lucraron y una cosa es cometer errores y otra que se les impute penalmente. Somos el único país en el que se ha encausado a los reguladores por la vía penal”, señala el ejecutivo.

La misma fuente recuerda que la imputación se basa en los correos electrónicos redactados por el inspector José Antonio Casaus, en los que advertía a sus superiores de que la salida a bolsa de Bankia era un error y en los que criticaba la actuación de los gestores de esta entidad que entonces presidía Rodrigo Rato. “Cuando se enviaron esos correos, Mariano Herrera estaba en el Frob y Restoy, en la CNMV, por lo que no pudieron recibirlos”, argumenta. “No hay indicios concretos, sino generalizados”, añade.

Sin embargo, sí critica que la institución se olvidase de que “el correo electrónico es un papel oficial y no se ha de confundir con un café entre amigos. El propio Casaus confundía BFA con BFA-Bankia. Y es un tanto pueril que Casaus recomendase vender a un banco extranjero la entidad, cuando llevábamos cuatro años intentándolo”.

El primer espada de un banco español, al que se le animó a apoyar la salida a bolsa de Bankia, considera que la “única culpa que se le puede atribuir a los inspectores fue ceder a la presión política, algo a lo que, probablemente, era muy difícil resistirse en ese momento”.

Explica que “cuando se mezcla la política con el regulador, las cosas no funcionan. Y parece claro que hubo directrices por parte de Gobierno para que desde el Banco de España nos conminasen a arrimar el hombro, aludiendo al patriotismo, y comprásemos acciones de Bankia”.

Añade que “la presión para el regulador fue aún mayor cuando se gestaron las fusiones entre cajas de ahorros, gestionadas por políticos, ante la injerencia de los gobiernos regionales de todos los colores”.

Ordónez defiende la independencia

Miguel Ángel Ferández Ordóñez, en su comparecencia para presentar el informe anual de 2011, puso el acento en la necesidad de independencia y reconoció posibles fallos en la actuación del Banco de España.

“Contar con instituciones reguladoras y supervisoras independientes no garantiza en absoluto que éstas no se equivoquen. Pero con ellas se consigue que las decisiones no estén teñidas de motivaciones políticas coyunturales. Yo no puedo decir que el Banco de España, en su tarea de supervisión, no haya podido equivocarse en ocasiones, pero sí puedo asegurar que las decisiones del Banco de España han estado siempre basadas en criterios exclusivamente profesionales”, afirmó.