Prevenir es invertir: la clave para que el monte arda menos

En las últimas décadas, España ha experimentado un cambio drástico en el comportamiento de los incendios forestales. El aumento de episodios extremos, rápidos e incontrolables —agravados por el cambio climático, el abandono rural y la acumulación de combustible en los montes— ha puesto en cuestión el modelo de lucha contra los incendios forestales vigente.

A nivel nacional, la inversión total para la lucha contra incendios —sumando extinción y prevención, e incluyendo tanto al Gobierno central como a las comunidades autónomas— asciende a unos 1.000 – 1.vale100 millones de euros anuales. De este presupuesto, entre el 60 y el 70 % se destina a extinción y apenas entre el 30 y el 40 % a prevención. España es, de hecho, uno de los países que más invierte en extinción por hectárea a nivel mundial. Sin embargo, existen grandes diferencias entre comunidades autónomas, tanto en el reparto de la inversión como en el contenido, la ambición, la frecuencia de actualización y el nivel de implementación real de sus planes preventivos. A ello se suma una falta generalizada de transparencia en la gestión de estos recursos.

Un modelo centrado en apagar, no en prevenir

La política dominante se basa en reforzar cada año los medios para apagar incendios: más aeronaves, brigadas, maquinaria pesada y bases para medios aéreos. Sin embargo, cuando el fuego alcanza intensidades extremas, como sucede en los Grandes Incendios Forestales (GIF) —aquellos que superan las 500 hectáreas— estos recursos se muestran insuficientes. La proporción de GIF respecto al total de siniestros no ha parado de crecer: entre 2014 y 2023 se ha incrementado un 31 % respecto a la década anterior. Aunque apenas suponen un 0,26 % de los siniestros, concentran los mayores impactos ambientales y sociales.

El cambio de paradigma requiere presupuestos estables, coordinación entre administraciones y un marco normativo que obligue a planificar y ejecutar medidas preventivas

A pesar de que defendemos un operativo de extinción cualificado y profesionalizado, la balanza sigue claramente inclinada hacia la extinción, cuando una política reforzada de prevención no solo ahorraría recursos a medio y largo plazo, sino que protegería mejor el territorio y la población. De hecho, cada euro invertido en prevención puede suponer un ahorro de hasta 100 euros en extinción y en pérdidas asociadas.

La prevención: mucho más que cortafuegos

Cuando analizamos las partidas de prevención dentro de los presupuestos actuales, observamos que la gran mayoría se destina a infraestructuras de apoyo a la extinción —como mantenimiento de caminos, cortafuegos o puntos de agua— que, si bien son necesarias, no pueden considerarse por sí solas como medidas preventivas reales. Los tratamientos selvícolas, una de las pocas acciones estrictamente preventivas, requieren reinversiones periódicas cada pocos años, convirtiéndose en auténticos “sacos sin fondo” si no se acompañan de estrategias que transformen el paisaje a largo plazo.

La verdadera prevención debe ir más allá: implica promover paisajes resistentes al fuego mediante prácticas agrosilvopastorales innovadoras, diversificar la estructura del territorio y reducir la continuidad del combustible. Esto exige priorizar la inversión en Zonas de Alto Riesgo (ZARI) para lograr la mayor eficacia posible. No en vano, el Tribunal Europeo de Cuentas ha concluido recientemente que la inversión en prevención en los Estados miembros no está siendo efectiva por la ausencia de priorización y criterios claros.

Gestionar el paisaje: la mejor defensa

Debemos pensar en el paisaje que queremos dentro de 30 años y antes del fuego, en cómo evitar que arda con tanta fuerza. Eso significa rediseñar el territorio, recuperar los usos que lo mantienen vivo y poner a la población local en el centro de la solución. Las actividades agroganaderas contribuyen a mantener abiertos espacios que actúan como cortafuegos naturales, reducen la vegetación inflamable y crean paisajes en mosaico menos propensos a la propagación del fuego.

La comunidad de expertos en incendios, a través de la Declaración Pau Costa —de la que WWF forma parte—, acordó que sería necesario invertir al menos 1.000 millones de euros anuales en prevención para alcanzar una gestión realmente eficaz del riesgo.

Restaurar para prevenir

La restauración ecológica —recuperar bosques degradados, reintroducir especies vegetales autóctonas y diversificar la estructura forestal— aumenta la resiliencia del territorio. Un ecosistema sano arde con menor intensidad y se recupera más rápido. Integrar la restauración en la prevención supone dejar de verla como una tarea poscatástrofe y entenderla como una inversión estratégica para reducir el riesgo.

Prevenir es invertir: la clave para que el monte arda menos

El cambio de paradigma requiere presupuestos estables, coordinación entre administraciones y un marco normativo que obligue a planificar y ejecutar medidas preventivas. En resumen, la verdadera “extinción” de los grandes incendios comienza mucho antes de la primera chispa: invirtiendo en que el monte arda menos y destinando el dinero público hacia la prevención integral, priorizada y eficaz.

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Diana Colomina, es responsable del programa de Bosques de WWF España.