Bolaños arranca el año con sus proyectos estrella en riesgo y una veintena de iniciativas bloqueadas en el Congreso

El próximo 9 de enero arranca de nuevo la actividad parlamentaria. El Congreso de los Diputados abre de nuevo sus puertas tras las vacaciones de Navidad y las diferentes comisiones de la Cámara Baja empiezan a rodar de nuevo.

En medio de lo que parecería una actividad normal del Parlamento nos encontramos con un importante problema de fondo: la imposibilidad del Gobierno de sacar adelante ninguna iniciativa parlamentaria. Entre las principales proposiciones de ley que los de Pedro Sánchez no logran desbloquear en el Congreso destacan los dos proyectos estrella de Félix Bolaños.

El ministro de Justicia sigue sin conseguir los apoyos necesarios para sacar adelante la reforma de acceso a la carrera judicial y fiscal ni el proyecto de ley con el que se pretende trasladar la instrucción de las causas penales a los fiscales. La posición marcada por los de Puigdemont ha puesto muy difícil las cosas al Gobierno. Además, la imposibilidad de Bolaños para llegar a un acuerdo respecto a sus dos proyectos estrella también ha paralizado la tramitación de alrededor de una veintena de iniciativas parlamentarias.

Lo que en un inicio parecía que sería una tramitación parlamentaria 'exprés' con la que Moncloa lograría sacar adelante la reforma de acceso a la carrera judicial y fiscal, ahora se ha convertido en un proyecto encallado como tantos otros que esperan su turno en la Comisión de Justicia. El empeño personal del ministro de Justicia por esta proposición de ley, tan criticada entre los miembros de la judicatura y el Ministerio Público, provocó que el PSOE priorizara su tramitación por delante de otras iniciativas impulsadas, incluso, por sus socios de Gobierno.

Más de medio año después de que la proposición de ley llegase a la comisión presidida por el socialista Joaquín Martínez, no hay visos de que Junts haya cambiado de postura respecto a esta reforma u otras iniciativas impulsadas por los de Pedro Sánchez. Sobre esta reforma ampliamente criticada por la carrera judicial y fiscal, los de Puigdemont han defendido en varias ocasiones que no creen en el fondo de la reforma ya que entienden que la "regeneración democrática" que plantea esta norma no es una remodelación real, sino que responde, una vez más, al intento de uno de los partidos tradicionales de moldear a su antojo el sistema judicial.

Bolaños también tiene en la recámara la reforma con la que se pretende trasladar la instrucción de las causas penales a los fiscales. El pasado 28 de octubre el Consejo de Ministros daba luz verde al anteproyecto de ley con el que se pretende reformar la Ley de Enjuiciamiento Criminal y el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.

Desde las principales asociaciones fiscales critican que la reforma que llevan años esperando desde el Ministerio Público no acoja la opción de destituir al fiscal general cuando este sea imputado por el Tribunal Supremo. Sostienen que la reforma del Estatuto es una operación de mero maquillaje, y que mientras no se garantice una independencia presupuestaria y jerárquica, trasladar la instrucción a los fiscales no será una buena opción.

Pese a la negativa de Junts a dar al Gobierno los apoyos necesarios, Bolaños presentó el anteproyecto el pasado 11 de noviembre en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados. Tan sólo una semana después de que la formación independentista anunciara el "bloqueo" de la legislatura de Sánchez y registrara enmiendas a la totalidad de todas las leyes, el ministro de Justicia presentó su nuevo proyecto ante una comisión en la que ya no cuenta con una mayoría.

Durante estos dos últimos años, desde que Sánchez fuera investido como presidente gracias a los votos de Junts, los socialistas han tenido que hacer auténticos malabares para sacar adelante en la Comisión de Justicia sus reformas legislativas. El primer gran reto llegó con la tramitación de la ley de amnistía, tras meses de negociaciones, los partidos que conforman el Gobierno de coalición tuvieron que hacer importantes concesiones a Junts y ERC.

Precisamente, la falta de aplicación de la norma, a la espera de la resolución del Tribunal Constitucional, ha sido lo que ha llevado -entre otras cosas- a los de Junts a romper puentes con el Gobierno.

Otras iniciativas parlamentarias

Además de los proyectos estrella de Bolaños, en la Comisión de Justicia del Congreso permanecen olvidadas proposiciones de ley como la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para establecer un procedimiento judicial civil y garantizar la protección de los menores en caso de duda sobre su edad o la proposición de ley con la que se pretende introducir penas de prisión para aquellos que cometan hurtos o estafas repetidos, incluso si el valor de lo sustraído o estafado no supera los 400 euros.

En la recámara también esperan iniciativas impulsadas por sus socios de Gobierno. Sumar presentó al inicio de la legislatura una proposición de ley con la que pretende despenalizar las injurias a la Corona y el enaltecimiento del terrorismo, no obstante, la propuesta se ha enquistado en la Comisión de Justicia, por lo que los de Yolanda Díaz ya buscan alternativa para sacar adelante esta reforma. La estrategia podría ser mediante la presentación de enmiendas a la conocida como 'ley Bolaños', colar por la puerta de atrás esta reivindicación histórica del grupo en la reforma de acceso a la carrera que permanece al inicio de la lista de tareas del Ejecutivo.

Pese al bloqueo de casi una veintena de iniciativas parlamentarias, el próximo 10 de enero, la Comisión de Justicia decidirá sobre la emisión del dictamen del informe elaborado por la ponencia sobre la proposición del Ley Orgánica en materia de multirreincidencia, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995. Este proyecto cuenta con el visto bueno de los independentistas y del Partido Popular.

Sea como fuere, parece que los esfuerzos de Bolaños y el resto del Gobierno no servirán de mucho para desbloquear el resto de iniciativas. Un ejemplo claro de ello es la reforma de acceso a la carrera, que permanece bloqueada en la Comisión de Justicia desde el pasado mes de junio. El futuro de los dos grandes proyectos de Justicia depende del sí de los de Puigdemont.