El presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, alertó este jueves de que la deslegitimación de la labor del propio Tribunal Constitucional marca el inicio de un "proceso de destrucción del Estado de derecho", durante la presentación del libro Sobre el imperio de la Ley, del abogado y académico Javier Cremades. En el acto, que fue moderado por la periodista María Rey, también intervinieron el presidente del Consejo General de la Abogacía Española, Salvador González; el presidente del Tribunal Constitucional Federal de Alemania, Stephan Harbarth; el magistrado emérito Manuel Aragón, y el propio autor.

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En su intervención, Conde-Pumpido subrayó que la Constitución de 1978 vincula de forma inseparable la democracia con el Estado de derecho y este, a su vez, con el imperio de la ley como "expresión de la voluntad popular", una formulación que calificó como una de las más bellas del texto constitucional y que, a su juicio, constituye el núcleo del sistema democrático.

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El presidente del órgano de garantías defendió que el libro de Cremades acierta al situar el debate en el centro del problema, al evitar una apelación genérica al Estado de derecho y centrarse en el imperio de la ley, y recordó que la Constitución establece un marco común y obligatorio para todos los poderes públicos, sin excepciones.

En ese contexto, insistió en que ni el poder legislativo ni el ejecutivo pueden interferir en el judicial, del mismo modo que éste tampoco puede invadir las competencias de aquellos, y destacó el artículo 117 de la Constitución como la garantía que asegura la independencia de jueces y tribunales.

Conde-Pumpido se refirió también al procés catalán, donde se produjo una "manifestación expresa de deslegitimación" del Constitucional, frente a la cual el propio tribunal respondió anulando instrumentos legislativos aprobados con una "patente inconstitucionalidad" mediante el uso de los mecanismos jurídicos de los que dispone.

En ese sentido, advirtió de que resulta especialmente peligroso que se cuestione la legitimidad del Tribunal Constitucional por parte de quienes no comparten sus resoluciones y optan por "eludir su doctrina", ya que es precisamente a partir de esa deslegitimación cuando "se inicia el proceso de destrucción del Estado de derecho".

A su juicio, el deterioro del sistema democrático no suele comenzar por la acción de enemigos externos, sino desde el interior de las propias instituciones, y consideró que la deslegitimación institucional constituye "el primer paso" de un proceso de destrucción interna del Estado de derecho.

En la misma línea se expresó el magistrado emérito del Tribunal Constitucional Manuel Aragón, quien advirtió de que, si se abandona el imperio de la ley y "se incumple la Constitución y las leyes o se interpretan torcidamente en beneficio del poder", quedan desprotegidas las libertades ciudadanas, la seguridad jurídica y la igualdad ante la ley.

Aragón sostuvo que, cuando no se ponen límites efectivos a los poderes públicos, lo que sustituye al Estado de derecho es el autoritarismo, y recordó que las democracias constitucionales contemporáneas no suelen sucumbir mediante golpes de Estado, sino a través del "deterioro interno de sus instituciones".

Durante el coloquio posterior a la presentación, Conde-Pumpido amplió esta preocupación al contexto internacional y citó a Albert Camus para advertir de que "la ignorancia, la estupidez y el fanatismo pueden combatirse por separado, pero no cuando se juntan", antes de alertar del paso de cuestionar la ley a la invasión física de las instituciones.

Asimismo, subrayó que "no es lo mismo cuestionar una ley que invadir el Capitolio", en referencia a los asaltos a las sedes de los poderes del Estado en Estados Unidos y Brasil, y explicó que esta deriva ha sido objeto de debate entre tribunales constitucionales de distintos países.

Conde-Pumpido recordó además que magistrados de instancias internacionales están siendo objeto de presiones y acosos, incluyendo restricciones de visado, y advirtió de que el proyecto de construir un Estado de derecho a escala global atraviesa un momento de "retroceso".

Por su parte, Aragón consideró que, aunque la situación actual no puede calificarse de "trágica", sí constituye un momento de riesgo que exige una respuesta activa desde las instituciones, la política, la justicia y el debate público, y subrayó que el Estado de derecho no se sostiene únicamente sobre normas, sino sobre un sustrato social basado en la concordia.

Ambos coincidieron en señalar que la polarización política, que a su juicio se origina en las élites y se transmite al conjunto de la sociedad, erosiona los consensos necesarios para preservar una democracia constitucional sólida, una advertencia que conecta con el mensaje central del libro presentado por Cremades como llamamiento a la defensa colectiva del imperio de la ley.

En ningún punto de la presentación se mencionó la controvertida Ley de Amnistía, que borra todos los delitos relacionados con el procés. Conde-Pumpido dio su visto bueno a la norma, mientras que Aragón, que salió del Constitucional en 2013, mostró su rechazo a la constitucionalidad de la misma cuando el Gobierno anunció su intención de tramitarla.