Las decisiones políticas y la economía real caminan en ocasiones por caminos separados. Algo así ocurrirá en el caso de los objetivos de déficit público de las comunidades autónomas y la evolución real de este saldo, según anticipa la Autoridad Independencia de Responsabilidad Fiscal (AIReF) en su informe de seguimiento de la Ejecución Prespuestaria correspondiente al tercer trimestre.

En el plano político, el Ministerio de Hacienda y el PSOE alcanzaron un acuerdo la pasada semana para suavizar las exigencias de ajuste para las comunidades autónomas entre 2017 y 2019 aprovechando el mayor margen otorgado a España por la UE para cumplir con la senda de consolidación fiscal en ese mismo periodo.  Los socialistas ganaban tiempo para las comunidades autónomas en las que gobiernan, y a cambio el Ejecutivo allanaba el camino hacia un acuerdo parlamentario para aprobar los Presupuestos de 2017.

Este acuerdo fue ratificado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) del pasado jueves, de modo que el objetivo de déficit para este año se elevó del 0,3% al 0,7% del PIB y, para el año que viene, del 0,1% al 0,6% del PIB. Ahora bien, la negociación se centró fundamentalmente en el objetivo de déficit del 2017, ya que el Gobierno apostaba por fijarlo en el 0,5%, mientras que el PSOE difería y quería que se mantuviera en 0,7% para dar un año de respiro a las comunidades autónomas.

La corrección para 2017 será tres veces mayor

Al final, los gobiernos autonómicos tendrán que hacer, sobre el papel, un esfuerzo de reducción del déficit de una sola décima entre 2016 y 2017, la que dista entre un déficit del 0,7% y el 0,6% del PIB. Pero bajando a los resultados, esto no será así y el margen ganado en el acuerdo político se perderá por una previsible desviación respecto del objetivo en 2016.

Según el informe de AIReF, las comunidades autónomas finalizarán el año muy probablemente con un déficit público del 0,9% del PIB, dos décimas por encima del comprometido, el equivalente a algo más de 2.000 millones de euros. Esta desviación no pone en peligro el cumplimiento del déficit del conjunto de las administraciones. AIReF maneja un escenario central del 4,4% del PIB frente al 4,6% acordado con Bruselas, lo que certifica un cumplimiento que la mayoría de los servicios de estudios dan por descontado.

Sin embargo, con esta referencias, las comunidades autónomas ya no tendrán que reducir el déficit en 2017 en una décimas –unos 1.000 millones de euros–, sino en tres, del 0,9% hasta el 0,6%, con lo que la factura ascenderá hasta los más de 3.000 millones de euros.

Previsiblemente no será la última desviación

La proyección de AIReF sorprende si se tiene en cuenta que el déficit de las comunidades autónomas hasta el mes de octubre se situó en el 0,19% del PIB. Sin embargo, este desequilibrio suele incrementarse significativamente en el último trimestre del año porque es entonces cuando tienen lugar, por ejemplo, el reconocimiento de gran parte de las inversiones. Así, siempre es de esperar un repunte de este saldo al cierre del año.

Sin embargo, el Ministerio de Hacienda ha sostenido a lo largo del año que esta corrección se debe en gran parte a que las comunidades autónomas obtuvieron en julio 7.666 millones de euros ‘extra’ por la liquidación definitiva del ejercicio 2014, con lo que, aún con ese efecto contable, no cabría una desviación de hasta casi un punto porcentual del PIB. Ahora bien, con más ingresos, también ha habido más gasto.

AIReF concreta que se ha producido un empeoramiento de los ingresos procedentes de los UE entre las comunidades. Esta circunstancia ha golpeado especialmente a comunidades autónomas como Andalucía o Extremadura. Pero recalca que también se ha dado una menor contención del gasto.

El órgano que dirige José Luis Escrivá lleva mucho tiempo denunciando que la regla de gasto de las administraciones públicas, incluida en le Ley de Estabilidad Presupuestaria, apenas tiene utilidad con su actual formulación. De acuerdo con esta regla, las administraciones públicas, excepto la Seguridad Social, no pueden incrementar anualmente sus desembolsos por encima del crecimiento potencial de la economía, que para este año se sitúa en el 1,8%.

Sin embargo, el primero que se salta esta regla es el Estado acuciado por la necesidad de cubrir el agujero producido por los menores ingresos derivados de la reforma fiscal desde 2015. Aguas abajo, las comunidades autónomas tampoco cumplen esta norma en todos los casos.

Pero incluso cumpliendola, AIReF ha criticado que, en su aplicación, la regla de gasto parte para calcular el incremento del gasto permitido de cada año del exceso presupuestario del año previo una vez consolidado, con lo que las desviaciones se acumulan año a año.

Un ejemplo de ello es Cataluña. Esta comunidad autónoma sumó en sus cuentas un gasto equivalente al 0,8% del PIB en 2015 procedente de una regularización de inversiones (APPs) que no habían sido computadas con anterioridad. Así, en el ejercicio 2015 arrojó un crecimiento del gasto computable del 8,3%, frente a una tasa de referencia del 1,3%, excediendo en 1.872 millones, un 0,9% del PIB, el máximo permitido por la regla. Este gasto adicional, por ejemplo, ha permanecido asimilado a las cuentas desde entonces.

Con todo, el grado de disciplina fiscal difiere de unas comunidades a otras. AIReF estima muy probable incumplimientos del déficit de 2016 en Canarias, Navarra, La Rioja, Galicia y Baleares. En el lado opuesto coloca a Extremadura, Murcia, Cantabria, Comunidad Valenciana, Aragón, Cataluña, Castilla-La Mancha y Castilla y León.

De esta forma, el pronóstico ha empeorado para Andalucía, Madrid y Castilla y León, respecto al segundo trimestre. Es el peso del PIB en estos territorios los que hacen que, casi por si solos, se explique la desviación del déficit agregado hasta el 0,9%.

Hacienda se plante modificar la regla de gasto

Esta situación no es nueva para el Ministerio de Hacienda, que ha anunciado ya que en 2017 procederá a revisar las reglas de gasto para las comunidades autónomas y los ayuntamientos, para los que esta norma limita significativamente su capacidad de gasto pese a contar con superávit.

Los territorios esperan que esta revisión les permita ampliar sus márgenes de gasto. No obstante, el Gobierno cuenta con que AIReF también participe en este proceso y es de esperar que su lectura sea más restrictiva. Todo dependerá también de la orientación que marque la UE respecto a la regla de gasto en el entorno europeo.

En lo que se refiere al resto de las administraciones, la suavización de la senda de reducción del déficit público permitirá a la Seguridad Social cumplir con el objetivo de déficit en 2016, con un 1,6% del PIB, frente al 1,7% que se le exige. Además, los ayuntamientos alcanzarán un nuevo superávit del 0,4%, por encima del equilibrio previsto. Finalmente, el Estado central se desviará una décima, hasta el 2,3% del PIB, y eso gracias a los importantes ingresos obtenidos en el último trimestre por el incremento de los anticipos del Impuesto de Sociedades.