El plan se retrasa, pero se hace más grande. El anterior Gobierno, en el que la política energética estaba comandada por Alberto Nadal como secretario de Estado del ramo, pretendía lanzar una subasta de renovables antes de fin de año para promover nuevas instalaciones verdes con una potencia de 1.000 megavatios (MW).
El Ejecutivo actual, con el otro Nadal –Álvaro, hermano gemelo de Alberto- al frente del nuevo Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, retoma ese proyecto. Y lo hace marcándose un plazo temporal más laxo, sin prisas, porque la subasta se celebrará en algún momento de la primera mitad de 2017, pero también haciendo más ambiciosos los objetivos de potencia, elevando la puja hasta los 3.000 MW.
Así lo ha anunciado hoy el ministro Álvaro Nadal en su primera comparecencia en la Comisión de Industria, Energía y Turismo del Congreso de los Diputados. El nuevo ministro ha confirmado que la subasta se realizará bajo el principio de neutralidad tecnológica, esto es, que no se reservarán cupos para uno u otros tipos de energía (eólica, solar, biomasa…), sino que todas competirán en igualdad de condiciones.
Y también ha subrayado que los ganadores de la nueva potencia se decidirán en función de los proyectos que presenten menores costes. Ganarán, los más baratos. En paralelo, Nadal ha subrayado que se establecerán en las bases de la subasta cláusulas con garantías para asegurar que los adjudicatarios ejecutarán de manera obligada los proyectos.
“La nueva subasta se hará con criterios competitivos y se busca que la nueva potencia sea para las energías más competitivas”, ha dicho Nadal. “La neutralidad tecnológica es justa. Ganará quien pueda hacerlo mejor y a menor coste, sin prejuzgar la tecnología que lo hace”.
El anterior Gobierno ya realizó una subasta el pasado enero, la primera tras varios años de moratoria. Entonces la puja se limitó a 700 MW, y se establecieron cupos para la eólica (500 MW) y para biomasa (200 MW). Esa subasta terminó con polémica, porque gran parte de la potencia se la adjudicó el grupo Forestalia, que ofreció realizar los proyectos sin subvención pública alguna y dejó fuera del concurso a las grandes eléctricas nacionales.
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