Bruselas multa a Facebook con 110 millones por mentir tras la compra de Whatsapp

La Comisión Europea ha multado a Facebook con 110 millones de euros por facilitar "información incorrecta" durante la operación de compra de Whatsapp, que se llevó a cabo a finales del año 2014. La cantidad que la red social tendrá que pagar corresponde al 1% de la facturación total conjunta de ambas compañías.

Las autoridades continentales afirman que esta decisión llega por la "intencional o negligente" decisión de facilitar "información errónea a la Comisión Europea", a la vez que aseguran que Facebook ha cometido dos errores, el primero al afirmar en 2014 que no compartiría datos entre usuarios de la red social y los de Whatsapp, y el segundo en su actualización de condiciones de uso de agosto de 2016, en la que no informó correctamente a sus usuarios de esta circunstancia.

Según las investigaciones del regulador europeo está práctica se estaba llevando a cabo desde el año 2014, pese a las negativas de Facebook, y que el gigante estadounidense sabía perfectamente que esa conexión entre las cuentas de los usuarios de ambas aplicaciones era real.

"La decisión manda un mensaje claro a las compañías de que deben cumplir con las exigencias de la Unión Europea cuando hay fusiones, incluyendo la obligación de facilitar información correcta cuando se producen ese tipo de operaciones", ha afirmado la comisaria europea de Competencia, Margrethe Vestager.

El pasado mes de octubre las Autoridades europeas de Protección de Datos instaron por carta al fundador y CEO de Whatsapp, Jan Koum, a modificar las condiciones de uso y la política de privacidad que utiliza el servicio de mensajería instantánea. En esa misiva ya advertían desde Bruselas de que podían "tomar decisiones de forma coordinada".

Apenas un mes después de recibir esta comunicación, Facebook anunciaba su intención de detener esas prácticas, aunque advertía de que sí lo seguirá haciendo para proteger a sus usuarios del spam. Por entonces, la compañía presidida por Mark Zuckerberg explicó que había recibido quejas de las agencias de protección de datos de los 28 países miembros, aunque se mostraba reticente a adquirir compromisos muy específicos.