Empleados públicos en una oficina de la Agencia Tributaria.
La brecha salarial entre empleados públicos y privados sigue acentuándose. La crisis ha situado los sueldos medios de los funcionarios un 54,9% por encima del percibido por los trabajadores privados. Esta diferencia ha aumentado en siete puntos respecto a 2011, un año antes de la última reforma laboral. Por tanto, este desfase se debe sobre todo a los resultados de la aplicación de esa reforma, que se ha realizado exclusivamente en el sector privado aumentando la rotación contractual.
A ello se suman otros efectos: la devaluación salarial y las reducciones permanentes para mantener el empleo; la caída de los sueldos de entrada en el mercado; el aumento de la contratación a tiempo parcial, tanto de trabajadores temporales como de indefinidos (hay casi tres millones y representan casi el 25% de los asalariados); y también a la pérdida de las antigüedades y la supresión de las remuneraciones de los trienios.
Todo ello ha llevado a que, en la actualidad, muchos salarios del sector público, que perciben también los políticos, estén fuera del mercado en España. Es decir, no son competitivos respecto a los que se perciben en el sector privado ni se corresponden a la situación económica de las Administraciones. Según evidencian los datos del INE y de Hacienda, los empleados públicos no solo ganan más, sino que además lo hacen de una forma más segura y estable en el tiempo.
El salario medio bruto anual en el sector público llegó en 2016 a los 31.482 euros, mientras que el de los trabajadores del sector privado se situó 11.152 euros por debajo
Según los datos del INE, elaborados con la información sobre las ganancias a partir de fuentes administrativas oficiales (Tesorería de la Seguridad Social y Agencia Tributaria, básicamente), el salario medio bruto anual en el sector público llegó en 2016 a los 31.482 euros, mientras que el de los trabajadores del sector privado se situó 11.152 euros por debajo. Llegó a los 20.334 euros, tres años después de haberse iniciado la recuperación económica. Lo que demuestra que en las empresas privadas se está produciendo un descenso estructural del gasto de personal mientras sucede lo contrario en el sector público.
Desde 2011, año anterior a la reforma laboral y de la segunda recesión económica, y pese a las congelaciones en varios ejercicios, el sueldo medio público ha aumentado un 6,2% (en 1.843 euros) mientras que el privado sólo ha subido un 1,3% (en 23 euros en seis años). En 2016, con la economía creciendo por encima del 3% por tercer año consecutivo, las remuneraciones de los funcionarios crecieron un 1,4% respecto al año anterior, mientras que los asalariados privados han visto reducir sus remuneraciones un 1,5%. Según estos datos, la remuneración de los Administradores cayó en 2012 (-1,6%) por la congelación y la suspensión de la paga extra, pero subió en todos los demás ejercicios: 4,1% en 2013%; 0,6% en 2014; 1,6 en 2015; y 1,4% en 2016. Por su parte, el salario medio privado creció un 1,1% en 2012; 0% en 2013; 0,5% en 2015 y en 2016 bajó ese -1,5%.
Diferencias entre países
Así, si en 2011 la brecha salarial entre el trabajador público y el privado era de un 47,7%, llegó al 50,4% en 2015 y alcanzó en 2016 a ese récord del 54,9%. Nunca se había producido tanta diferencia. Por ejemplo, en Italia ese desfase entre ambos sueldos es del 20%; en Francia alcanza el 13% respecto al salario medio; y en el Reino Unido los ingresos de los trabajadores públicos son similares a los del sector privado.
Esos 31.482 euros de remuneración pública se encuentran casi un 40% por encima del sueldo medio total en España (22.537 euros), mientras que la de los privados está un 9,8% por debajo. Por ejemplo, en 2011 el salario público era un 34,1% superior al sueldo medio mientras que el privado era un 9,2% inferior. Lo que significa que la mejora económica sigue sin llegar al sector privado mientras que en el público, con un déficit muy superior aún al 3%, se ha abierto la mano desde hace tiempo.
En todo caso, con la información de los datos de las rentas y retenciones de trabajo, a Hacienda le sale que el salario medio en las Administraciones Públicas en 2016 llegó a 34.186 euros (con un alza anual del 1,5%), mientras que la del sector privado alcanzó los 22.724, un 0,8% más respecto al año anterior. En todo caso, la diferencia supera el 50% a favor de los asalariados de las administraciones. Desde que el PP llegó al poder en 2012, y se aplicó la última reforma laboral, los sueldos públicos medios han aumentado un 6,3% mientras que los privados han descendido un 0,5%.
El argumento oficial sobre este desfase salarial es la estructura ocupacional. El INE señala que en las Administraciones Públicas existe un mayor peso porcentual de asalariados con estudios superiores. Pero este argumento es cuestionable a la hora de determinar la remuneración. Según el estudio El empleo público: desafíos para un Estado democrático más eficaz, de la Escuela Superior de Administración y Dirección de Empresas (ESADE), “los trabajadores públicos presentan un bajo índice de cualificación relativa a sus puestos de trabajo que se evidencia cuando se comparan las categorías profesionales con las de los países de nuestro entorno”, sobre todo en los altos cargos.
Por ejemplo, en la Administración Central (ministerios y sus organismos) no se exige titulación alguna para el 70% de los puestos, aunque, paradójicamente, España se caracteriza por tener uno de los porcentajes más elevados de empleados públicos con titulación universitaria. Es decir, “la excesiva formación sobrepasa la tarea exigida”. En todo caso, y según figura en los Presupuestos Generales del estado de 2017, sólo el 17,7% (91.741) de los 516.742 empleados de la Administración Central tiene estudios superiores. Por si fuera poco, ese porcentaje es inferior al 19% de empleados públicos que sólo tienen graduado escolar o similar o un simple certificado de escolaridad. Es decir, hay contratado más personal con estudios bajos que con formación superior.
La verdadera razón de esta brecha salarial entre sueldo público y privado hay que buscarla en el cúmulo de complementos y pluses de que disponen los administradores, que precisamente van desapareciendo entre los salariados privados. El más destacado es el abono de la antigüedad (trienios), ya que el 70% de los empleados públicos llevan más de 10 años en su supuesto frente al 34,9% en los privados. Además, estos pluses se han suprimido o están congelados en el sector privado. Supone un coste anual para el erario público de unos 7.000 millones. Pero, sobre todo, esa diferencia se debe a la práctica inexistencia del empleo a tiempo parcial. Menos de un 7% de los empleados públicos, en algunos ayuntamientos, tiene está modalidad de empleo por horas. Pero, llega a casi el 25% entre los asalariados privados (20% del total de ocupados).
Los mejores sueldos, en las autonomías
Las autonomías, las últimas administraciones en constituirse y las que más han crecido en volumen salarial y en número de empleados, son las que más pagan. En estas elevadas remuneraciones, muy por encima del mercado privado e incluso del público, han puesto su foco los sindicatos. Piden una equiparación salarial al alza para las demás administraciones que podría significar un repunte muy serio de la masa salarial pública. Según los datos del INE, los empleados regionales cobran una media de 33.123 euros al año (casi 2.800 euros brutos al mes).
Se trata de un 4,8% más que de lo que se percibe en la Administración Central (31.606, es decir, 2.634 euros de media mensual); un 7,1% más que lo que cobran los empleados en empresas e instituciones financieras públicas (30.922 euros, 2.577 euros al mes); y un 24,4% más que la remuneración en los ayuntamientos (26.620 euros anuales, es decir, 2.218 euros mensuales).
La media en el sector público es de esos 31.482 euros, es decir, 2.624 euros al mes. Todas estas cifras se sitúan muy por encima del salario medio privado de 20.330 euros, 1.694 euros brutos cada mes. Si se compara esta cifra con el sueldo que satisfacen las CCAA, sale que sus funcionarios perciben un 63% más, casi dos tercios (12.793 euros), que un asalariado del sector privado. Una enorme brecha.
Desde que el INE publica esta estadística, el sueldo se ha incrementando en todos los años. Así, desde 2011, los salarios en la Administración Central han subido un 9,3% (de 2.409 euros al mes a 2.634); un 5% en las CCAA (de 2.631 a 2.760 euros); un 4,8% en los ayuntamientos (de 2.116 a 2.218 euros); y un 9,5% en las empresas públicas (de 2.354 a 2.577 euros al mes).En el último año, el alza ha sido del 1,5% de media. Para ello, la subida ha sido del 1,1% en los ministerios; del 0,8% en las CCAA; del 2,5% en los ayuntamientos; y ha decrecido un 2,8% en las empresas públicas.
Por si fuera poco, y esta es otra de las causas de la diferencia salarial entre los administradores y administrados, la mayor parte de los sueldos públicos están muy encima de la media salarial. Es decir, hay muchas más personas en el entorno público cobrando los sueldos más altos que en el sector privado. Por ejemplo, el 74,6% de estos empleados cobra por encima del salario medio en España. Es decir, tres de cada cuatro funcionarios percibe ingresos superiores a esos 22.537 euros al año (1.878 euros al mes). Mientras tanto, sólo el 31% de los empleados privados están en este segmento.
Los trabajadores públicos perciben un 63% más en comparación con los asalariados del sector privado
Si la comparación se hace en el top salarial, es decir, a partir de ingresos mensuales superiores a los 3.317 euros (casi 40.000 euros de media anual), el resultado es el siguiente: el 21%, uno de cada cinco empleados públicos, cobra esta cantidad mientras que sólo la percibe el 7,3% de los trabajadores privados. Lo que deshace el viejo mito de que en el sector privado se gana más, seguridad laboral aparte. Respecto al salario medio (1.878 euros al mes), la conclusión es que mientras el 25% del sector público gana menos de esa cifra, en el sector privado el porcentaje llega al 69%.
Si estos datos se analizan en los tramos salariales más bajos, sale que el 23,7% de los empleados privados, casi uno de cada cuatro, gana menos de mil euros al mes. Sin embargo, sólo ocurre esto para el 5,3% de los funcionarios, uno de cada 20. Además, mientras el 12% de los asalariados privados gana menos de 700 euros brutos al mes, en el sector público la cifra es del 2%, 10 puntos menos.
En todo caso, para evitar dudas sobre el aumento de esta brecha, si los sueldos se comparan con la renta per cápita (24.100 euros) sale que los trabajadores públicos ganan un 31% por encima de esta cifra (unos 7.000 euros), mientras que los empleados privados obtienen un 6,5% menos (unos 2.000 euros).