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Economía

De marqueses a numerarios del Opus: los rostros ocultos que controlaban Popular

Quién hay detrás de la Sindicatura, el mayor accionista de Popular hasta su caída con cerca del 10% del capital, y de Unión Europea de Inversiones (UEI), cuya participación ha oscilado entre el 3% y el 5% históricamente, ha sido una suerte de misterio durante décadas que comienza a revelarse tras la extinción del banco. Ahora que se cumple un año de la liquidación, las múltiples demandas que los afectados están cursando para intentar recuperar parte de su inversión airean la identidad de familias, sociedades, fundaciones e instituciones que controlaban el banco en la sombra.

El escrito de demanda presentado por una parte significativa de la Sindicatura de Accionistas y la UEI en contra de la decisión de la JUR de llevar el banco a resolución y venderlo a Santander desvela algunos nombres relevantes del bloque de accionistas que ha marcado la estrategia del banco desde hace décadas.

Francisco Aparicio Valls, miembro numerario de la Prelatura y el último de los consejeros perteneciente a la Obra que salió del órgano de representación del banco, tenía acciones del banco a título personal y a través de la sociedad Francisco Aparicio y Compañía S.R.C. Aparicio llevaba 15 años representando los intereses del Opus Dei en el banco. Y, respaldado por uno de los padres de la entidad, Luis Valls Taberner, era mucho más que un secretario de consejo: era la voz de la sindicatura de accionistas; el defensor del núcleo duro del banco. Su destitución, defendida por el presidente Emilio Saracho, generó una profunda preocupación en el seno de la sindicatura.

 

El accionista y ex secretario del consejo de Popular, Francisco Aparicio Valls, en una junta de accionistas del banco.

El accionista y ex secretario del consejo de Popular, Francisco Aparicio Valls, en una junta de accionistas del banco. EFE

José Ramón Rodríguez García, consejero histórico del banco en representación de Unión Europea de Inversiones, sociedad que presidió, es otro de los accionistas demandantes. Además del cargo de vocal del consejo de administración durante tres décadas, desempeñó el cargo de miembro y presidente del comité de auditoría, de nombramientos, retribuciones, gobierno corporativo y conflictos de interés.

La esposa de Rodríguez García, María Luisa Igartua, así como sus hijos y nietos, eran propietarios de títulos de Popular hasta que la resolución ejecutada por Europa convirtió todas las acciones en capital reduciendo su valor a cero.

Otra de las familias con peso en el accionariado, a través de Unión Europea de Inversiones, era la de los Montuenga. Luis Montuenga, su esposa Josefa Badía y sus hijos también figuran entre los afectados por el colapso del banco.

La saga de los Solís, con Miguel de Solís y Martínez Campos al frente -marqués de la Motilla y expresidente de Banco de Andalucía, filial de Popular absorbida en 2009-, era accionista a título personal y a través de sociedades ligadas a él y a su familia, como Solcampo, Solespin Alfrosa Patrimonio y Guemilsa. Su hijo, Fernando de Solís Tello, también poseía acciones propias.

Otro consejero ilustre, Luis Nigorra Cobián, junto a su hermano Miguel, su hijo Luis, su madre Corona Cobián y varias de sus sociedades perdieron en torno a 90 millones, según declararon fuentes cercanas a la familia a Diario de Mallorca. Los Nigorra entraron en el capital de Popular en 2008, cuando la entidad absorbió Banco de Crédito Balear. Miguel Nigorra, el patriarca de la familia, había estado al frente del banco mallorquín desde 1970.

Además de títulos adquiridos directamente y a través de UEI, participaban en el capital de Popular con otros vehículos como Inversiones Son Pillo, Costa de Santanyi y MN Cobian-7791.

La familia Gancedo, fundadora de Banco Castilla -otras de las filiales absorbidas en 2008 por Popular- ha estado vinculada al banco desde hace cuatro generaciones. Eric Gancedo Holmer, exconsejero, su esposa y sus descendientes poseían títulos del banco. También tenían posiciones a través de sociedades como Vica58, Manuel Gancedo S.A., Evedam Inmuebles, Gancedo y González S.L. y Los Prunos del Seto.

El exsubdirector general del banco José Antonio Guzmán y su cónyuge María Luisa Quintana también formaban parte del núcleo duro de accionistas del banco y ahora figuran entre los que reclaman a Europa que anule la decisión de la JUR de liquidar Popular.

Carlos Figuero García, representante de la Sindicatura de Accionistas en el consejo de administración, controlaba varios vehículos con exposición a Popular como Fidesban, Viviendas y Oficinas, y Sociedad General Financiera y Fiduciaria, Comercial de libros y documentación, Formación de la mujer.

El gran peso del Opus tras las fundaciones

Más allá de los inversores a título personal o a través de sus sociedades, fundaciones, patronatos e institutos de investigación, la mayoría ligados al Opus Dei, como la Fundación Universitaria de Navarra, la Fundación IESA o el Instituto de Educación e Investigación, formaban parte del núcleo duro de accionistas de Popular.

Destaca la Fundación para Atenciones Sociales, que servía de cauce para el desarrollo de la acción social de las empresas del Popular y de sus consejeros y directivos. Los fondos de esta institución procedían de las aportaciones de las remuneraciones de los miembros de su Consejo de Administración y otros particulares. Estuvo presidida por Carlos Figuero, exconsejero de la entidad y gerente del Patronato de Torreciudad, templo oscense promovido por san Josemaría Escrivá de Balaguer, fundador del Opus Dei, que se abrió al culto en 1975.

También ligada a la Obra, el Patronato Universitario Fundación destaca entre los inversores de Popular. Está presidida por Javier Llorca Martínez, miembro de la institución católica. Otras de las víctimas ha sido Fomento de Fundaciones (Fundación Internacional). Fue fundada por Rafael Termes Carreró, conocido miembro del Opus Dei y consejero delegado en Popular entre 1966 y 1977, además de presidente de la Asociación Española de Banca desde su fundación hasta 1990.

Otros demandantes golpeados por la resolución del banco son Fundación Laffon, Fundación Privada Carmen y María José Godó, Fundación para la Juventud y Fundación Arana, entre otras.

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