El colectivo de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) planta cara a la patronal bancaria, que rechaza de plano el impuesto a las entidades que propone el Gobierno para aumentar la recaudación y costear una parte del pago de las pensiones (cuyos términos aún no se conocen). En contra, Gestha asegura que dejará intacto, "como mínimo", el 94% del beneficio de las entidades, por lo que apenas afectará a la solvencia del sector.
Los técnicos reconocen que este tributo que propone Pedro Sánchez podría tener un "impacto mínimo" en la medida en que los accionistas de los bancos pueden ver reducido el pago de dividendos que está directamente relacionado con el resultado, lo que a la postre restaría ligeramente atractivo a la compra de acciones, recoge Europa Press.
Por otra parte, Gestha ha calculado que Hacienda podría ingresar entre 1.800 y 1.900 millones anuales con un impuesto a la banca similar, en términos de recaudación con respecto al PIB, al exigido en Reino Unido y Austria; y que conllevaría la aplicación de un tipo impositivo efectivo del 0,07% sobre el pasivo para que logre la capacidad recaudatoria que tiene el tributo británico, en el que podría estar inspirada la propuesta socialista.
Finalmente, los técnicos aclaran que si se llevara adelante este impuesto no produciría ningún tipo de doble imposición, puesto que el impuesto recaería sobre el pasivo, no sobre el beneficio de las entidades.
La solvencia, en riesgo
La reacción de Gestha llega después de que las patronales que representan al sector financiero, AEB (Asociación Española de Banca) y CECA (Confederación Española de Cajas de Ahorros) lanzasen un comunicado conjunto advirtiendo de los riesgos de este impuresto. “Podría tener unos efectos recaudatorios inferiores a los pretendidos y, sin embargo, afectar de forma muy negativa a la solvencia del mismo”, aseguran.
Las asociaciones coinciden en que “si bien los objetivos que se pretenden alcanzar con estas medidas se pueden compartir, la creación de nuevos gravámenes a la banca no constituye una solución adecuada, porque sería injusta y porque conllevaría efectos colaterales perjudiciales para la economía española en general”.
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