Sede del Parlamento Europeo.
Tras meses de conversaciones, trámites burocráticos y muchas críticas, la reforma de la Ley de Derechos de Autor de la Unión Europea se votará el próximo martes en el Parlamento Europeo, organismo al que llega tras encontrarse con el rechazo del Consejo Europeo el pasado mes de enero.
La modificación de la normativa, que se tramitó a propuesta de Rumanía durante su periodo de presidencia rotativa de la Unión, ha levantado mucha polémica debido a que puede cambiar internet, y la mayoría de los grandes portales, tal y como los conocemos hoy en día. Google, Twitter, Facebook o YouTube se verían muy afectados, pero también los principales medios de comunicación o los creadores de contenidos.
Los principales puntos de conflicto son los artículos 11 y 13, que son los que están marcando el rechazo o el apoyo de los diferentes países a esta normativa. El Consejo Europeo, donde se sientan representantes de todos los Estados miembro, se mostró en contra de aprobar una norma así con el no de la mayoría de los asistentes.
El futuro de esta ley depende ahora de la votación que tendrá lugar el próximo martes 26 de marzo, gracias al empujón que le han dado a los plazos los eurodiputados, conscientes de que las inminentes elecciones europeas pueden cambiar el mapa en la Cámara.
La Ley de Derechos de Autor se ha encontrado con la oposición de gran parte de los internautas y de los grandes actores de internet. Plataformas como Salva tu Internet ya han convocado manifestaciones en toda Europa para este sábado, advirtiendo de "los peligros de la reforma".
"Apoyamos los derechos de todos los creadores y estamos a favor de unos derechos de autor modernos, así como de una regulación democrática de los gigantes digitales que dominan el mercado", alegan desde la plataforma, considerando sin embargo que "la reforma en su forma actual hará más daño que bien a los ciudadanos de la Unión Europea y, por tanto, debe rechazarse".
Artículos 11 y 13
Los grandes culpables de que la normativa esté atascada en las autoridades continentales son los artículos 11 y 13 de la normativa, que han sido los apéndices más criticados por todos los actores de internet. El artículo 11 afecta a los medios de comunicación y a los grandes agregadores de noticias, servicios que funcionan mostrando los enlaces de diferentes medios y que se suelen ejemplificar con Google News.
La normativa obligaría a este tipo de portales a pagar a los publicadores por los artículos que enlacen en sus páginas web. Eso llevaría ingresos a los medios de comunicación y a los creadores de contenido, pero también les quitaría muchas visitas que llegan gracias a la popularidad que han cosechado estos contenedores de noticias, condenados a desaparecer.
El artículo 11 tampoco define exactamente quiénes deben pagar por estos enlaces. Si un tuitero con un millón de seguidores difunde un enlace de un medio, ¿tendrá que pagar por hacerlo? ¿Deberá hacerlo en base al número de interacciones que reciba su mensaje? No está del todo claro cómo gestionaría la Unión Europea todas estas situaciones.
En cuanto al epígrafe 13 de la ley, conocido ya como el artículo que quiere acabar con los memes, obligaría a las páginas web a filtrar los contenidos con copyright de otros portales web. En esencia, dice que las webs con mucho contenido generado por sus usuario tiene que preocuparse de retirar todo aquél que no cumpla con la ley, y además hace responsable a la web a nivel legal.
Hasta ahora, YouTube, Facebook o Twitter no podían ser considerados responsables si uno de sus decenas de millones de usuarios decidía subir una canción o un vídeo que infringiera la ley en materia de copyright, pero este artículo dice que sí que lo serían.
¿Cómo lo harán? Es complicado implantar una tecnología que sea capaz de escanear y filtrar todo el contenido que se sube diariamente a YouTube, o todos los memes que circulan por Facebook, WhatsApp o Twitter. De nuevo, el artículo deja demasiados interrogantes sin resolver, preguntas que, a priori, tampoco se van a resolver el martes cuando se vote de nuevo la normativa que puede cambiar internet.