El Instituto de Estudios Fiscales (IEF) que depende del Ministerio de Hacienda ha adjudicado un informe para evaluar cuál es el equilibrio entre eliminar desigualdades a través de la inversión en sanidad frente a cubrir las necesidades sanitarias de la población general. Para ello, ha encargado una investigación a la Fundación Canaria General de la Universidad de La Laguna que encuestará a 700 ciudadanos.

Según explican fuentes conocedoras de la investigación, cuando se realizan análisis de coste y efectividad sobre los presupuestos sanitarios hay dos objetivos que compiten entre sí. Estos son que “al reducir las desigualdades en salud, puede que haya que sacrificar parte de la salud total de la comunidad”. Es decir, si un mismo presupuesto tiene que cubrir un área asistencial para un tipo de paciente en concreto, puede que se sacrifique una parte de la atención general.

Cuando esto ocurre, se debe encontrar un equilibrio entre “maximizar la salud de la población y reducir las desigualdades en salud”. Para ello, se suele tener en cuenta la opinión de la sociedad. “La mayoría de estudios que han seguido este enfoque se han centrado en las desigualdades socioeconómicas en salud y han medido la salud de la población en términos de supervivencia, es decir, la salud a lo largo del ciclo vital”, explican las mismas voces.

La intención de este estudio es tener otros valores en cuenta y es que la hipótesis que plantean los investigadores es que el equilibrio entre la eficiencia y la equidad en el gasto del presupuesto sanitario puede ser diferente en función de las causas de la desigualdad que se busca atender.

Así, se centrarán en una comparación de las preferencias de los encuestados según si las desigualdades no tienen relación con ninguna característica individual concreta, está causada por factores socioeconómicos, genéticos o por comportamientos libremente elegidos por individuos competentes. En cuanto a la medición de la salud a lo largo de la vida, no solo se tomará como referencia los años de vida, sino también los años de vida ajustados por calidad de la misma.

Teniendo en cuenta las respuestas, podrán utilizarse para “facilitar una asignación de los recursos de la sanidad pública que tenga en cuenta el equilibrio entre eficiencia y equidad”.

La idea es que las conclusiones del estudio estén disponibles dentro de un año. Entonces, en julio de 2024, el IEF podrá publicarlo como documento de trabajo o en alguna revista académica si así lo estima oportuno.

Impacto de la subida del salario mínimo

La inversión en sanidad no es el único aspecto en el que está interesado el IEF, que centra su actividad en la formación e investigación al servicio de las finanzas públicas del país. De hecho, tal como publicó este periódico, la misma institución encargó un informe sobre el impacto que la subida del salario mínimo ha tenido sobre el consumo de los hogares españoles.

En este caso, el trabajo lo realizará la Universitat Autònoma de Barcelona, se entregará en diez meses y ha costado 7.644 euros, según consta en la licitación, publicada en el portal de transparencia de la Administración General del Estado. En los últimos meses, el IEF ha adjudicado 27 contratos de investigación. Si se hacen públicos o no, queda a criterio del organismo.