El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones busca que la inversión social que se realiza en programas destinados a personas en riesgo de exclusión cobre un mayor protagonismo en el cálculo de las previsiones económicas y que los recursos destinados al capital humano se blinden en toda la Unión Europea.

Hay precedentes en los que cuando la situación económica empeora, las políticas sociales se ven perjudicadas y, en especial, aquellas que atienden a colectivos específicos, desde niños en situación de pobreza a programas para personas sin hogar.

Para evitar que esto ocurra y demostrar el efecto multiplicador que tiene en la economía atender estas realidades, el Ministerio ha encargado un informe al Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE).

El documento "abordará la idea de cómo muchas de estas inversiones en capital humano tienen la capacidad de generar un efecto multiplicador, con retornos que se acumulan a lo largo de todo el ciclo de la vida, tanto en términos de calidad de empleo o igualdad de género como en reducción en la transmisión de pobreza entre generaciones", explica el departamento que dirige José Luis Escrivá, en una nota de prensa.

De la inversión al retorno para el país

La base de la investigación, que sostiene Inclusión, es demostrar que estas inversiones no solo benefician a las personas que las reciben, sino que tienen efectos positivos para la economía nacional en el largo plazo. Cuanto más se prepare a una persona para el mercado laboral, menos recurrirá en el futuro a prestaciones, por ejemplo.

El efecto multiplicador, según los estudios en los que se basa el Ministerio de Inclusión, es mayor cuanto antes se realice la inversión en el capital humano, es decir, es más beneficioso invertir en la infancia que en otras etapas de la vida. También es mejor hacerlo en colectivos en situaciones muy complejas. "No estamos hablando de incluir toda la inversión en Sanidad o en Educación, sino programas concretos sobre los que exista evidencias de alto retorno", explica Milagros Paniagua, Secretaria General de Objetivos y Políticas de Inclusión y Previsión Social, en una conversación con El Independiente.

El departamento de Inclusión tiene en cuenta un gráfico del profesor de Ciencias Sociales y miembro de la Comisión Europea, Anton Hemerijck que resume el retorno que se mencionaba anteriormente. Por ejemplo, la inversión en educación infantil contribuye a la empleabilidad de los padres y eso a su vez redunda en la igualdad de oportunidades.

Otro estudio, de la Universidad de Harvard, muestra que tres de los cuatro programas de inversión social analizados tuvieron un retorno que superó el gasto inicial. Por cada dólar invertido, el estado recupera en el largo plazo 1,78 dólares. Además, las iniciativas educativas o de sanidad tienen más beneficios que las transferencias directas de dinero.

Los programas a los que se referirá el estudio no se centran únicamente en niños. Dentro del Plan de Recuperación, hay 34 itinerarios de inclusión para los que se prevé un presupuesto de 212 millones de euros de los que se va a evaluar el retorno. A través de estas evidencias, y con del Fondo de reforma de la inclusión social, que está incluido en la adenda al Plan de Recuperación, se pretende desarrollar y escalar las políticas ligadas al ingreso mínimo vital. Este fondo, cuenta con un presupuesto de 2.530 millones.

Trasladarlo a la gobernanza

El Ministerio busca a través de estas investigaciones que se puedan usar las métricas en los marcos de gobernanza, generar evidencias con proyectos piloto que se puedan trasladar al cómputo del déficit que realiza el Gobierno. Es decir, que el impacto de estos programas no solo se incluya como una partida de gasto, sino también como un añadido al producto interior bruto (PIB), a través del retorno que generan.

Otro de los objetivos, además de cuantificar estos retornos en programas específicos, es conseguir que el resto de países miembros de la Unión Europea sigan esta iniciativa. Por ello, Inclusión quiere aprovechar la presidencia rotatoria del Consejo de la Unión Europea para compartirla con el resto de países miembros. "Estamos trabajando con Bélgica, que será el próximo país en asumir la presidencia para que el trabajo en esta línea continúe", comenta Paniagua.

Desde el Ministerio justifican que desde la pandemia, en el seno de la Unión Europea, se ha defendido que había que ayudar a los vulnerables para evitar que la crisis fuese más intensa todavía. Por ello, creen que evidenciar el retorno que reciben los Estados de este tipo de inversiones puede contribuir a que estas políticas no solo se mantengan, sino que reciban mayor presupuesto en el largo plazo. "En un espacio de tiempo prolongado, esto puede servir para que se incremente la inversión social ya que ésta fomenta la igualdad y la inclusión, además de contribuir al crecimiento económico", resume la responsable de Inclusión.

Por estas razones, el próximo programa de Estabilidad que presente el Gobierno en 2024 podría incluir ya un cómputo de algunos de los programas sociales mencionados. Demostrar el beneficio que recibe el resto del país de las políticas dirigidas a colectivos específicos significa un cambio del marco económico europeo, que España busca liderar.