Fue durante el primer estado de alarma cuando en la cadena de perfumerías Primor comenzaron a recibir inspecciones de trabajo por parte de un inspector, J.G.B. Sucedió aquello en un momento de pandemia en el que la facturación de las diferentes empresas de esta compañía había descendido considerablemente y en el que habían concentrado sus esfuerzos en la venta por internet. Ahí, mientras la covid-19 hacía estragos en los diferentes sectores productivos españoles, inició sus primeras pesquisas este funcionario, en una sociedad radicada en Marbella.

A partir de ahí, las actuaciones de J.B.G. se hicieron frecuentes e incluso periódicas, hasta el punto de imponer 268 multas a la perfumera por las materias de prevención de riesgos, Seguridad Social y relaciones laborales. Las sanciones sumaron, en su conjunto, 30 millones de euros. El efecto que generó en las cuentas de Primor impulsó a la empresa a presentar el concurso de acreedores en seis sociedades de almacén.

El grupo -el segundo de Málaga en volumen de facturación y con decenas de tiendas en España- comenzó a recurrir las sanciones ante los tribunales y ha obtenido la razón en la inmensa mayoría de los litigios. Tal es así que hasta el momento han sido anuladas más de 50 multas por un montante aproximado de 15 millones de euros. Una parte de ellas, en los tribunales. Todavía quedan varias decenas por resolver, según detallan fuentes vinculadas a la defensa de Primor.

Su propietario, Juan Ricardo Hidalgo, se pronuncia con dureza al respecto de esta situación. En declaraciones a este periódico, habla de una persecución injustificable por parte de este inspector que ha sido consentida por la Seguridad Social. “Ha sancionado con 30 millones de euros a sociedades que en los últimos cuatro años habían sido multadas en su conjunto con 162.000 euros”, explica, para ilustrar sobre el incremento de la hostilidad contra Primor.

Y apunta: “Una de las sociedades la inspeccionó una compañera suya en 2019/20, que actuó con objetividad y cumpliendo la norma, y la sancionó con apenas 20.000 euros. Este señor la ha sancionado con 3 millones”.

Sentencias favorables

Desde su defensa, apuntan a que las sentencias judiciales han llegado a definir la labor inspectora como “espuria”, “arbitraria”, “falta de motivación” o contraria “a los principios de eficacia y oportunidad”, con “irregularidades”, con “deficiencias procedimentales”, con “ausencia de imparcialidad y objetividad absoluta en el Inspector”.

Del total de las sentencias anuladas, 17 señalan la falta de motivación de las inspecciones, 19 su improcedencia -el inspector no aplicó el convenio que debió- y 6 la desviación de poder. Esto último "por algo tan grave como que manipuló el sistema para generar unas supuestas órdenes de servicio para actuar contra esas doce sociedades por una campaña de inspección, pero resulta que era mentira y nunca tuvo autorización alguna para esas inspecciones", detallan desde su defensa.

Otras 23 multas han sido rectificadas porque el juez considera que el inspector debía haberse abstenido, según detalló el diario Sur.

Hidalgo recuerda que J.G.B. cuenta actualmente con tres querellas abiertas por presunta prevaricación y falsedad en documento público. También que el inspector le llegó a demandar por “coacciones, amenazas y calumnias”. “Su declaración fue una vergüenza. De manera exagerada y teatral dijo autenticas barbaridades contra mi que por supuesto el juez no se creyó y por eso archivó todo”.

Nueve días después de que se celebrara la vista oral de aquel juicio, el 20 de mayo de 2021, según el testimonio de Hidalgo, el citado inspector acudió a una de las empresas de Primor para realizar un requerimiento de prevención de riesgos laborales. Lo hizo acompañado de seis policías y cinco coches del cuerpo. “Llegó para atender un requerimiento de 216 días antes y un control de empleo de 16 empleados”, apunta.

Fuentes de su defensa agregan que era una mera excusa, dado que la realidad es que utilizó a la policía para iniciar inspecciones a doce sociedades nuevas ese día.

"Coacciones y amenazas"

El citado proceso judicial se inició -reconoce el dueño de Primor- porque el 4 de noviembre de 2020 Hidalgo “le visitó” y eso lo interpretó el inspector como una amenaza y una coacción. El juez no vio indicios de ello y lo archivó. “Cuatro meses después, sancionó a China Red con 100.000 euros por esas coacciones y amenazas que el juez ha dicho que nunca existieron. Y dice que aunque esas coacciones y amenazas no existan en el ámbito penal eso no significa que existan en el ámbito administrativo”, explica.

Desde su defensa, ponen el foco en algunas de las decenas de multas que firmó, como una, de 30.000 euros por hallar unos cables en el suelo de un despacho; y otra, con esa misma cantidad, porque el manual de instrucciones de una máquina no estaba junto a ella, sino en una estantería.

Sancionó también con 21.000 euros a otra empresa del grupo por encontrar una botella de aguarrás en una estantería; y con esa misma cantidad porque una estantería no estaba arriostrada a la pared. Estas últimas sanciones se correspondieron con una sola sociedad, Primor Web.

Primor había recibido multas con anterioridad, pero lo que sorprende en la empresa es que el importe de estas multas incrementara el 15.000% después de que este inspector iniciara actuaciones sobre la empresa.

Hidalgo se muestra crítico con la Seguridad Social, que a su juicio consintió estas actuaciones, con el coste posterior que eso ha generado tanto para Primor como para el contribuyente, en cuanto a que es la Abogacía del Estado la que ha acudido a los procedimientos judiciales relacionados con estas denuncias. En este sentido, como es práctica habitual, las sentencias de primera instancia han sido recurridas por la Abogacía.

Este periódico ha contactado por correo electrónico con el inspector -del que se oculta el nombre y apellido-, pero a fecha de publicación de esta noticia no había respondido las preguntas que se le plantearon.