La Asociación Española de la Economía Digital (Adigital), que representa a más de 500 empresas de varios sectores clave, presentó este jueves su quinto informe anual, elaborado en colaboración con Boston Consulting Group (BCG). El principal dato que se extrae es que las actividades económicas basadas en bienes y servicios digitales alcanzaron en 2024 un 26% del PIB español, generando en términos absolutos un impacto económico de 414.000 millones de euros (un crecimiento del 17% interanual).

Pero, más allá de esa cifra, el estudio permite hacer otras lecturas. Una de las más interesantes es el papel de la inteligencia artificial (IA) pública en España, que definen como el conjunto de sistemas y recursos de acceso abierto, gestionados o financiados por el sector público, con el objetivo de generar beneficios sociales, económicos y tecnológicos.

El desarrollo de esta IA pública permite la atención a necesidades sociales y sectores especializados; la democratización del acceso a la IA para impulsar la innovación; una mayor autonomía estratégica y económica; y la optimización de la competitividad y mejora continua. Y en el ámbito público, su integración representa una gran oportunidad para mejorar la eficiencia administrativa, personalizar servicios ciudadanos y optimizar la gestión de recursos, fortaleciendo además la transparencia y la capacidad del Estado para tomar decisiones basadas en datos.

Pero, en paralelo, la IA pública también puede actuar como un catalizador para el sector privado, facilitando el acceso a tecnologías avanzadas y reduciendo barreras de entrada para startups y empresas emergentes. El informe recoge que "a través de modelos accesibles y plataformas de experimentación regulada, el Estado puede fomentar la innovación y la adopción de IA en la economía, fortaleciendo la competitividad en el entorno digital global".

Para lograr desplegar una IA pública verdaderamente útil hay que apostar por ella, y según Adigital, España lo ha hecho "firmemente" para convertirla en un motor de crecimiento. En ese sentido, la organización recuerda que en 2020 se lanzó la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial (ENIA), que impulsó una inversión de 600 millones de euros entre 2021 y 2023. A día de hoy, la mayor parte de estos fondos ya han sido asignados, principalmente al desarrollo de talento.

Años después, en 2024, el Gobierno dio "un paso más" con la nueva Estrategia de IA, que liberaba 1.500 millones de euros extra procedentes de los fondos europeos de recuperación, elevando la inversión total de España en IA a corto plazo a aproximadamente 2.100 millones de euros, con el objetivo de acelerar su despliegue en todos los ámbitos. "Estas partidas buscan reforzar infraestructuras, formación de talento e integración de la IA en sectores clave", detalla el estudio.

Con todo, la clave es que los países líderes en IA combinan inversión en infraestructura pública con "un sólido ecosistema de inversión privada", impulsando la innovación y el crecimiento de empresas especializadas. Y ese aspecto está generando grandes diferencias en la adopción y el desarrollo de esta tecnología.

En el caso de España, el informe recoge que nuestro país solo registró 360 millones de euros en inversión privada en IA en 2023, destacando que estamos por detrás de otros países europeos de tamaño similar y, por supuesto, de las grandes potencias del sector. Ese mismo año EEUU lideró en este aspecto a nivel mundial, movilizando 67,2 mil millones de euros, seguido de China (7,76 mil millones). Pero por delante de nosotros también están Reino Unido, Alemania, Suecia, Canadá, Israel, Corea del Sur, India, Singapur, Japón, Emiratos Árabes Unidos o Australia.

"Para reducir esta brecha, es esencial atraer capital riesgo, fomentar la colaboración público-privada e incentivar el desarrollo de IA en el sector empresarial. El futuro de la IA en España dependerá de políticas que refuercen la inversión privada, impulsen el talento digital y faciliten la escalabilidad de sus empresas, consolidando su posición en el panorama tecnológico global", añaden desde Adigital.

Para la patronal de la industria digital este tema es importante, porque deslizan que hay dudas sobre si las instituciones públicas serán capaces de mantener una financiación sostenida en el ámbito de la IA. E, incluso aunque estén en posición de destinar fondos iniciales significativos, siguen siendo modestos frente a la capacidad del sector privado.

El informe marca el camino a seguir: "Los recursos públicos son limitados y compiten con otras prioridades sociales. Si los resultados no cumplen con las expectativas o cambian las agendas políticas, existe el riesgo de una reducción del apoyo financiero. A diferencia del sector privado, los proyectos públicos no pueden generar ingresos mediante propiedad intelectual o participación accionarial".

Como posibles soluciones intermedias, se propone explorar modelos de cofinanciación público-privada o generación de ingresos por servicios. Y también estudiar modelos privados de código abierto y aplicar técnicas de ajuste (fine tuning), una alternativa más asequible, aunque condicionada por la calidad del modelo original en todos los aspectos: fuentes de datos, procesamiento de los datos, algoritmos seleccionados, calidad del entrenamiento, etc.

Los componentes de una infraestructura de IA pública

Los principales componentes de una infraestructura pública de IA son los centros de datos y la capacidad computacional pública; los conjuntos de datos abiertos; los modelos fundacionales de código abierto y los marcos de gobernanza y estándares.

Para Adigital, la relación entre la infraestructura pública de IA y la inteligencia artificial puede compararse con otros bienes públicos esenciales, como las carreteras públicas para el transporte o las bibliotecas para el conocimiento, entendiéndola como "un recurso accesible para todos y orientado al beneficio colectivo".

"Este modelo proporciona servicios de IA confiables que fortalecen el espacio público, actuando como una infraestructura destinada a ofrecer servicios de interés general. En definitiva, la IA pública se orienta a promover objetivos como equidad, inclusión y acceso universal, priorizando la alineación con valores democráticos y sociales y la transparencia", concluyen.