El Informe Anual 2024 que publicó el Banco de España este martes, el primero bajo el mandato de José Luis Escrivá, ha sido cuestionado por el recorte en su extensión y por la superficialidad con la que aborda cuestiones clave como la sostenibilidad del sistema público de pensiones. A pesar de haber sido el propio Escrivá quien impulsó la última reforma como ministro en 2023, el documento apenas dedica una página al asunto y transmite una visión de aparente estabilidad del sistema.

Apenas 24 horas después de la presentación del informe, el economista jefe de la institución, Ángel Gavilán, comunicó que abandonaba el cargo. Fuentes conocedoras del proceso de elaboración del informe consultadas por El Independiende aseguraron que Gavilán había redactado varias páginas sobre la sostenibilidad de las pensiones pero fue instado a eliminarlas.

Una decisión que silencia un debate capital, al contrario que su antecesor, Pablo Hernández de Cos, que en el Informe Anual 2023 insistía en la necesidad de evaluar de forma “continua y rigurosa” la viabilidad del sistema. Y además, contrasta con las advertencias de los principales centros de estudio españoles, que coinciden en señalar el problema de sostenibilidad que enfrenta el sistema de pensiones.

IEE

El Instituto de Estudios Económicos (IEE), el think tank vinculado a la patronal CEOE, puso de manifiesto que la reforma de Escrivá "es insuficiente para cubrir los desequilibrios del sistema de pensiones, y que estos desequilibrios aumentarán" en su último informe publicado al respecto en mayo de 2023. "Mantenemos la misma postura que entonces", indican fuentes del IEE a este medio.

En el informe de opinión La subida de las cotizaciones sociales. Análisis y consecuencias en la economía española, la institución criticaba el "desalinearse con Europa" y romper "el comportamiento mostrado desde la firma del Pacto de Toledo". La reforma de Escrivá "apuesta por el aumento de los ingresos, con el incremento presente y futuro de las cotizaciones, y elimina mecanismos de control sobre la evolución del gasto".

"Prácticamente todos los países de la OCDE" han impulsado reformas en las últimas décadas orientadas a la creación de fondos individuales donde cada contribuyente cotiza para sí mismo, por ejemplo, los fondos de capitalización o los sistemas de cuentas nacionales. Por su contra, Escrivá ha centrado la sostenibilidad de las pensiones en el aumento de los ingresos.

Esta circunstancia "supone un claro quebranto de la equidad intergeneracional", ya que las generaciones ocupadas en las próximas décadas deberán pagar un mayor tipo de cotización que las generaciones anteriores y a su vez, recibirán una pensión menor.

Un sistema de pensiones que trate de forma distinta a personas con las mismas características o genere una elevada carga a las generaciones futuras, además de injusto en la distribución de esfuerzos, corre el riesgo de perder la legitimidad social"

Asimismo, la reforma incrementa el diferencial ya existente que España mantiene con la UE y la OCDE en lo referente a la carga fiscal vía cotizaciones sociales. Según los cálculos del IEE, el 83% del peso recaudatorio derivado de la reforma recae en las empresas y el resto, en el empleado. A cierre de 2021, las cotizaciones que abonaban las empresas representaba el 10% del PIB, pero la reforma incrementará casi un punto este indicador, con lo que España superaría la media de la UE (5,6%) y de la OCDE (4,5%).

Fedea

La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) explica en un informe de junio de 2024 la tendencia al alza que ha mantenido el gasto en pensiones en el periodo 2010-2023, pasando del 3,1% del PIB al 13,1% en 2023. Un aumento del gasto que debe mantenerse por debajo del 13,3% del PIB según lo comprometido con Bruselas, pese a los factores demográficos naturales.

La generación baby boom —nacida entre 1946 y 1970— empezó a cumplir lo 65 años en 2011. De acuerdo con el informe El futuro del sistema de pensiones de Fedea, la población mayor de 65 años representa actualmente el 20% de la población total en España, sin embargo, en 2050 supondrá el 37%. Con una mayor esperanza de vida, el envejecimiento poblacional no solo se verá reflejado en el gasto en pensiones, si no también en el gasto sanitario y en el de cuidados de larga duración.

Dicho informe señala que la reforma de Escrivá de 2023 "tiene numerosas implicaciones negativas a medio y largo plazo". Entre ellas, menciona que "no es suficiente, genera un incremento relativo del gasto en pensiones y, limita el gasto" en otras partidas presupuestarias. Además, resalta que el creciente incremento de cotizaciones para mantener la senda de gasto "puede afectar al crecimiento de la economía española".

BBVA Research

En la misma línea, el responsable de análisis económico de BBVA Research Rafael Doménech señala en un artículo en Expansión que pese al dinamismo de la economía española en los últimos años, "el sistema de pensiones sigue sin reducir su elevado déficit estructural. Más bien al contrario".

Doménech alude, al igual que Fedea, en el coste de oportunidad del gasto público en pensiones, "reducen el margen para otras políticas públicas esenciales, como la inversión en infraestructuras, vivienda o innovación tecnológica". Mientras que el gasto destinado a pensiones en 2024 supuso el 12,9% del PIB, el gasto en vivienda, la primera preocupación de los españoles según el CIS, fue del 0,5%.

Por último, el analista de BBVA Research advierte que el défcit actual se circunscibe a una fase expansiva de la economía, "en unas condiciones cíclicas neutrales, el déficit de las pensiones públicas sería superior".

AIReF

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), creada en 2014 para vigilar la sostenibilidad de las finanzas públicas, ha repetido en numerosos estudios que la actual reforma no garantiza la sostenibilidad del sistema en el medio y largo plazo.

En su segunda opinión sobre la sostenibilidad de las Administraciones Públicas a largo plazo advierte que, además de aumentar demográficamente el número de pensionistas, también crecerá la pensión media "por la combinación de la revalorización con el IPC y el efecto sustitución positivo". Con el efecto sustitución hace referencia a que los salarios de los nuevos pensionistas serán superiores que los de los antiguos, por lo que la pensión media se incrementará.

Otro dato a tener en cuenta es la edad de jubilación, que ha pasado desde los 64,7 años en 2021 a los 65,2 años en 2025. Además, la Autoridad Independiente considera que "la edad efectiva de jubilación aumentará en un año adicional hasta alcanzar los 66,2 años" y un 30% de las personas optará por "demorar la jubilación 3 años o hasta cumplir los 68 años".

Así, la reforma de Escrivá también ha sido denominada por la AIReF como "la reforma de la jubilación demorada". Los datos muestran que, tras un estancamiento del peso de las jubilaciones demoradas hasta 2021, la edad efectiva se ha incrementado en un 11,2% en enero de 2025. Mientras que en 2015 representaba el 4,7% y en 2021 el 4,8%, en 2022 avanzaba medio punto. En 2023 el peso aumentó hasta el 8,1%, en 2024 al 9,3% y el último dato publicado para enero de 2025 muestra un aumento adicional hasta el 11,2%. "Estos datos parecen indicar que el impacto de la reforma sobre el comportamiento de los individuos continúa ampliándose", concluye la AIReF.