El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha convocado este lunes una jornada con motivo del quinto aniversario de la puesta en marcha de la Ley del Ingreso Mínimo Vital (IMV). Lo que nació como una red de protección para los más vulnerables se enfrenta hoy a una realidad judicializada. En 2024, el número de procesos iniciados en los Juzgados de lo Social se han incrementado un 48,7% respecto a 2023, según la Memoria sobre la situación socieconómica y laboral de España 2024 del Consejo Económico y Social (CES).

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Por su parte, los recursos de suplicación —cuando la demanda llega a juicio— lo han hecho un 28,5% y los de casación —cuando el juicio es desfavorable y se recurre ante el Tribunal Superior de Justicia— un 50%. De hecho, según la memoria del CES, una de cada diez personas que lo solicitaron ha tenido que enfrentarse a reclamaciones. Todo ello pese a que el 56% de las personas elegibles para el IMV no lo solictaron en 2023, de acuerdo con la última evaluación de la AIReF.

"La Seguridad Social se ha visto desbordada, no cuenta con personal suficiente para la cantidad de solicitudes y revisiones que debe tramitar. El plazo para que responda se ha tenido que ampliar desde los 45 días hasta los seis meses y actualmente, en 2025, se están tramitando solicitudes de 2023", ha explicado para El Independiente Paco Palomares, abogado laboral del despacho Le Morne.

En este sentido, el desbordamiento de tramitaciones que debe acometer la Seguridad Social se ve empujada anualmente con el aumento significativo de nuevas solicitudes. A cierre de 2024, el número de prestaciones ascendía a 673.729, con más de 2 millones de beneficiarios (2.047.755) y una cuantía media mensual por unidad de convivencia de 470,7 euros. En comparación con el mismo periodo del año anterior, las prestaciones han aumentado un 26,6% y los beneficiarios han crecido en casi medio millón (465.972).

Este mayor alcance ha tensionado aún más la capacidad de gestión del sistema. Así, la ausencia de respuesta se ha convertido en una de las vías más habituales de litigio. "Cuando no hay resolución, el silencio administrativo obliga a acudir a los tribunales. Y muchas veces, eso sirve para que la Administración reabra el expediente y se conceda la ayuda antes del juicio", ha añadido Palomares. En su experiencia, "es más fácil ganar cualquier derecho a prestación ante un juez que ante la propia Administración" aunque ha reconocido que esto también está sobrecargando de trabajo los tribunales.

Cuando el IMV se convierte en una deuda

Otro de los problemas más preocupantes del IMV son los reintegros. Personas que, tras recibir la ayuda, se enfrentan al requerimiento de la Seguridad Social de devolución de miles de euros por cambios en su situación personal o por errores de la propia Administración.

"La Seguridad Social tiene un plazo de seis meses para aprobar las solicitudes del IMV y cinco años para revisar si se siguen cumpliendo los requisitos una vez se aprueba, es decir, se revisan con efecto retroactivo y si detecta que las condiciones han cambiado, pide que devuelvas todo también con efecto retroactivo. Los solicitantes son personas vulnerables, personas que por ejemplo, no tienen una residencia fija y esta ley tiene unos requisitos que van en contra de las personas empobrecidas", ha denunciado para este medio Hontanares Arranz, colaboradora de la oficina jurídica del Movimiento ATD Cuarto Mundo.

Arranz ha puesto el ejemplo de una mujer que ha recibido una notificación de la Seguridad Social por el reintegro de 30.000 euros. "Estaba acostumbrada a un seguimiento personal y con el IMV no había nadie que le contase los requisitos. Uno de ellos es que la unidad de convivencia debe ser estable y al cabo de tres años cambió de domicilio, pese a notificarlo, la Seguridad Social cuando lo revisó le canceló la solicitud y ahora le exige la devolución de 30.000 euros. Actualmente esa deuda no es solo suya si no de toda la unidad de convivencia que se ha beneficiado de la prestación. La solicitante tiene una hija de 16 años, este año anuncia su edad laboral con un embargo en la nómina".

Colchón social pero desincentivo en la búsqueda de empleo

El IMV ha sido diseñado como una herramienta contra la pobreza, "se impulsó durante la pandemia, donde hubo mucha gente en situación vulnerable con empleos precarios, en ERTE, despidos... Sin embargo, se resolvió muy deprisa y con contradicciones, por ejemplo, el IMV es compatible con el paro hasta unas ciertas cantidades pero no con las pensiones alimenticias", ha explicado para este diario Esther González, docente en EAE Business School.

Además, González ha señalado que la prestación sería más eficiente si estuviese diseñada como una "ayuda para superar un bache, el planteamiendo indefinido puede llegar a desincentivar la búsqueda de trabajo". En este sentido, José Ignacio López Sánchez, catedrático de organización de empresas de la Universidad CEU San Pablo ha puntualizado que "en términos económicos ha supuesto un gasto de 5.000 millones anuales. Si bien como Estado social que somos tenemos que implementar medidas de este tipo, las leyes no deberían desincentivar el crecimiento".

"El IMV ha sido beneficioso en tanto que ha ayudado a las personas en situación de vulnerabilidad y además ha incentivado la actividad económica con el incremento de la demanda derivado del aumento de la renta. No obstante, también puede desincentivar la búsqueda de empleo. El IMV supone para los beneficiarios un ingreso de 7.000 euros anuales apróximadamente. En España la cuantía es bastante alta en comparación a los países del entorno europeo, si el beneficiario quiere buscar un empleo parcial la retribución sería más o menos la misma. Además, si estos programas no se acompañan de formación y activación laboral la pobreza no se reducirá realmente, será un sistema asistencial pero superficial", ha concluido el catedrático.

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