En el último Informe sobre España remitido por la Comisión Europea a principios de junio recomendaban "adelantar reformas fiscales que mejoren la sostenibilidad de las finanzas públicas a largo plazo", en relación con el aumento progresivo del gasto en pensiones que deberá realizar España. Bruselas señalaba que existe margen ya que los ingresos fiscales de España "son relativamente bajos en relación con el PIB" y que se encuentran por debajo del promedio europeo —representaban el 36,5% del PIB en España en 2023 frente a la media europea del 39%—.

Sin embargo, el dato desagregado muestra que este margen de subidas impositivas en la tributación empresarial no existe. De hecho, es al revés, España supera y encabeza el promedio europeo en materia de tributación empresarial. Según el informe Competitividad fiscal empresarial 2025 que ha publicado el IEE (Instituto de Estudios Económicos), las cotizaciones sociales a cargo del empleador representaron en 2023 el 25,8% del total de la recaudación fiscal, casi ocho puntos más que la media europea que se sitúo en el 17,9%. Este dato equivale a que mientras que la presión fiscal por cotizaciones sociales equivale al 7% del PIB en el promedio europeo, en España equivale al 9,4% del PIB.

Además, esta cifra sitúa a España como una de las economías europeas que más carga social impone a las empresas. De hecho, es el tercer país europeo que más presión ejerce sobre ellas, solo por detrás de Estonia (32,6%) y República Checa (27,9%).

Por su contra, Países Bajos (13%), Luxemburgo (11,4%), Hungría (11,3%), Irlanda (9,6%) y Suecia (6,2%) se encuentran en la parte baja de la clasificación aunque existen casos extremos como el de Lituania (2,4%) o Dinamarca (0,1%), donde prácticamene no existen cotizaciones sociales empresariales.

En esta línea, el IEE también ha ofrecido datos que muestran la participación de las cotizaciones sociales pagadas por el empleador en el PIB de los países de la Unión Europea en 2023. Tomando como base 100 el promedio comunitario, España se posiciona como el cuarto país con mayor presión fiscal sobre el empleo en 2023, alcanzando un índice de 134,4; lo que implica que las cotizaciones sociales empresariales con relación al PIB son un 34,4% superiores al promedio de la UE. De esta forma, España se coloca solo por detrás de Estonia (157,1), Francia (140,9) y la República Checa (135,4), y muy por encima de economías como Alemania (96,9), Portugal (91,8), Grecia (74,6), Irlanda (30) o Dinamarca (0,9).

"Esta elevada carga sobre los costes laborales sugiere una estructura fiscal desequilibrada, en la que el esfuerzo recaudatorio recae con mayor intensidad sobre las empresas (...) y es un factor claramente distorsionante para que se reduzcan los desequilibrios que se producen en el mercado de trabajo en España", han explicado desde el IEE.

Rigidez del mercado laboral

Pese a los buenos resultados de la afiliación a la Seguridad Social —en junio se ha alcanzado la cifra récord de 21,9 millones de ocupados—, no hay que olvidar que la tasa de paro nacional dobla el promedio europeo. Un 11,36% en España durante el primer trimestre de 2025 frente a un 6,2% de la Unión Europea en marzo.

Un dato que se entiende por el conocido como paro estructural, un paro constante que se circunscribe a las características en materia de política laboral. Es decir, en España se priman las políticas pasivas de empleo (generosas prestaciones de desempleo y altos costes al despido) a las polítcas activas (asesorar, formar e incluso subvencionar al desempleado), lo que dota de mayor rigidez la recolocación de los trabjadores dentro del mercado de trabajo.

A ello se suma la complejidad normativa española, que es un 16,5% superior que la de la UE y un 9,9% más que el promedio de la OCDE. De acuerdo con el índice elaborado por el IEE, el nivel español se compararía con el de países como Turquía o Armenia. En este sentido, una encuesta del Banco Mundial señala que en 2024 el 36,8% de las empresas españolas consideraron que su relación con la Administración tributaria limitaba su actividad, un porcentaje que triplica el promedio europeo y es muy superior al de otros países como Alemania (7,3%), Francia (10,2%) o Italia (22,7%).

Desde el IEE han explicado que las trabas burocráticas "representan un coste adicional significativo para las empresas (...) y son especialmente gravosas para las pequeñas y medianas empresas". Según un estudio encargado por la Comisión Europea, los costes medios de cumplimiento fiscal para las pymes españolas son un 5% superiores al promedio de la UE y superan a los de economías como Alemania, Bélgica o los Países Bajos. Además, estos gastos administrativos pueden llegar a representar hasta el 29% de lo recaudado, lo que evidencia el elevado esfuerzo que supone para las pequeñas empresas cumplir con sus obligaciones tributarias en España.