La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha emitido su cuarta opinión del Ingreso Mínimo Vital (IMV). En esta evaluación, el análisis se ha centrado en el impacto de la recepción del IMV en el empleo. Los resultados han mostrado que disminuye en un 12% la probabilidad de trabajar entre los beneficiarios de esta prestación durante los primeros seis meses.

Esta disminución es todavía más pronunciada entre algunos grupos: entre los menores de 30 años, se reduce en un 29%; entre los beneficiarios con importes superiores a la media, un 23% y entre los hogares monoparentales, un 20%. Además, la institución ha señalado que el IMV también reduce el número de días trabajados al mes, Un patrón que se mantiene incluso tras la entrada en vigor del incentivo al empleo en enero de 2023, lo que pone de relieve que "el incentivo no funciona", ha explicado Jose María Casado, director de la división evaluación de la AIReF.

Asimismo, aunque entre los beneficiarios que trabajan se observan mejoras en la calidad del empleo —como un ligero aumento del 3% en la probabilidad de tener contrato indefinido—, el 90% de los perceptores del IMV permanece más de un año en la prestación, y el 60% supera los tres años. Esta elevada permanencia, unida a los efectos sobre el empleo, genera dudas sobre la efectividad de los mecanismos de transición al mercado laboral incorporados en el diseño actual del IMV.

No obstante, la AIReF también ha destacado ciertas mejoras administrativas, como un incremento del 14% en el número de beneficiarios (a cierre de 2024, el IMV alcanzaba a 392.444 hogaraes) y una reducción de 45 días en los tiempos de tramitación. El complemento de ayuda a la infancia (CAPI) también ha crecido en su alcance en un 34 %. Sin embargo, persisten importantes deficiencias: más de la mitad de los hogares con derecho al IMV o al CAPI no solicitan la ayuda (un 55% y 72% de non take-up, respectivamente), hay una elevada complejidad administrativa —el 68% de los hogares sufre revisiones por cambios de renta— y persisten desigualdades territoriales, con tasas de no solicitud superiores al 65 % en comunidades como Cataluña o Baleares.

Ante este diagnóstico, la AIReF propone cinco reformas prioritarias. En primer lugar, reformular completamente el incentivo al empleo para que sea claro, predecible y adaptado a la situación laboral del beneficiario. En segundo lugar, automatizar la verificación de requisitos y la concesión del CAPI desde el nacimiento, con el fin de reducir la non take-up. También plantea transformar los objetivos del IMV en metas medibles, reforzar los programas de acompañamiento individualizado —clave según los proyectos piloto del Ministerio de Inclusión— y garantizar la continuidad de una estadística homogénea y comparable sobre rentas mínimas en España.