El Fondo de Garantía Salarial (FOGASA), adscrito al Ministerio de Trabajo de Yolanda Díaz, ha publicado este lunes sus datos actualizados, incluyendo el mes de julio en sus estadísticas. La función del organismo responde a asegurar que los trabajadores cobren sus salarios e indemnizaciones cuando sus empresas no pueden pagarles por insolvencia o por entrar en procedimiento concursal. Pues bien, en el presente ejercicio —hasta julio—, el tiempo medio que ha tardado Fogasa en resolver las solicitudes ha alcanzado los 28,52 días, un 78,25% más que en 2021, cuando el plazo medio era de 16 días.

Si se observa el desglose provincial, en siete provincias el tiempo de espera se ha demorado en más de 40 días. Este es el caso de Ceuta (51,88 días), Segovia (46,61), Badajoz (42,62), Barcelona (42,53), Tarragona (40,48), Teruel (40,37) y Melilla (40,04). Se trata de una espera crucial para quienes dependen de ese ingreso tras perder su empleo y quedarse sin nómina o indemnización con la que poder hacer frente a sus compromisos financieros.

A lo largo de los años, se ha registrado un aumento progresivo en el volumen de solicitudes presentadas, con la excepción de 2021 y 2022, cuando la pandemia de coronavirus provocó un repunte extraordinario respecto a los años anteriores. Así, tomando como referencia esta premisa, desde 2023 se ha observado un crecimiento del 21%. Entre enero y julio de 2023 se presentaron 38.097 solicitudes; en el mismo periodo de 2024, 42.360 y en el presente 2025, 46.219.

Pese a este aumento de solicitudes, la plantilla de Fogasa permaneció prácticamente inalterada entre 2021 y 2023. Las memorias anuales del ente recogen 343 empleados en 2021 y 347 en 2023, un aumento marginal frente al crecimiento de tramitaciones. Sin embargo, en 2024, el número de trabajadores ha saltado hasta los 404, un 16,4% más que el año anterior, de acuerdo con los datos del Ministerio de Hacienda.

De hecho, Fogasa ha ocupado el décimo puesto entre los 57 organismos autonómos de la Administración Civil que más han incrementado su plantilla entre 2023 y 2024. Además, si se excluyen los organismos autónomos que cuentan con más de 1.000 trabajadores, el aumento de la plantilla colocaría a Fogasa en el cuarto puesto de un total de 49 entes. Tan solo se situaría por detrás del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo —ha sumado 81 nuevos empleados—, de la Biblioteca Nacional de España —con 81 trabajadores más que en 2023— y de Muface (Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado), que ha pasado de contar con 721 empleados en 2023 a 793 en 2024.

Cesiones al Ejecutivo vasco

Hasta julio de 2025, Fogasa ha abonado prestaciones por valor de 306,63 millones de euros a 58.431 trabajadores: 109,65 millones en concepto de salarios y 196,99 millones en indemnizaciones. A falta de cinco meses para concluir el presente ejercicio, el gasto actual representa el 63% del total destinado en 2024.

Asimismo, si se desglosa el presupuesto ejecutado por comunidades autónomas, los datos revelan que las comunidades del régimen foral —Navarra y País Vasco— son las regiones del territorio que más han gastado hasta julio de 2025 en comparación con el acumulado de 2024, un 98% y un 79%, respectivamente. Durante los siete primeros meses del actual ejercicio, Fogasa ha pagado 3,74 millones de euros en Navarra y 18,49 millones en el País Vasco; frente a los 3,81 millones y 23,47 millones que abonó a lo largo de 2024.

Precisamente, una de las demandas del Gobierno vasco en la cesión de la Seguridad Social incluye la gestión del Fogasa. Desde el Estatuto de Gernika de 1979 se reconocían a Euskadi estas competencias, pero la aceleración de los traspasos ha cobrado prioridad durante la segunda legislatura de Pedro Sánchez, dentro del compromiso de transferir las 25 materias pendientes. La gestión del Fogasa se incluye dentro del paquete de cesiones relacionadas con la Seguridad Social, que también abarca las prestaciones no contributivas, parte de las políticas pasivas de empleo, la ampliación de la inspección de trabajo o la tutela de las mutuas, siguiendo el precedente de la gestión del Ingreso Mínimo Vital.

Durante el último encuentro de la comisión bilateral entre el Ejecutivo vasco y el central, celebrado el pasado 15 de julio, se acordó la transferencia de la gestión de las prestaciones contributivas y del seguro escolar. El lehendakari, Imanol Pradales, criticó la lentitud del proceso y reclamó un mayor liderazgo para cumplir el calendario pactado, aunque valoró que tras años de bloqueo “se ha abierto la puerta” a esta gestión. En este sentido, las competencias pendientes deberán materializarse en la Comisión Mixta de Transferencias prevista para el último trimestre del año, conforme al calendario acordado entre ambos gobiernos.