La reforma de las pensiones de 2022, impulsada por el entonces ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, y actual gobernador del Banco de España, establece que las pensiones se revalorizan cada año en función de la inflación del ejercicio anterior. Bajo este principio, las pensiones han crecido un 14,8% desde 2022 y finales de 2024. Por su parte, los salarios lo han hecho un 10,26%, según la Estadística de Convenios Colectivos de Trabajo que publica anualmente el Ministerio de Trabajo y Economía Social. Estos datos revelan que las pensiones han aumentado un 4,54% por encima de los salarios durante el periodo 2022-2024. Además, al estar blindadas al IPC, las pensiones han mantenido su poder adquisitivo, mientras que los salarios, con un avance inferior, han perdido capacidad de compra equivalente a ese mismo 4,54%.

Para comprender cómo se ha generado esta brecha, conviene repasar la evolución de las pensiones y los salarios en cada ejercicio. En 2022, las pensiones aumentaron un 2,5%, mientras que la variación salarial media lo hizo un 3,21%. El año 2022 estuvo marcado por una inflación récord, alimentada por el impacto de la guerra de Ucrania en los precios de la energía y las materias primas; y por las secuelas de la pandemia, que tensionaron las cadenas de suministro creando cuellos de botella. En paralelo, el Banco Central Europeo (BCE) inició una significativa subida de tipos de interés para contener la escalada de precios. Este contexto explica por qué en 2023 la revalorización de las pensiones se disparó hasta el 8,5%, ya que se calcula en función del IPC (Índice de Precios al Consumo) del ejercicio previo, mientras que los asalariados tuvieron que conformarse con una subida del 3,68%.

En 2024, la situación se moderó gracias a la desaceleración de la inflación, aunque en un nuevo ejercicio, las pensiones aumentaron más que los salarios, un 3,8% y 3,36%, respectivamente. Esta brecha acumulada desde 2022 muestra que la revalorización de las pensiones al IPC ha evitado una pérdida de poder adquisitivo en este colectivo, mientras que los salarios, sin ese mecanismo automático, han evolucionado por debajo del nivel de precios.

Este retroceso en el poder adquisitivo de los salarios en España es todavía más significativo si se amplía al entorno europeo. Según los datos de Eurostat —que permiten comparar la evolución del poder de compra entre los veintisiete países de la Unión Europea—, España ocupa la tercera posición entre los Estados miembros que más poder adquisitivo han perdido en 2024 respecto a los niveles de 2022. Con una variación negativa de -0,027, tan solo se sitúa por detrás de Dinamarca (-0,269) y la República Checa (-0,149).

En el extremo opuesto, países como Hungría (+28,091), Polonia (+0,254), Rumanía (+0,233) o Suecia (+0,197) han logrado avances significativos en su paridad de poder adquisitivo, ampliando su capacidad de compra relativa respecto al conjunto de la Unión. Esta divergencia pone de manifiesto que la pérdida de poder adquisitivo en España no responde a una tendencia común en Europa, sino que la ubica entre los países con peor evolución dentro del bloque comunitario.

Riesgos del blindaje de las pensiones al IPC

El responsable de Análisis Económico de BBVA Research, Rafael Domenech, advirtió en 2022 que, aunque revalorizar las pensiones con la inflación era lo deseable, se debía hacer "en un sistema que ya esté diseñado sostenible". Es decir, la actualización de las pensiones al ritmo del IPC solo es viable si no compromete la sostenibilidad del sistema a medio y largo plazo. La Seguridad Social encadena desde hace años un déficit contributivo —es decir, el déficit real del sistema cuando se excluyen del cálculo las transferencias del Estado como ingresos— a pesar del compromiso del Ejecutivo de alcanzar el déficit cero en la institución desde 2018.

En este contexto, cabe destacar que, solo en 2025, blindar las pensiones a la inflación —2,8% para el presente ejercicio— supondrá un gasto adicional al presupuesto de la Seguridad Social de 6.703,6 millones de euros. Así lo reflejan los cálculos del informe Estimación del coste de la revalorización de las pensiones y del gasto en pensiones para 2025, elaborado por el Grupo de Investigación en Pensiones y Protección Social. Un conjunto de expertos economistas de la Universidad de Valencia, la Universidad de Extremadura y la Universidad Rey Juan Carlos que desde hace años estudia la manera de hacer sostenible el pago de las pensiones.

Para poner esta cifra en perspectiva, representará el 72% del presupuesto total que utilizó el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible en el año 2024. Lo que evidencia la magnitud del impacto presupuestario que implica mantener la revalorización al ritmo de la inflación. Por ello, diversos organismos han propuesto alternativas más sostenibles. Por ejemplo, en noviembre de 2024, el director ejecutivo de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), Ángel de la Fuente, planteó la vinculación parcial de las pensiones con el IPC. Este modelo implicaría que las pensiones más altas —pero no las más bajas, a las que no se les podría recortar— se ajustasen parcialmente, asumiendo una pérdida de poder adquisitivo que ayudase a reducir el gasto total en pensiones.