El envejecimiento de la población representa uno de los principales retos a los que se enfrentan las finanzas públicas. La baja natalidad española, la jubilación de la generación del baby boom y el aumento de la esperanza de vida tensionarán el sistema de pensiones hasta alcanzar su punto álgido en 2050. Entonces, la tasa de dependencia —es decir, el índice que mide la proporción de personas dependientes (menores de 16 años y mayores de 66) respecto de la población en edad de trabajar (entre 16 y 66 años)— crecerá hasta casi el 70% (69,8%). Lo que representará un alza del 22%, desde el 47,8% actual.

Entre las posibles soluciones, la entrada de inmigrantes adquiere un papel determinante. De acuerdo con el último informe de la AIReF, para mantener la tasa de dependencia en los niveles actuales sería necesario un flujo migratorio superior a un millón de personas al año, lo que supondría que en 2050 entre un 43% y un 47% de la población residente en España sería extranjera.

De no contar con estos niveles de inmigración, los cálculos que manejan los expertos apuntan a un fuerte incremento del gasto en pensiones. "En el periodo 2022-2050, en promedio, habría que dedicar en torno a un 41% de los gastos fiscales a atender el pago de pensiones", señaló este jueves el investigador asociado de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), Jorge Onrubia, durante la Conferencia por el 40 aniversario de la institución. En esta línea, la presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), Cristina Herrero, añadió que, si no se hace nada, el déficit público se elevará al 7% del PIB y la deuda casi hasta el 130% en 2050.

La tasa de dependencia escalará del 48% actual al 70%

Este alza de las pensiones se debe a la transformación demográfica que está sufriendo España, que se explica por tres fuerzas simultáneas: la caída de la natalidad, el aumento de la esperanza de vida y la jubilación de la generación del baby boom.

Este triple fenómeno está cambiando la estructura de la población, de forma que la población mayor de 65 años cada vez representa un porcentaje más elevado sobre el total, en detrimento de los jóvenes y de la población en edad de trabajar. En este contexto, el catedrático de Economía de la Universidad CEU San Pablo, Rafael Pampillón, explica a El Independiente que “la pirámide poblacional es muy preocupante". "Actualmente, en la cohorte de 45 a 55 años hay alrededor de ocho millones de personas, mientras que en la de 25 a 35 años, apenas 5,5 millones. Esto implica que la generación llamada a sostener las pensiones será un 30% más reducida que la que se jubilará", subraya.

Este dato también se refleja en la tasa de dependencia, que a cierre de 2024 se situaba en el 47,8%. Esto quiere decir que en 2024 había 2,4 trabajadores por cada pensionista. Sin embargo, la tasa de dependencia se incrementará hasta casi el 70% (69,8%) en 2050, según ha estimado la AIReF en su informe sobre las proyecciones demográficas (2024-2070), lo que representará que habrá 1,6 cotizantes por cada pensionista.

El papel de la inmigración

En este sentido, el papel de la inmigración ha sido fundamental en la sostenibilidad de los gastos públicos a través de su alta actividad en el mercado laboral español durante los últimos años. La propia presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, destacó a finales de agosto que el "sólido desempeño del PIB de España tras la pandemia (...) se debe en gran medida a la contribución de la mano de obra extranjera".

A un ritmo de llegada promedio de 450.000 inmigrantes anuales en los últimos cinco años, España se ha consolidado como el quinto país de la OCDE que más inmigrantes permanentes legales ha recibido. Sin embargo, este ritmo de llegada no es suficiente. Para mantener la tasa de dependencia en los niveles actuales, "requeriría flujos de inmigración superiores a 1 millón de personas al año, de forma continuada, durante las próximas décadas", añaden las proyecciones de la AIReF. Lo que supondría que "los inmigrantes deberían llegar a representar en torno al 43-47% de la población total y un 63% de la población en edad de trabajar".

A esta dificultad cuantitativa se suma un problema cualitativo. Como apunta Pampillón, “en 2022, el 60% de los nativos que emigraron fueron universitarios”. Es decir, España pierde capital humano altamente cualificado que, de haberse mantenido en el país, contribuiría con salarios elevados y, por tanto, con mayores cotizaciones al sistema. En cambio, el 48% de los trabajadores extranjeros que llegan se concentran en ocupaciones de baja cualificación, lo que implica cotizaciones más reducidas.