Es el lado menos visible de la radiación, pese a ser el rastro más extendido y el más presente -en pequeñas dosis- en el día a día de miles de trabajadores. La gran fuente de riesgo radiactivo está, sin duda, en las cinco centrales nucleares y sus siete reactores que aún operan en España. Pero junto a ellas, en España alrededor de 1.300 instalaciones trabajan y conviven con elementos radiactivos a diario. A todos ellos habría que añadir los cientos de instalaciones de rayos X que existen en nuestra red sanitaria o de otro tipo.
Industrias, centros médicos, laboratorios, compañías químicas, industrias de reciclaje… conforman la red con riesgos radiactivos que requieren de tratamientos específicos. Sólo estas instalaciones al margen de las centrales nucleares generan cada año alrededor de 30 m3 de residuos radiactivos. Desechos peligrosos que proceden de hasta 300 fuentes radiactivas diferentes.
Actualmente se estima que son cerca de un millar las instalaciones operativas con un riesgo cierto de emitir algún tipo de radiación en alguno de sus procesos o actividad. En más de la mitad de los casos, el 52%, corresponde a actividades vinculadas al sector industrial, casi una tercera parte, el 30%, al ámbito médico-sanitario y el 18% restante a empresas relacionadas con actividades de investigación y docencia.
En muchas ocasiones la radiación está presente en elementos sometidos a procesos de reciclaje, a tareas de renovación de ciertos elementos o al trabajo con materiales que pueden incorporar radiación de modo natural. Es el caso de las empresas dedicadas a la retirada de viejos pararrayos que fueron fabricados con materiales radiactivos y cuyo empleo está prohibido desde 1986. En los últimos años Enresa, la sociedad pública que gestiona los residuos radiactivos en España, ha retirado hasta 23.000 pararrayos con cabezales radiactivos. Otros elementos en situación similar son los detectores iónicos de hubo, cuya retirada también debe ser controlada.
El ‘mapa’ de los centros con materiales radiactivos que deben ser vigilados y tratados correctamente sitúa a Madrid como la comunidad con mayor número de instalaciones con algún riesgo radiactivo: 198, según datos de Enresa. En la provincia de Barcelona, en Cataluña, está la segunda mayor concentración, con 130 centros de este tipo. A mucha distancia se situaría Valencia, con algo más de medio centenar y provincias con alto peso industrial como son Bizkaia, con 48, y Asturias, con 34.
Reciclaje, chatarra, industria...
En la chatarra, por ejemplo, es frecuente que se puedan detectar materiales con contenido radiactivo y que requiere ser analizado y, en su caso, retirado con control y supervisión de Enresa. Industrias como las dedicadas al reciclaje también figuran entre los sectores con riesgo significativo, en particular los dedicados a la recuperación de metales.
Cada año estos centros deben recurrir a Enresa para proceder a la retirada, para su posterior tratamiento, de estos residuos. Anualmente se llevan a cabo 150 intervenciones, retiradas de materiales peligrosos. Con todos ellos se llegan a completar entre 35 y 40 expediciones de traslado de residuos radiactivos hasta el Centro de Almacenamiento de El Cabril, en Horcachuelos (Córdoba). Se trata de un centro que almacena los residuos de muy baja, baja y media actividad.
En el caso de los residuos de alta actividad, como los generados por el combustible gastado por los reactores nucleares, son los propios centros los que por ahora deben almacenarlos en depósitos provisionales habilitados a tal efecto en sus instalaciones. Será así hasta que se ejecute el gran almacén temporal centralizado que se llegó a proyectar en Villar de Cañas (Cuenca) pero que nunca se llevó a cabo.
Entre unos y otros, cada año en España se genera un volumen importante de residuos radiactivos que siguen llenando la red de almacenamiento. A 31 de diciembre del año pasado en El Cabril el volumen de residuos acumulados alcanzaba ya los 64.592 m3. La mayor parte correspondían a residuos de baja y media actividad -36.364 m3- y otros 28.228 m3 a restos con aún menor impacto, residuos considerados de muy baja actividad.
¿Un futuro con residuos y sin almacenes?
Los depósitos de esta planta sin embargo no tendrán capacidad para absorber todos los residuos que se vayan a generar hasta el cierre previsto de las centrales –si finalmente no se revierte el plan de cierre-. Las celdas de sus instalaciones para almacenar residuos de ‘baja y media actividad’ se encuentran al 83% de su capacidad y las de baja actividad en torno del 30%.
Precisamente ejecutar proyectos de almacenamiento suficientes de cara al futuro es una de las reclamaciones que el sector nuclear viene haciendo al Gobierno. Tanto el millar de instalaciones con generación de residuos radiactivos como las propias centrales nucleares seguirán produciendo más impacto radiactivo. Enresa incluso ha realizado una proyección de su volumen, aplicando el calendario de cierre de las centrales. Inicialmente lo acordado en 2019 contemplaba un plan de cierre que se activaría en 2027 con Almaraz y culminaría en 2035 con el cierre de Valdellos II y Trillo. Hasta entonces, la generación de residuos continuaría y sería casi el doble que todos los generados hasta ahora: 153.000 m3 más que se sumarían a los casi 65.000 m3 que ya acumula El Cabril.
En ese volumen se engloban los que produciría la actividad de las centrales -63.500 m3-, los almacenados en el centro de fabricación de elementos combustible nucleares de ENUSA en Juzbado (Salamanca) -1.100 m3- y los de los centros que también emplean o trabajan con elementos radiactivos -31.700 m3 más-.
Sin embargo, el origen mayoritario procedería de los procesos de desmantelamiento de las centrales que se debería llevar a cabo si finalmente se ejecuta el plan de desnuclearización que a día de hoy sigue en vigor. Las empresas propietarias han solicitado al Gobierno reconsiderar los primeros cierres, el de Almaraz, y aplazarlo por ahora de 2027 a 2030. Por el momento, el Ejecutivo no se ha pronunciado y remite al pertinente informe que debería emitir el Consejo de Seguridad Nuclear.
Tres centrales en desmantelamiento
Desmantelar las cinco centrales generaría nada menos que 138.200 m3 de residuos radiactivos que habría que tratar y controlar. Un proceso complejo si se tiene en cuenta los plazos que conllevan este tipo de actuaciones en los que la radiación está tan presente. Enresa estima que desmantelar una central requiere al menos de diez años de trabajos. En el caso de Valdellós incluso se señala que el plazo sería aún mayor: 15 años. Y a todo ello se debe sumar que en ningún caso el desmantelamiento físico se iniciaría hasta haber transcurrido tres años desde el cese de actividad nuclear de una central.
Por ahora los proyectos de desmantelamiento que se contemplan siguen la referencia de los llevados a cabo en los casos de la primera central operativa que hubo en España, la central nuclear de José Cabrera, en Guadalajara y la de Valdellós II, en Tarragona. Ambas continúan en distintas fases de sus procesos de desmantelamiento, al igual que la central de Santa María de Garoña, en Burgos, que cesó su actividad en 2013.
La central José Cabrera comenzó su actividad en 1969 y funcionó hasta 2006. Cuatro años más tarde, en 2010, Enresa inició el proceso de desmantelamiento, que se había previsto que se prolongará ocho años. Los residuos están en un Almacenamiento Temporal Individualizado.
El caso de Valdellós I es singular. Su cierre se precipitó en 1989 tras haber sufrido un incendio que aconsejó su clausura. Esa clausura no programada provocó que no existieran aún almacenes donde poder depositar aquellos restos radiactivos. Se tuvo que buscar ayuda en Francia, donde desde entonces una empresa almacena los restos. La previsión inicial era poder disponer en 2010 las instalaciones necesarias para repatriar ese material, pero por el momento no existe. Se estima que el coste diario por almacenar en Francia aquellos restos ronda los 82.500 euros.
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