En la presentación del nuevo plan estratégico de Telefónica, que tuvo lugar esta semana, Emilio Gayo, CEO de la operadora, hizo equilibrismos cuando se le preguntó directamente por la posibilidad de que la empresa ejecute un ERE, como se viene especulando desde hace meses. Pero lo cierto es que no negó ni mucho menos esa posibilidad, como sí hicieron con otros rumores.

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"En los números que hemos dado de los 2.300 millones de euros de ahorros para el año 2028, de los cuales casi el 75% son 'opex' (gastos operativos, entre los que se encuentran los gastos salariales), hemos incorporado todos aquellos ahorros que creemos factibles hacer. Cuando digo todos, son todos", aseguró Gayo cuando se le cuestionó por este tema por primera vez.

"Respecto a la pregunta concreta (sobre un posible ERE) de si en esos ahorros hay incluidos temas que tienen que ver con personas, lo que podemos decir es que lo haremos siempre de la mano de los representantes de los trabajadores", apuntó el directivo cuando se le repreguntó por lo mismo.

Fuentes sindicales señalan a este diario que, si finalmente Telefónica decide ejecutar un ERE, "lo normal" sería que se anunciara pronto, para poder incluir los costes de ese recorte de plantilla dentro de los resultados financieros de 2025, que se perfila como un "mal año" para la compañía. Recordemos que en las últimas cuentas, publicadas también esta semana, se recogía que desde enero hasta septiembre las pérdidas totales suman 1.080 millones de euros.

"Eso implica, según la legislación, que si Telefónica presenta el ERE no puede alejarse mucho de estas fechas", insisten las mismas fuentes, que detallan que la operadora tendría 15 días como máximo para constituir las mesas negociadoras con la representación legal de los trabajadores (RLT) y contaría con un plazo de 30 días para negociarlo.

Otras voces comentan que, aunque el plan estratégico no hablaba en profundidad de temas sociales, y por tanto no hubo ningún anuncio "preocupante", el ambiente que hay en los pasillos de la sede de Las Tablas es que "va a haber un ERE y va a ser ya", aunque recalcan que no se les ha comunicado nada aún oficialmente.

La posibilidad de vetar trabajadores

En el último ERE de Telefónica (firmado a finales de 2023 y ejecutado en 2024) que implicó la salida de 3.420 trabajadores, la compañía y los sindicatos firmaron un convenio colectivo de empresas vinculadas (CEV), que recoge que gran parte de la plantilla de España (unas 16.000 personas que pertenecen a las tres filiales principales: Telefónica de España, Móviles y Soluciones) tiene aseguradas sus garantías laborales hasta el 31 de diciembre de 2026. En otras palabras: existe una especie de blindaje 'anti-ERE' hasta esa fecha que, no obstante, podría adelantarse si los sindicatos llegan a un acuerdo con la operadora.

Para sentarse a negociar, los propios sindicatos ya han dejado claro cuáles serían sus principales reclamaciones. UGT, por ejemplo, pediría como mínimo las mismas condiciones que en el anterior plan de salidas, con una voluntariedad del 100%, la "máxima universalidad posible", prejubilaciones y un "mismo rango de afectaciones y una misma cobertura del plan de pensiones". "Si deciden hacerlo, nuestras condiciones están marcadas", afirman desde el sindicato, que visualiza que ese recorte de plantilla se ejecutaría como ERE y no como Plan de Suspensión Individual (PSI) por razones fiscales, aunque insisten en que no ven necesario acometerlo.

CCOO también pone como condición básica —además de la voluntariedad, que pueda enlazarse con las jubilaciones y unas condiciones económicas "suficientes"— la universalidad. Pero ese requisito choca con los vetos que Telefónica impuso en el pasado a algunos trabajadores en procesos similares.

Por ejemplo, en el último ERE la compañía vetó cerca de 250 solicitudes por corresponder a empleados de áreas críticas o a departamentos en los que se había cubierto el máximo de salidas previsto. De hecho, el acuerdo entre empresa y sindicatos establecía específicamente que tan solo un máximo del 35% de las salidas podrían corresponder a áreas críticas de cada una de las filiales afectadas.

"Si es posible, intentaremos que no haya vetados o sean los mínimos", aseguran desde UGT. "Pero por encima de nuestros deseos tiene que estar el futuro de la compañía, que tiene que basarse en un proyecto sólido. Para que haya estabilidad laboral y social la empresa tiene que tener dimensionados adecuadamente aquellas unidades de futuro tecnológico. Así que podríamos entender que hubiera áreas críticas, como las ligadas a la IA o la ciberseguridad", añaden.

"Nosotros estamos en contra de que haya vetos", aseveran desde CCOO. "Lo ideal es que sea voluntario y universal, que todo el mundo se pueda apuntar y que salgan solo los que se quieran ir. Pero ahí tendremos un punto de discusión, porque es lógico que si Telefónica considera que hay actividades críticas no quiera prescindir de ese bloque", sostienen.

Hace un mes, Telefónica cerró con UGT y CCOO el primer 'marco social' de la compañía, que servirá para unificar los derechos y compromisos de toda la plantilla del grupo en España, con independencia del convenio que se le aplique a cada trabajador. En las últimas semanas había programadas elecciones sindicales, que estuvieron salpicadas por los rumores del ERE, pero aún quedan por celebrarse las territoriales de Telefónica Soluciones, que tendrán lugar el próximo 12 de noviembre y podrían ser claves para formar la mesa negociadora en caso de que se confirme el recorte de plantilla. Así que podría haber noticias después de esa fecha.

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