El Ministerio de Función Pública ha reunido este martes a los tres principales sindicatos entre los empleados públicos —CSIF, CCOO, UGT— para abordar las líneas maestras de la nueva negociación en materia de empleo público. Fuentes sindicales de la mesa consultadas por El Independiente señalan que la reunión ha sido "productiva", aunque advierten de que "hasta que no veamos la propuesta salarial y de conjunto, mantendremos la tensión", en alusión a la huelga general de funcionarios planteada por los tres sindicatos para diciembre si no alcanzan un nuevo acuerdo con el Gobierno que sustituya el anterior, que expiró al cierre de 2024.

Durante la reunión, el Ministerio expuso una serie de propuestas orientadas a revitalizar la plantilla de funcionarios y agilizar el acceso a la función pública, aunque ha habido un gran ausente: la temporalidad. "Entendemos que esta cuestión se abordará en un grupo específico", apuntan los sindicatos, en referencia a la Comisión de seguimiento de reducción de la temporalidad. Sin embargo, esta mesa "no tiene fecha todavía", pese a que sobre ella existe una presión evidente.

La Comisión Europea descontó 620 millones de euros del quinto desembolso de fondos europeos tras constatar el incumplimiento del Gobierno en el objetivo de reducir la interinidad. Y es que, según datos de la última Encuesta de Población Activa (EPA), el número de empleados públicos temporales se ha situado en los 954.600, lo que equivale al 27% del total de la plantilla pública. Un dato que refleja que, desde el año 2021, tan solo se ha recortado la temporalidad un 3,9%, cuando representaba el 30,9%.

Agilizar los procesos selectivos

Fuera del debate sobre la temporalidad, la reunión sí dejó avances en varios frentes. Isabel Araque, secretaria general de UGT Servicios Públicos, explicó tras la reunión en declaraciones a los medios de comunicación que Función Pública quiere agilizar los procesos selectivos de personal, "tanto en el empleo de nueva creación como en el de promoción interna".

En este sentido, fuentes de CSIF han exigido que la demora de estos procesos "en ningún caso debe ser superior a un año", ya que actualmente pueden llegar a los tres años desde que se oferta una plaza y hasta que se cubre. Por su lado, en la promoción interna, desde CSIF reclaman "reservar un cupo de plazas del 50% en las diferentes ofertas de empleo público (OEP) y regularlo por concurso de méritos".

No obstante, los sindicatos recuerdan que agilizar los procesos no resolverá por sí solo el problema de fondo e insisten en que las ofertas de empleo público ordinarias siguen siendo "escasas y lentas", lo que obliga a las administraciones a seguir recurriendo a interinos para cubrir necesidades permanentes. Una escasez de personal que se agrava cada año con las jubilaciones de una plantilla envejecida: apenas un 20% es menor de 40 años, el 56% de los empleados públicos tiene más de 50 y otro 20% está ya cerca de la jubilación. Y es aquí donde entra la otra gran traba del sistema: la tasa de reposición.

Reemplazar "de manera progresiva" la tasa de reposición

La tasa determina el porcentaje de plazas vacantes que una administración pública puede cubrir con nuevo personal, calculada en función del número de bajas del año anterior —jubilaciones, fallecimientos, renuncias, etc.—. Su eliminación fue una de las promesas del anterior ministro y actual gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá. Sin embargo, no ha sido hasta ahora cuando Función Pública ha abierto la puerta para modificarla.

Según fuentes de CSIF, el Ministerio se muestra dispuesto a reemplazar "de manera progresiva" la tasa de reposición vigente por "un mecanismo alternativo de planificación de efectivos, basado en criterios objetivos y previsiones de personal". Y aunque el sindicato valora positivimante el movimiento, también lo considera "insuficiente".

"Si queremos acabar definitivamente con el abuso de la temporalidad se debe suprimir directamente la tasa de reposición y hacer un estudio de las necesidades de las plantillas. Esto no significa barra libre en la contratación, sino reforzar aquellos ámbitos en los que sea necesario", señalan desde CSIF, a lo que añaden que Función Pública "va a valorar una redacción" para incorporar esta propuesta al texto final.

Salud laboral, igualdad y nuevas medidas organizativas

Además, entre las medidas tratadas, también se abordaron cuestiones organizativas y de condiciones laborales que van más allá del acceso a la función pública. Sobre la mesa se situó la necesidad de desbloquear la jubilación parcial en la Administración y la actualización de complementos de residencia e insularidad para cubrir puestos de difícil cobertura por el coste de la vida.

También se debatieron medidas orientadas a reforzar los capítulos de salud laboral y prevención de riesgos, incluyendo protocolos frente a agresiones y mecanismos de acompañamiento psicológico. En este sentido, el Ministerio mostró disposición a avanzar en mejoras de igualdad y no discriminación, con propuestas como incorporar la figura del delegado de Igualdad en las administraciones públicas para mejorar la protección y acompañamiento de los empleados víctimas de esta violencia.

Por su lado, la cuestión salarial, uno de los puntos con mayor tensión negociadora, será debatida el próximo 19 de noviembre, cuando el Gobierno presentará su propuesta de subida retributiva para el año 2025 y hasta 2028. Función Pública ha trasladado que está dispuesto a cerrar un acuerdo antes de que concluya 2025, y las organizaciones sindicales consideran esa cifra determinante para desactivar la huelga de diciembre si finalmente se alcanza un pacto conjunto.