Tras el fracaso del encuentro del miércoles, el Ministerio de Función Pública se ha reunido de nuevo este jueves con los tres principales sindicatos entre los empleados públicos—CSIF, UGT y CCOO— en la que supone la cuarta cita desde que el departamento que dirige Óscar López reactivó el diálogo con el colectivo tras la amenaza de huelga general de funcionarios lanzada por las organizaciones sindicales. Durante la reunión, Función Pública anunció que la nueva propuesta constituye su oferta definitiva y emplazó a los sindicatos a analizarla internamente antes de la próxima mesa de negociación, prevista para el lunes 24 de noviembre.

El rechazo de los sindicatos a la propuesta inical —un incremento salarial del 10% que se repartiría en el periodo 2025-2028— llevó a Función Pública a reunirse con el Ministerio de Hacienda, que le ha permitido elevar su propuesta un punto porcentual, hasta el 11% a repartir en el periodo 2025-2028, aunque "el porcentaje final podría ser un 11,5% por el efecto arrastre de la contabilidad al final de las subidas", según ha adveritdo CSIF.

Además, el secretario general de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO, Lucho Palazzo, ha comentado que la nueva oferta representarían 2.000 millones de euros más que la presentada este miércoles y en total supondrían 222.000 millones de euros.

No obstante, el porcentaje para los ejercicios 2025 y 2026 no podrá ser ser superior al 4%, lo que podría implicar una pérdida de poder adquisitivo ya que la inflación en 2025 cerrará en el entorno del 2,6%. Por su lado, el incrmento restante se repartiría entre 2027 y 2028, hasta completar el 11%.

Esta estructura salarial ya había sido cuestionada por las organizaciones sindicales cuando la oferta era del 10%. Entonces, advirtieron de que los dos primeros años del acuerdo supondrían una pérdida real para los empleados públicos y que, por tanto, no podían aceptarla.

En este línea, la secretaria nacional de negociación de CSIF, Milagros Dorronzoro, ha inistido en que su sindicato pondrá "el acento en la subida del año 2025 y 2026, fundamentalmente, por seguridad jurídica" y señaló que el reparto del 4% entre ambos ejercicios "sigue siendo absolutamente insuficiente porque condena una vez más a los empleados públicos a seguir perdiendo poder adquisitivo". De hecho, el sindicato ha advertido de que "si se mantiene el 4% para los dos primeros años, tendremos que volver a las calles".

Pese a estas objeciones, el Ministerio ha comunicado que no existe margen para una propuesta alternativa, al considerar que la regla de gasto impide plantear mayores incrementos. Por ello, les ha pedido a los sindicatos que consulten internamente la oferta antes de fijar su posición definitiva.