Durante el Consejo de Ministros del pasado martes, la presentación de la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, del techo de gasto público para los Presupuestos Generales del Estado de 2026, acaparó todo el protagonismo. No obstante, aunque no se hizo referencia a ello durante la comparecencia, Hacienda también tuvo que aprobar nuevas transferencias a la Seguridad Social para poder hacer frente al pago del Ingreso Mínimo Vital (IMV) y los complementos de las pensiones mínimas. Concretamente, por un importe de 701,4 millones de euros, según consta en la referencia del Consejo de Ministros.

Para financiar el Ingreso Mínimo Vital, Hacienda ha transferido 558,1 millones de euros, mientras que para pagar los complementos de las pensiones mínimas ha desviado otros 143,3 millones. La justificación que ha esgrimido el Gobierno es que estos pagos se corresponden con prestaciones "de naturaleza no contributiva" y que, por tanto, deben ser financiadas "mediante aportaciones del Estado al presupuesto de la Seguridad Social".

Las transferencias que realiza el Estado desde los Presupuestos Generales a la Seguridad Social son un indicador clave sobre el nivel de sostenibilidad de las finanzas públicas. A mayor cantidad transferida, mayor necesidad de financiación y, por tanto, menos sostenibilidad del organismo demandante.

Pues bien, las nuevas aportaciones realizadas en noviembre se sumarán a una tendencia de incremento sostenido de las transferencias durante el presente año. En concreto, en el acumulado hasta septiembre, ya ascienden hasta los 38.926,89 millones de euros, lo que representa un incremento del 100,6% respecto al mismo periodo de 2024.

El truco contable de Seguridad Social

El sistema de la Seguridad Social se compone de dos bloques. Por un lado, están las prestaciones no contributivas —como los complementos de las pensiones mínimas o el Ingreso Mínimo Vital—, destinadas a quienes no han cotizado lo suficiente. Y por otro lado, se encuentran las presataciones contributivas —como las pensiones de jubilación o las incapacidades temporales—.

De acuerdo con el Pacto de Toledo, el gasto no contributivo debe financiarse mediante transferencias, mientras que el contributivo debe cubrirse por medio de las cotizaciones sociales de los trabajadores y las empresas. Sin embargo, los datos de la Ejecución Presupuestaria de la Seguridad Social hasta septiembre revelan que esta división teórica no se traduce en un equilibrio presupuestario.

En los nueve primeros meses del año, la caja conjunta de la Seguridad Social entre ambos conceptos se ha anotado un superávit de 2.974 millones de euros. Sin embargo, ese resultado positivo esconde dos saldos opuestos. Por un lado, los ingresos por cotizaciones sociales ascendieron hasta los 132.084,8 millones frente al gasto de 151.124,3 millones en prestaciones contributivas, lo que supone un déficit de 19.040 millones de euros. En paralelo, el gasto en prestaciones no contributivas alcanzó los 20.791 millones, frente a unas transferencias que sumaron 42.805 millones de euros, lo que arroja un saldo de superávit de 22.014 millones por el lado no contributivo.

Es decir, el superávit global de la Seguridad Social se logra porque el excedente de las transferencias del Gobierno compensa el agujero del lado contributivo, pero no porque exista un superávit real, ya que el agujero del lado contributivo debe financiarse mediante la emisión de deuda pública. Dicho de otro modo, el sistema no logra autofinanciarse con sus ingresos propios, sino que depende crecientemente del apoyo presupuestario estatal.

La AIReF cuestiona el uso de transferencias

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha advertido en varias ocasiones que incluir las transferencias del Estado como si fueran ingresos ordinarios del sistema distorsiona la evaluación real de la sostenibilidad de la Seguridad Social. En la elaboración de su última Opinión sobre la sostenibilidad de las Administraciones públicas a largo plazo, el Gobierno pidió al organismo supervisor que contabilizara dichas aportaciones públicas como fuente de financiación. Sin embargo, la AIReF sostuvo que estas transferencias no podían considerarse ingresos propios del sistema, ya que dependían directamente de decisiones presupuestarias del Estado y no de su verdadera capacidad recaudatoria.

Tras las críticas del organismo y la presión de Bruselas, el Ejecutivo aceptó que la AIReF realizase un nuevo examen excluyendo estas transferencias del cálculo. Pero, según ha adelantado El País, el organismo ha decidido paralizar temporalmente este análisis al considerar que el formato impuesto por el Gobierno —a través de un "informe" definido por decreto— no se ajusta a las competencias establecidas por su ley orgánica.