La oposición agrícola al acuerdo comercial entre la Unión Europea y Marruecos escala tras la votación en Estrasburgo. La enmienda que buscaba frenar la modificación del convenio —especialmente en lo referido al etiquetado de productos procedentes del Sáhara Occidental— fue rechazada este miércoles por un solo voto. El resultado ha reforzado el malestar de la organizaciones agrarias que denuncian un marco comercial que, denuncian, consolida el acceso preferencial de productos cultivados en un territorio que la ONU considera “no autónomo y pendiente de descolonización”.
COAG denuncia el aval político del PSOE al etiquetado marroquí
La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) ha lamentado la derrota parlamentaria y habla de “oportunidad perdida” para corregir lo que considera un fallo estructural del acuerdo. Andrés Góngora, responsable de frutas y hortalizas de la entidad, ha criticado que eurodiputados españoles —en concreto del PSOE— votaran en contra de sendas objeciones presentadas por PP y Vox. A su juicio, ese gesto político contribuye a legitimar un marco comercial que permite comercializar en la UE productos saharauis bajo la etiqueta “Marruecos”.
Góngora ha subrayado, no obstante, que la diferencia fue mínima y que existe sostén “casi transversal” en distintos grupos políticos europeos. COAG apunta que el trabajo de presión institucional está dando resultados y que el procedimiento no está cerrado: “aún quedan pasos legislativos y nuevas votaciones en las próximas semanas”. El objetivo declarado es impedir la ratificación definitiva del acuerdo modificado.
Francia: acción directa en Perpiñán y denuncia contra Azura
El rechazo al acuerdo no se limita al terreno institucional. Este miércoles, cerca de 60 agricultores de la Confédération Paysanne irrumpieron en el centro logístico de Azura en Perpiñán (Francia), considerado uno de los principales puntos de entrada de frutas y hortalizas procedentes del Sáhara Occidental hacia el mercado europeo. Los manifestantes bloquearon la actividad durante varias horas y denunciaron lo que consideran una competencia desleal basada en menores costes laborales y ambientales.
La acción fue acompañada por una demanda civil contra Azura y su filial Maraissa por presunto fraude fiscal en derechos de importación. El sindicato acusa a la compañía de introducir en Europa productos etiquetados como marroquíes pese a proceder, según su denuncia, del Sáhara Occidental, un territorio ocupado sin reconocimiento internacional. La organización afirma que los márgenes logrados con ese sistema presionan a la baja los precios internos y afectan directamente a la producción francesa.
Advertencias del sector hortofrutícola europeo
Tres grandes organizaciones europeas —Copa-Cogeca, Areflh y Eucofel— han trasladado al Parlamento Europeo su preocupación por la reforma del acuerdo. En una carta conjunta, advierten de que el nuevo régimen de etiquetado permitiría sustituir las menciones explícitas al Sáhara Occidental por referencias territoriales marroquíes, lo que consideran una violación de sentencias previas del Tribunal de Justicia de la UE. A su juicio, eso generaría confusión en el consumidor y abriría un precedente que podría replicarse en otros ámbitos comerciales.
El sector productor insiste además en que la liberalización agrava la presión competitiva que ya soportan los agricultores europeos por el incremento de importaciones a menor coste. Alertan de que los estándares sociales y ambientales aplicados en el Sáhara Occidental no son equiparables a los exigidos en la UE y que las garantías de control quedarían en manos de autoridades marroquíes. Reclaman mecanismos de reciprocidad, cláusulas espejo y herramientas de salvaguarda que protejan a los productores comunitarios.
“A pesar de los años de peticiones del sector en favor de la reciprocidad, las cláusulas espejo y los mecanismos de salvaguardia sólidos, la Comisión no ha reformado el acuerdo ni ha atendido estas demandas de larga data, lo que deja a los productores de la UE vulnerables a la competencia distorsionada y a la inestabilidad del mercado”, reseña la misiva. “No se puede pedir a los productores europeos que compitan en un sistema que oculta los orígenes, debilita las normas y hace caso omiso de las sentencias de los tribunales”, agrega.
Un conflicto en escalada y con final abierto
El avance del acuerdo no está cerrado y su ratificación requiere nuevas decisiones parlamentarias. Hasta entonces, las organizaciones agrarias han anunciado que mantendrán la presión tanto en el terreno institucional como mediante movilización social. COAG continuará con acciones de incidencia política en Estrasburgo y Bruselas; la Confédération Paysanne no descarta nuevos bloqueos y ampliación de denuncias; y las asociaciones europeas del sector han pedido explícitamente rechazar el nuevo régimen de etiquetado.
El sector cuestiona la legalidad del comercio con un territorio sin estatus político resuelto; el impacto económico y competitivo sobre los productores europeos; y la transparencia del origen de los alimentos para el consumidor.
Te puede interesar