La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) ha presentado este miércoles su Estudio Económico sobre España (2025) en el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa de la mano del ministro titular, Carlos Cuerpo, y del secretario general de la OCDE, Mathias Cormann. El documento hace un análisis de la situación económica actual de España y examina los principales retos a los que se enfrenta en las próximas décadas. Entre ellos, la OCDE pone el foco en el impacto "social, económico y fiscal" que tendrá en el largo plazo el envejecimiento de la población, que consideran el principal riesgo para la sostenibilidad de las cuentas públicas a medio y largo plazo.

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Aunque reconoce que las finanzas públicas "han mejorado gracias a la disminución de la deuda pública desde 2021", el organismo advierte de que "sigue siendo elevada" —actualmente se sitúa en el 103,4% del PIB— y alerta de "un aumento de las presiones fiscales a largo plazo, impulsadas principalmente por el envejecimiento de la población y el aumento del coste de las pensiones", así como los gastos asociados al cambio climático y a defensa. En este contexto de creciente presión demográfica, la OCDE señala que algunas políticas públicas desincentivan la reincorporación al mercado laboral, lo que agrava el problema estructural del envejecimiento, como es el caso del subsidio para mayores de 52 años.

De hecho, el secretario general de la OCDE enfatizó durante la presentación del informe que: "El 70% de todos los beneficiarios de la asistencia por desempleo tienen 50 años o más —mientras que en 2017 representaban el 52%—, y muchos de ellos acaban, en la práctica, transitando hacia la jubilación en lugar de intentar reincorporarse al mercado laboral". Una crítica que la OCDE vincula al diseño del subsidio para mayores de 52 años, ya que considera que sus condiciones —más ventajosas que las del resto de desempleados— no solo reducen los incentivos para volver al trabajo, sino que además generan un trato desigual por razón de edad.

Discriminación entre los parados

Una de las características del mercado laboral español es que el paro de larga duración afecta con mayor intensidad a los trabajadores de mayor edad, los sénior. Un colectivo especialmente vulnerable al estar más próximos a la jubilación y que tiene mayores dificultades para reinsertarse en el mercado laboral. Y es precisamente por este motivo por el que los distintos gobiernos han buscado ofrecerles una protección específica.

Sin embargo, esta prestación presenta un diseño excepcional frente al resto de ayudas por desempleo: tiene una duración ilimitada, se concede sin que se requiera una comprobación de los recursos a nivel familiar —solo individual— y, además, permite al beneficiario seguir cotizando a la Seguridad Social por el 125% de la base mínima, pese a encontrarse en situación de desempleo.

"Esto contrasta con las normas aplicables a los trabajadores más jóvenes, para quienes el programa tiene una duración limitada —de 3 a 30 meses—, se somete a una comprobación de recursos a nivel del hogar y no incluye cotizaciones a la Seguridad Social", apunta el organismo de los países desarrollados. Por ello, insta al Gobierno de España a "reformar esta ayuda por desempleo no contributiva para que los trabajadores de todas las edades reciban el mismo apoyo", al menos, limitando la duración de la prestación hasta el periodo de acumulación de derechos de pensión hasta un máximo de dos años.

Como ya se ha mencionado, la OCDE advierte de que la generosidad del subsidio puede tener efectos contraproducentes sobre la activación laboral; sin embargo, enfatiza que este efecto es especialmente perjudicial en el caso de personas con salarios potenciales bajos. Según las estimaciones Según las estimaciones recogidas en el estudio, un desempleado de 52 años que se plantea aceptar un empleo con Salario Mínimo puede llegar incluso a perder dinero al volver a trabajar: al aceptar el puesto deja de cobrar el subsidio y pierde también las cotizaciones a la pensión que el Estado ingresa por él (equivalentes al 125% de la base mínima), de modo que el valor de todo lo que renuncia supera a lo que gana con su nuevo sueldo. En la práctica, eso se traduce en una "tasa fiscal" efectiva superior al 100% y actúa como un desincentivo directo para reincorporarse al mercado laboral.

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