Más de tres millones y medio de empleados públicos se verán favorecidos por el nuevo acuerdo salarial alcanzado entre el Gobierno y las organizaciones sindicales. Tras varias semanas de negociaciones, el pacto firmado a finales de noviembre de 2025 pone fin a la congelación salarial vigente desde 2024 y establece una revalorización acumulada del 11,4 % hasta 2028. Este incremento representa uno de los compromisos retributivos más relevantes de los últimos años y marca un punto de inflexión para la función pública, que llevaba tiempo reclamando una actualización de sus salarios.

Un proceso negociador marcado por la tensión

Las conversaciones entre el Ministerio de Función Pública y los sindicatos UGT, CCOO y CSIF estuvieron cargadas de presión y distintas posiciones estratégicas. La propuesta inicial del Gobierno, que planteaba un aumento del 10 %, fue rechazada por CSIF y considerada insuficiente por CCOO, que insistió en que el alza debía responder al encarecimiento del coste de la vida y años de pérdida de poder adquisitivo.

UGT, en cambio, aceptó desde el primer momento la base del planteamiento gubernamental, lo que facilitó el desbloqueo de la negociación. Tras un intercambio intenso en la fase final, el Ejecutivo elevó la oferta hasta alcanzar el 11 % y, posteriormente, tras los últimos ajustes, se llegó al 11,4 % que recoge el acuerdo definitivo.

Calendario de aplicación de las subidas hasta 2028

El pacto establece un sistema de incrementos progresivo que busca recuperar parte del poder adquisitivo perdido durante la última década y ofrecer previsibilidad a los funcionarios y demás empleados públicos. En 2025 se efectuará un único pago en diciembre que compensará con efecto retroactivo la subida del 2,5 % correspondiente a todo el año.

A partir de enero de 2026, el salario se incrementará un 1,5 % fijo, al que podrá añadirse un 0,5 % variable si la evolución del IPC lo permite, junto con los incrementos ya previstos en acuerdos anteriores. En 2027 se aplicará un aumento del 4,5 %, que podrá ajustarse si ya se hubiera abonado la parte variable, y en 2028 se añadirá el incremento final del 2 %, completando así el 11,4 % pactado.

El impacto real en las nóminas por grupos profesionales

Las proyecciones salariales permiten estimar cómo afectará la subida en los distintos grupos. En el subgrupo A1, los empleados públicos podrían alcanzar incrementos anuales superiores a los 3.800 euros, situando su retribución en torno a los 37.800 euros en 2028. En el grupo B, el aumento rondaría los 3.400 euros, y en los grupos C1 y C2 también se prevén subidas significativas, aunque condicionadas a complementos y antigüedad. Estas mejoras suponen un avance para la recuperación del poder adquisitivo, después de años marcados por subidas muy limitadas y periodos de congelación.

Avances laborales más allá del salario

El acuerdo no se limita al aspecto económico, sino que incorpora mejoras estructurales destinadas a modernizar la Administración pública. Entre ellas destaca la eliminación progresiva de la tasa de reposición, medida que permitirá cubrir plazas según necesidades reales y reducir la temporalidad. También se prevé agilizar los procesos selectivos para acelerar la cobertura de vacantes, reforzar servicios con alta carga de trabajo y revisar los complementos vinculados a residencia, insularidad o dietas. Además, el Gobierno y los sindicatos han mostrado su compromiso con la ampliación del teletrabajo, el avance hacia una jornada de 35 horas y la implantación de nuevas medidas de conciliación, igualdad y salud laboral.

Un pacto que redefine el futuro de la función pública

El acuerdo salarial 2025-2028 supone un avance decisivo para millones de empleados públicos que verán cómo sus retribuciones se actualizan de forma sostenida al tiempo que se introducen mejoras en la estructura y gestión del empleo público. La modernización de procesos, la reducción de la temporalidad y la recuperación salarial configuran un escenario más estable y atractivo para el conjunto de la Administración, que aspira a fortalecer su capacidad de servicio y adaptación a las necesidades ciudadanas.