Este martes, el Congreso de los Diputados ha acogido una jornada de debate sobre el Pacto de Toledo, enfocado en la solidaridad intergeneracional como garnatía del futuro del sistema de protección social. Ocho expertos de distintos ámbitos han participado en la sesión, marcada por la idea de que, "al hablar del sistema de pensiones, hay una ecuación que es insoslayable: trabajo, salarios y cotización", según resumió el diputado del PNV, Íñigo Barandiaran. Refiriéndose, en esencia, a la cantidad y calidad del empleo, al peso de las rentas del trabajo sobre el PIB y a las cotizaciones sociales derivadas de ambos conceptos. Pues bien, si se analizan en detalle estos tres factores, se aprecia un significativo desequilibrio en su evolución reciente.

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Tomando 2017 como año base, las cotizaciones sociales a cargo de las empresas se han incrementado un 31,3%, seis puntos por encima de la evolución de los salarios en el mismo periodo, que lo han hecho un 25,29%, según los datos de la Encuesta Trimestral del Coste Laboral que publica el Instituto Nacional de Estadísticas (INE). Además, pese a que los buenos datos de ocupación han registrado niveles récord en los últimos años y se han convertido en uno de los principales indicadores destacados por el Gobierno, el crecimiento del empleo —un 18,43% acumulado desde 2017 de acuerdo con la Encuesta de Población Activa— también se sitúa por debajo de las cotizaciones, hasta el punto de que el avance de éstas prácticamente duplica el crecimiento del empleo.

Este diferencial no es neutro. Como explica para El Independiente el catedrático de Organización de Empresas de la Universidad CEU San Pablo, José Ignacio López Sánchez, el aumento de las cotizaciones tiene "más efectos negativos que positivos". El beneficio evidente es que la Seguridad Social recauda más, pero la contrapartida es que se incrementa el coste laboral sin que ni el trabajador ni el empresario reciban una compensación directa: el trabajador no ve un cambio en su salario y el empresario asume una carga social creciente.

A medio y largo plazo, esto puede influir en decisiones de contratación y en la calidad del empleo, ya que el coste del trabajo crece por encima del salario que recibe el empleado. En la práctica —añade el catedrático—, las rentas salariales se desvían hacia un aumento de la recaudación de la Seguridad Social, "pero no se traducen en una mejora inmediata ni para quienes trabajan ni para quienes generan ese empleo".

¿Hasta dónde pueden subir las cotizaciones?

Otros expertos presentes en la jornada se movieron en la misma línea que López Sánchez. El doctorando en Economía y Empresa de la Universidad CEU San Pablo, Iván Campuzano, subrayó que el debate tenía que ser "realista" y debía empezar al "poner los datos encima de la mesa" y preguntarse: "¿hasta dónde pueden subir las cotizaciones?, ¿cuál es su límite?". Durante esta intervención, recordó que la recaudación vía cotizaciones en España se encontraba por encima del promedio de la Unión Europea, lo que a su juicio, "nos hace menos competitivos y, por lo tanto, no nos permite atraer talento ni empresas, que son la base de esa suficiencia para que el sistema de pensiones siga funcionando".

Desde una perspectiva contraria, el exsecretario general de CCOO de Cataluña, Joan Coscubiela, defendió que el coste del trabajo está sobredimensionado: "No hay ningún estudio, ningún dato que permita afirmar que España tiene un problema de sobrecostes laborales".

Sin embargo, la evolución reciente del coste laboral que recoge el INE sí muestra un comportamiento desigual entre sus componentes, con las cotizaciones avanzando a un ritmo mayor que los salarios y que el propio empleo. Y a este contraste se suma la advertencia de la propia Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que el pasado miércoles publicó un informe sobre la situación económica de España en el que alertaba de que recurrir a nuevos incrementos de cotizaciones para financiar el aumento del gasto en pensiones "aumentaría aún más la cuña fiscal del trabajo y podría perjudicar el empleo", por lo que recomendaba explorar otras vías de ajuste como vincular parte del sistema a la esperanza de vida o ampliar el periodo de cómputo.

De hecho, instaba al Gobierno a "reequilibrar la composición impositiva hacia impuestos menos distorsionantes". Según la OCDE, en 2023, la recaudación total representó el 37,3% del PIB, por encima del promedio de la OCDE (33,9%), causado por una "carga elevada de los impuestos sobre el trabajo, que podría desincentivar el empleo y la creación de puestos de trabajo". Y en paralelo, matizaba que España obtenía menos ingresos por impuestos sobre el consumo —como el IVA— que los países de su entorno. Por ello, la Organización incentivaba a una reforma fiscal integral que reequilbrase la cesta de los impuestos.

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