El pasado jueves, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, advirtió de que, según las previsiones de su organización, en 2025 se superarían los 32.000 millones de euros en costes por el absentismo laboral, de los que 16.000 millones los tendría que desembolsar la Seguridad Social. Sin embargo, el Ministerio de Seguridad Social ha publicado este lunes el gasto acumulado derivado de los subsidios por incapacidad temporal y han alcanzado los 16.642 millones de euros hasta noviembre. Es decir, el gasto estimado por la patronal ya se ha alcanzado antes de cerrar el ejercicio, con un incremento del 13,7% respecto al mismo periodo de 2024.

PUBLICIDAD

Este repunte del gasto responde al aumento de las bajas por contingencias comunes, es decir, aquellas que no se producen durante la jornada laboral ni en los desplazamientos al trabajo. Este tipo de incidencias se han incrementado en 220.708 procesos nuevos iniciados entre enero y septiembre de 2025 respecto de los 6,37 millones que se registraron en el mismo periodo de 2024. Por el lado contrario, las contingencias profesionales —las derivadas de accidentes laborales— se han reducido en 35.936 procesos iniciados menos que en los nueve primeros meses de 2024, hasta situarse en los 488.760 en 2025.

No obstante, el impacto del aumento de las bajas no se limita al gasto público; también tiene un efecto directo sobre la actividad al reducir el número de días efectivamente trabajados. En este caso, los datos trimestrales disponibles de la estadística de Seguridad Social que recoge los días efectivos trabajados y las horas cotizadas solo alcanzan hasta el primer semestre de 2025. Pese a ello, los datos revelan que el número de días perdidos por baja laboral se han incrementado un 7,3% respecto al primer semestre de 2024, desde los 152,61 millones de días perdidos entre enero y junio de 2024 hasta los 163,68 millones en el mismo periodo de 2025. Y en la misma línea, las horas que se han dejado de cotizar crecieron un 8%, desde las 827,2 millones de horas en el primer semestre de 2024 hasta las 893,1 millones de 2025.

Empresarios y sindicatos chocan por el diagnóstico

En esta línea, el presidente de la CEOE recordó el pasado jueves que el absentismo implicaba que cada día alrededor de 1,6 millones de personas no acudían a su puesto de trabajo en España. Con este telón de fondo, Garamendi defendió que la cultura del "esfuerzo" había perdido peso en el debate público, mientras que, en paralelo, se insiste en la idea de "trabajar menos para vivir mejor", cuando —a su juicio— es precisamente con "cariño, tesón y esfuerzo" como una pequeña empresa acaba convirtiéndose en una grande.

Pero las críticas no se quedaron ahí. Este domingo, el secretario general de CCOO, Unai Sordo, respondió a Garamendi y le instó a hacer un "diagnóstico de verdad, no de cuñados" sobre las causas del incremento de las bajas laborales: "Esto no se puede resolver con la típica chorrada de que la gente es de cristal, que la gente ha perdido la cultura del esfuerzo y que la gente no quiere trabajar. Un poquito de por favor, es que parece que algunos han salido del siglo XIX", indicó Sordo.

En declaraciones a Radio Euskadi, recogidas por Europa Press, el secretario general de CCOO defendió que el aumento de las bajas respondía a un fenómeno multicausal y apuntó, entre otros factores, a la situación de la atención sanitaria primaria y especializada: "que se retrasen las citas, que te den una prueba diagnóstica para dentro de tres meses", son elementos que alargan las "dolencias y, por tanto, las bajas de la gente", explicó. Asimismo, subrayó el impacto del envejecimiento de la población ocupada y sugirió la aplicación de coeficientes de reducción que permitiesen adelantar la jubilación en profesiones de especial riesgo: "Para eso, hay que sobrecotizar en esos sectores y, si hacemos esto, seguramente baje el número de bajas y lo que ellos llaman absentismo", concluyó.

Sea como fuere, el debate sobre el ritmo de crecimiento de las incapacidades temporales sigue abierto en la mesa de diálogo social entre el Gobierno y los agentes sociales, a la espera de que Bruselas envíe unas recomendaciones sobre cómo atajar el fenómeno. Todo ello se produce, además, en un contexto de creciente presión financiera sobre la Seguridad Social, que mantiene un elevado nivel de endeudamiento. Según los últimos datos del Banco de España, la deuda del sistema supera ya los 126.100 millones de euros, un 140% más que en 2019, cuando se situaba en torno a los 52.000 millones, y representa el mayor incremento de endeudamiento registrado entre todas las administraciones públicas.

PUBLICIDAD