A mediados de diciembre, el Ministerio de Hacienda publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la orden por la que prorrogaba el Régimen de Estimación Objetiva por Signos, Índices o Módulos —más conocido como régimen de módulos— para 2026. Un modelo de tributación simplificado que utilizan más de un millón de autónomos y que determina la cuota de IRPF que tienen que pagar a partir de unos parámetros estándar que establece el Gobierno —como el tamaño del negocio o el número de empleados—, en lugar de su facturación real. Así, al inicio del ejercicio, el empresario sabe con certeza qué resultado va a declarar y qué importe va a pagar a Hacienda. 

Sin embargo, en aquella orden del BOE se remitía a la ley de 2016, que fijaba los límites de ingresos para poder acogerse al régimen de módulos en 150.000 euros para las operaciones con clientes y 75.000 euros cuando se facturase a empresas, sin recoger los umbrales ampliados que se han aplicado en los últimos años. Una situación que podría haber expulsado del sistema a más de 300.000 autónomos en 2026, según las estimaciones de la Unión de Profesionales y Autónomos (UPTA).

Pues bien, el Gobierno ha decidido incluir la prórroga de los límites de ingresos vigentes en los últimos años —250.000 euros para las operaciones con clientes y 125.000 euros cuando se facture a empresas— en el decreto ómnibus aprobado este martes por el Consejo de Ministros y que se ha publicado oficialmente en el BOE este miércoles. Además, en la prórroga se extiende también el límite máximo de gastos y compras computables, que pasaría de los 150.000 a los 250.000 euros con el nuevo decreto.

No obstante, se trata de un real decreto-ley, es decir, una norma con rango de ley que debe ser avalada por el Congreso de los Diputados. El recurso de este tipo de instrumentos se produce en un contexto marcado por la ausencia de Presupuestos Generales del Estado, lo que obliga al Ejecutivo a acudir a decretos que atiendan a las necesidades normativas y presupuestarias que no pueden quedar en suspenso. Pese a ello, la tramitación parlamentaria no queda exenta de incertidumbre. El año pasado, el Gobierno también recurrió a un decreto ómnibus, que fue rechazado en su primera votación en la Cámara y, en esta ocasión, afronta la convalidación sin el apoyo de Junts.

Precisamente para blindar la medida frente a este escenario de incertidumbre parlamentaria, el texto del decreto ómnibus dedica un apartado específico a justificar la urgencia y el alcance de las modificaciones incluidas en lo que el Ejecutivo ha denominado "escudo social". En el caso del régimen de módulos, la prórroga de los límites de ingresos se justifican como preventivos ante un aumento de cargas administrativas para los pequeños autónomos que quedasen excluidos.

Según recoge el BOE, la vuelta a los límites de 2016 supondría un incremento de las "obligaciones formales y de facturación en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y en el Impuesto sobre el Valor Añadido". Además, la norma contempla un nuevo plazo para presentar renuncias o revocaciones, al reconocer que algunos contribuyentes pudieron tomar decisiones "desconociendo los límites excluyentes que van a estar en vigor en 2026".

El decreto suprime la obligación de declarar el IRPF a los parados

El decreto ómnibus también contempla que los preceptores de la prestación por desempleo no estarían obligados a presentar la declaración de la renta en 2026. Según aparece en el BOE, se admite que tal exigencia "excede la intención de la norma" —que inicialmente fue la de dotar de una fuente adicional de información al SEPE— y se advierte de que esta obligación podía tener efectos fiscales adversos, como la pérdida del derecho a aplicar el mínimo por descendiente, por lo que considera que "todo lo anterior justifica la necesidad de suprimirla de forma inmediata".

Así, la exención de esta obligación fiscal se suma a un conjunto más amplio de medidas incluidas en el decreto del "escudo social". Entre ellas, la revalorización de las pensiones, el refuerzo de los seguros agrarios o la prórroga de las protecciones de las familias vulnerables como la prohibición de desahucios y del corte de suministros básicos, estas últimas tras haberlas pactado con Bildu.