La moderación de la inflación registrada a principios de año se revirtió en verano, empujando al alza el coste de la vida hasta alcanzar el 3,1% en octubre, el dato más alto desde junio de 2024, según el avance del Instituto Nacional de Estadísticas (INE). A falta de que Estadísticas publique el dato definitivo de noviembre, las previsiones de la Fundación de las Cajas de Ahorros (Funcas) permiten anticipar cuál será la actualización de las pensiones en 2026. Con los datos disponibles, la media de inflación usada para el cálculo se situará en torno al 2,65%, un porcentaje que, aplicado sobre la pensión media de octubre —1.510 euros mensuales—, se traduciría en un aumento de unos 40 euros extra al mes de media.

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Esta previsión se enmarca en un ciclo de inflación más moderado que el registrado en los últimos ejercicios. Tras la pandemia, los cuellos de botella en las cadenas de suministro y, posteriormente, el impacto de la invasión rusa en Ucrania sobre los precios energéticos y alimentarios impulsaron fuertes incrementos del Índice de Precios al Consumo (IPC). En este escenario, para evitar que los pensionistas perdieran poder adquisitivo, la reforma impulsada por el entonces ministro de Seguridad Social y actual gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, en 2021 estableció que las pensiones se revalorizasen anualmente según el IPC promedio.

40 euros más al mes de media

Esta fórmula llevó a incrementos del 2,5% en 2022, del 8,5% en 2023, del 3,8% en 2024 y un 2,8% en 2025. De esta forma, si finalmente se confirma el 2,65% previsto para 2026, sería el alza más baja en tres años, coherente con la progresiva estabilización de los precios. De media, la revalorización implicaría un aumento de 40 euros mensuales más si se toma de referencia la pensión media de octubre, que se situó en los 1.510 euros y que alcanzaría los 1.550 euros a partir de enero.

Sin embargo, lo que para los ciudadanos será un nuevo ingreso, para la Seguridad Social supondrá un aumento del gasto. De acuerdo con la Memoria de Análisis del Impacto Normativo que acompaña al real decreto sobre la revalorización de las pensiones, cada punto de incremento del IPC supone un coste de 2.606 millones de euros. De esta forma, el gasto de la Seguridad Social se elevaría hasta casi los 7.000 millones de euros, concretamente 6.905,9 millones.

De hecho, en total, la inflación ha revalorizado las pensiones un 17,6%, lo que representa unos 45.865,6 millones de euros según la Memoria del real decreto sobre la revalorización de las pensiones. Una cifra que equivale aproximadamente al presupuesto total que el Estado ha destinado a sanidad entre 2017 y 2024 (43.338 millones de euros).

Choque político entre el Gobierno y el PP

El debate sobre cuánto subirán las pensiones el próximo año ha desembocado esta semana en un nuevo enfrentamiento político. El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, anunció este viernes que su grupo registrará una proposición de ley en el Congreso de los Diputados que garantice la actualización de las pensiones en 2026 aunque haya una prórroga presupuestaria.

No obstante, fuentes del Ministerio de Seguridad Social consultadas por Europa Press han pedido al presidente del PP "no confundir a los pensionistas", recalcando que la actualización anual según el IPC está blindada por ley desde 2021. De acuerdo con la normativa, la revalorización "debe reflejarse en la Ley de Presupuestos Generales del Estado o alternativamente en un real decreto-ley".

Y es precisamente el uso de esta vía —el decreto ley— el origen del choque entre el Gobierno y la oposición. A principios de este año, el Ejecutivo incluyó la revalorización de las pensiones de 2025 dentro de un decreto ómnibus que agrupaba decenas de medidas heterogéneas. El PP, al igual que Vox y Junts, tumbaron inicialmente el texto —aunque días después PP y Junts cambiaron su voto y permitieron que la revalorización prosperase en un decreto limitado al escudo social— argumentando que el Gobierno había mezclado la subida de las pensiones con iniciativas ajenas y que esa fórmula obligaba a votar en bloque medidas no relacionadas entre sí. Un precedente que explica en parte por qué ahora los populares reclaman blindar por ley la actualización de las pensiones y que, así, no quede condicionada a futuros decretos que incluyan otras políticas.

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