España envejece, pero no cuida: destina a dependencia menos de la mitad que la UE

España es el tercer país más envejecido del mundo, tan solo superado por Japón y Francia. En concreto, una de cada cinco personas en España tenía más de 65 años en 2025, lo que equivale a casi diez millones de españoles o el 20,4% de la población. De ellos, más de 1,2 millones de personas tenían más de 80 años, según el informe Un perfil de las personas mayores en España 2025, elaborado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. A este escenario presente se suman las proyecciones del INE (Instituto Nacional de Estadística), que apuntan a que, en apenas dos décadas, los mayores podrían representar casi tres de cada diez habitantes y, de acuerdo con las estimaciones de la Comisión Europea, España se consolidará como el segundo país de la UE que más gaste en pensiones en 2070. No obstante, pese a estos datos y mientras el envejecimiento avanza, la inversión pública que el Gobierno destina a cuidar de quienes pierden autonomía sigue por debajo de la media de los países del entorno.

Esta cuestión fue advertida por la Comisión Europea en el informe anual sobre las recomendaciones de política económica para España que presentó la semana pasada. Según sus cálculos, el gasto público en cuidados de larga duración —el conjunto de ayudas, servicios y prestaciones destinadas a personas mayores o dependientes que necesitan apoyo para actividades cotidianas como asearse, vestirse o comer— apenas alcanza el 0,8% del PIB. Una cifra que supone menos de la mitad que la media comunitaria, situada en el 1,7%.

Y el problema no se limita a una comparación desfavorable con Europa. Si se amplía la mirada al conjunto de las economías desarrolladas, España tampoco sale mejor parada. Un informe publicado por Fedea (Fundación de Estudios de Economía Aplicada) en enero de 2026 concluye que "el esfuerzo financiero destinado a cuidados de larga duración en España se sitúa en torno al 0,9%-1% del PIB, una proporción notablemente inferior al promedio de la OCDE, que alcanza el 1,8%".

Cuando cuidar depende del bolsillo

Esta falta de inversión pública acaba impactando directamente en la factura mensual de las personas mayores y de sus familias. Según describe la Comisión, "las personas mayores se enfrentan a elevados gastos de su propio bolsillo en todos los niveles de necesidades de cuidados". Una situación que termina ampliando la brecha entre quienes pueden asumir estos costes y quienes no, y que explica por qué los riesgos de pobreza relacionados con los cuidados de larga duración "siguen estando muy por encima de la media de la UE, tanto para las personas con necesidades moderadas como para las que tienen necesidades graves", concluyen desde Bruselas.

Según los datos de la Comisión Europea, solo el 3,9% de los mayores de 65 años recibe asistencia domiciliaria pública, frente al 5,5% de media en la UE. Y, en la misma línea, las prestaciones económicas también son menos frecuentes: alcanzan al 2,6% de la población sénior española, frente al 6,2% europeo.

Una circunstancia sensible, dado que la demanda de cuidados no deja de crecer. De acuerdo con un informe de Eurofound, el número de personas mayores de 65 años que viven en residencias aumentó un 50% en España entre 2012 y 2022. Y aunque la financiación pública se orienta principalmente hacia este modelo (un 66,1% de los recursos totales frente al 46,2% de la UE), "sigue siendo inasequible para muchas personas mayores, mientras que el gasto en asistencia a domicilio sigue estando muy por debajo de la media de la UE (un 20,5% frente al 28,8% en la UE)", rematan desde Bruselas.

Esta escasa apuesta por los cuidados acaba teniendo una consecuencia clara: la dependencia no solo abre una brecha en términos de salud o autonomía, sino también de renta, quienes disponen de recursos pueden complementar los cuidados que reciben, mientras que los que no pueden permitírselo, deben renunciar a los cuidados profesionales que necesitan.

Situación que se refleja en los datos del informe de la Comisión. Mientras que el 13,4% de quienes requieren cuidados de larga duración no recurre a servicios profesionales de atención en el hogar por motivos económicos, en la media de la UE la proporción es menor (10,6%). Además, el 9,3% asegura tener grandes dificultades para costear este tipo de ayuda frente al 8,2% de la media europea.

La paradoja del empleo doméstico

Pero los desafíos no terminan cuando una familia logra asumir el coste de los cuidados. También está el reverso de la moneda: el de los trabajadores que se emplean en estas ocupaciones. La Comisión Europea advierte de que "los bajos salarios, los contratos de duración determinada, el empleo informal, las condiciones laborales precarias y la elevada rotación de personal siguen socavando la calidad y el atractivo del empleo". Como consecuencia, el sistema continúa dependiendo en gran medida de "cuidadores informales —principalmente mujeres— y de trabajadores procedentes de terceros países", mientras las listas de espera siguen creciendo por las limitaciones económicas.

Y aunque corregir estas deficiencias laborales resulta imprescindible para atraer más trabajadores a un sector que necesitará cada vez más personal a medida que envejezca la población, también emerge una paradoja en paralelo. La mejora de las condiciones salariales —impulsada, entre otros factores, por las sucesivas subidas del Salario Mínimo Interprofesional (SMI)— eleva también el coste de unos servicios que, en buena medida, siguen siendo sufragados por las familias. En un contexto de escasa financiación pública, esto acaba reduciendo la contratación formal o empujando parte de la demanda hacia la economía sumergida. En este sentido, los datos hablan por sí solos: el empleo doméstico ha pasado de 744.200 ocupados en 2008 a poco más de medio millón en 2025.