La falta de Presupuestos obliga al Gobierno a pedir 22.500 millones en créditos para pagar la deuda pública

El Ministerio de Hacienda ha publicado este martes la Cuenta General de la Administración General del Estado (AGE) del ejercicio 2025. Un documento de casi 8.000 páginas donde se recoge el registro de las cuentas anuales del sector público y se detallan los movimientos presupuestarios y de ejecución del gasto que el Gobierno realizó a lo largo del año. Una gestión financiera que se vio afectada por la falta de aprobación de unos nuevos Presupuestos Generales del Estado, lo que obligó al Ejecutivo a operar, un año más, con los Presupuestos prorrogados de 2023. Y esta situación de prórroga sistemática dificulta la planificación financiera del Estado, al mantener fijos los créditos iniciales autorizados en el pasado frente a las obligaciones de pago reales que vencen en el año corriente.

Esto se ejemplifica con los registros presupuestarios de la deuda pública. En la partida presupuestaria correspondiente a la "Amortización de Deuda Pública en Euros a Largo Plazo", —es decir, la devolución del dinero que el Estado debía reintegrar en 2025 a los inversores y entidades financieras que le prestaron fondos en el pasado— el Gobierno debía abonar 113.500 millones de euros. Sin embargo, el Presupuesto prorrogado de 2023 solo contemplaba 91.000 millones, por lo que el Gobierno tuvo que modificar créditos por valor de 22.500 millones para poder hacer frente a todos los compromisos financieros del ejercicio.

La rueda de la deuda: emitir nuevos préstamos para cancelar los antiguos

De acuerdo con el estado de modificaciones de crédito de la Cuenta General, estos más de 22.500 millones de euros adicionales no proceden de transferencias de crédito negativas de otros ministerios (lo que habría supuesto un recorte en otras políticas públicas), ni de incorporaciones de remanentes de crédito (ahorros de ejercicios anteriores), ni de créditos generados por ingresos directos del Presupuesto corriente.

La totalidad de esta modificación se registró formalmente en la columna de "Ampliaciones de Crédito". Y, para financiar esta ampliación de gasto, el Estado recurrió a la emisión de nuevos pasivos financieros a largo plazo. Es decir, esto significa que el Gobierno ha financiado la devolución de los préstamos que vencían en 2025 mediante la obtención de nuevos préstamos, emitiendo más deuda pública para cancelar la deuda antigua.

Otros 29.600 millones este año

Además, el documento detalla en su apartado de compromisos de gastos con cargo a Presupuestos de ejercicios posteriores que el Estado tiene adquiridas obligaciones de amortización de préstamos a largo plazo para los próximos años. En concreto, para el ejercicio 2026, los compromisos de gasto contraídos ascienden hasta algo más de 120.600 millones de euros.

Dado que el Gobierno ha confirmado que tampoco presentará Presupuestos para 2026 y que se centra en la preparación de los de 2027, los Presupuestos de 2023 volverán a prorrogarse este año. Por tanto, al mantenerse el crédito inicial de amortización en los 91.000 millones de euros originales, es posible calcular que el Ejecutivo deberá tramitar modificaciones de crédito por un valor aproximado de 29.600 millones de euros para cubrir los vencimientos de 2026.

No obstante, aunque en 2025 la vía exclusiva de financiación fue la emisión de nueva deuda, para este ejercicio el Estado podría optar por este mismo mecanismo, por el incremento de ingresos fiscales o por la aplicación de recortes de gasto en otras partidas, vías que no se concretarán hasta la ejecución del próximo periodo.

La deuda alcanza los 1,7 billones de euros

Sea como fuere, el último dato disponible del Banco de España sobre la situación de la deuda pública española se corresponde con el mes de mayo de 2026. En el quinto mes del año, la deuda ha alcanzado los 1,729 billones de euros, lo que representa el 100,2% del PIB. De ella, 1,575 billones pertenecen al Estado, es decir, el 91% del total.

Se trata de un nuevo récord histórico y suponen 30.000 millones más en lo que va de año, 26.000 millones solo por las necesidades financieras del Estado. Una tendencia que da continuidad a la dinámica de 2025, año en el que la deuda pública aumentó en 77.000 millones de euros. De hecho, con este incremento, 2025 se consolida como el octavo mayor aumento anual de la deuda pública de la historia de España, una cifra que solo se había superado en años de recesión económica.