El Congreso ha asestado este jueves un nuevo revés al Gobierno al rechazar por segunda y definitiva vez la senda de estabilidad, paso previo imprescindible para la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado de 2027, al tiempo que ha permitido seguir adelante con la tramitación del proyecto de ley para condonar más de 83.000 millones de euros de deuda a las comunidades autónomas del régimen común tras tumbar las enmiendas a la totalidad de PP y Vox.
La senda fiscal ha sido rechazada con el mismo resultado que hace una semana: 176 votos en contra, correspondientes a PP, Vox, Junts y UPN; 166 votos a favor de PSOE, Sumar, PNV, EH Bildu, ERC, BNG y Coalición Canaria; y la abstención de los cuatro diputados de Podemos y de la diputada de Compromís, Águeda Micó.
Con este segundo rechazo, el Ejecutivo ya no puede volver a remitir la misma propuesta al Congreso y deberá elaborar el proyecto presupuestario con unos objetivos de déficit más restrictivos, ajustados a las reglas fiscales de la Comisión Europea. Esto implica que las comunidades autónomas perderán el margen de déficit del 0,1% del PIB previsto por el Gobierno, equivalente a unos 5.840 millones de euros en tres años.
Pese al revés parlamentario, el Ejecutivo mantiene su intención de presentar unos Presupuestos para 2027, los primeros de la legislatura tras tres años con las cuentas de 2023 prorrogadas. Sin embargo, la falta de una mayoría suficiente en el Congreso y el rechazo anticipado de Junts, PP, Vox y UPN hacen muy difícil que prosperen.
En el mismo pleno, el Congreso rechazó las enmiendas a la totalidad presentadas por PP y Vox contra el proyecto de ley para condonar más de 83.000 millones de euros de deuda autonómica, permitiendo que la iniciativa continúe su tramitación parlamentaria.
Durante el debate, PP y Vox defendieron que la deuda no desaparece, sino que se traslada al conjunto de los contribuyentes, y criticaron que la medida responde al acuerdo de investidura alcanzado entre el PSOE y ERC. Los populares reclamaron una reforma consensuada del sistema de financiación autonómica, mientras que Vox denunció que la iniciativa premia a las administraciones que más se han endeudado.
Por el contrario, PSOE y Sumar defendieron que la condonación beneficia al conjunto de las comunidades autónomas. Además, Sumar anunció que presentará enmiendas para impedir que las autonomías que se acojan a la quita puedan aprobar rebajas fiscales durante un periodo de tiempo.
ERC y Junts también facilitaron la continuidad de la tramitación, aunque los posconvergentes advirtieron de que seguirán reclamando la condonación íntegra de la deuda catalana. Mientras, Podemos pidió que el ahorro derivado de la quita se destine a reforzar los servicios públicos y no a rebajas fiscales.
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