Los 210 escaños 'reformistas' de la derecha de los que Vox duda: "Estamos lejos"

Hace unas semanas, el diputado y portavoz de ERC, Gabriel Rufián, alertó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante la sesión de control sobre el auge del PP y, especialmente, de Vox en las encuestas, mientras la izquierda no solo no termina de dar con la tecla para despuntar, sino que se resiente y continúa sufriendo fugas, principalmente hacia la abstención. Rufián denunció la aparente inacción del PSOE en cuestiones como Ceuta o la vivienda. "¿Sabe de lo que es capaz de hacer esta gente con 210 diputados?", le espetó, como quien pellizca esperando un sobresalto. No lo hubo.

Las palabras de Rufián suelen ser, en algunos casos, un faro a considerar por el resto de los partidos a la izquierda del PSOE. Y entre los socios que componen Sumar, por ejemplo, la preocupación es clara. Ya de por sí preocupa que la derecha y la ultraderecha lleguen al Gobierno y den marcha atrás a las pocas reformas que se han conseguido, a la política de rearme o pro Palestina; que se acote el Estado del bienestar en favor de lo privado o que las recetas económicas o de vivienda acaben siendo contraproducentes, pese a que reconocen que, en lo segundo, el bloqueo con los socialistas les ha perjudicado electoralmente.

Ahora bien, que PP y Vox superen esa frontera de 210 escaños les preocupa con mayor rotundidad. Sería algo histórico, ningún gobierno ha superado esa barrera desde los 202 de Felipe González en 1982. A ellos y a los partidos nacionalistas. Porque esa cifra representa tres quintos de la Cámara Baja y da margen para impulsar reformas de calado, aunque no para aprobar por sí sola una reforma de la Constitución. En el caso de las reformas constitucionales ordinarias, los tres quintos del Congreso deben ir acompañados de tres quintos del Senado. Si no hubiera acuerdo entre ambas Cámaras, el artículo 167 contempla una vía alternativa: si la reforma obtiene al menos la mayoría absoluta del Senado, el Congreso puede aprobarla por dos tercios, es decir, 234 diputados. El procedimiento agravado, reservado a la revisión total de la Constitución o a determinadas partes especialmente protegidas, exige aún mayores mayorías y la disolución de las Cortes.

Por ejemplo, esto último preocupa por las reiteradas advertencias de Santiago Abascal sobre la ilegalización de las fuerzas independentistas. Se teme que el PP, aunque a día de hoy esté lejos de eso, opte por aceptar limitaciones de la pluralidad electoral o mayores restricciones por la necesidad y dependencia de los votos de Vox. Que endurezca, como ha pasado con la inmigración, su posición. Ante una iniciativa similar de ilegalización de EH Bildu planteada en el Senado en abril, el PP presentó una enmienda y finalmente la moción fue rechazada. En el debate, el senador popular Severiano Cuesta defendió la posición de su grupo.

Pese a ese temor, comentado en algunos de estos partidos, PP y Vox no podrían acometer por sí solos una reforma constitucional de las materias especialmente protegidas. Una mayoría de 210 escaños en el Congreso permite alcanzar los tres quintos de la Cámara, pero no basta para modificar el Título Preliminar, la Sección Primera del Capítulo Segundo del Título I o el Título II, relativos, entre otras cuestiones, a los principios fundamentales del Estado, determinados derechos fundamentales y libertades públicas y la Corona. Estas materias están sometidas al procedimiento agravado del artículo 168, que exige dos tercios de ambas Cámaras, disolución de las Cortes, ratificación por las nuevas Cámaras y una nueva aprobación por dos tercios de ambas, además de referéndum.

Para las reformas constitucionales ordinarias, necesitarían también una mayoría cualificada en el Senado, salvo que alcanzasen los 234 diputados necesarios para la vía alternativa prevista en el artículo 167, siempre que la reforma hubiera obtenido previamente la mayoría absoluta del Senado. Con una mayoría suficiente también en la Cámara Alta, hay áreas de la Constitución que podrían modificarse mediante este procedimiento: determinados aspectos de la nacionalidad, la familia y el matrimonio, las pensiones, el funcionamiento de las Cámaras, la investidura o la regulación del Gobierno, entre otras materias, siempre en función del precepto concreto que se quisiera reformar.

Igualmente, podrían abordarse aspectos del modelo autonómico, de los recursos de las comunidades y de sus competencias, aunque la necesidad de reformar la Constitución dependería del precepto concreto afectado. En materia judicial, también podrían plantearse cambios en la regulación constitucional del Consejo General del Poder Judicial, de la Fiscalía o de otros órganos, aunque buena parte de su funcionamiento se desarrolla mediante leyes orgánicas y no necesariamente exige modificar la Carta Magna.

Influencia en la elección de distintas instituciones

Más allá de la Constitución, esos 210 escaños permitirían al bloque alcanzar una mayoría de tres quintos del Congreso para aquellos nombramientos que correspondan a la Cámara y exijan esa mayoría. Es el caso, por ejemplo, de cuatro de los doce magistrados del Tribunal Constitucional, que son elegidos por el Congreso por tres quintos de sus miembros. Otros cuatro corresponden al Senado con la misma mayoría, mientras que los cuatro restantes son propuestos por el Gobierno y por el CGPJ. Con una mayoría suficiente en el Senado, esa capacidad de elección se ampliaría. Fuentes populares, pese a todo, destacan que lo ideal sería seguir contando con el PSOE para acuerdos de Estado y retomar una dinámica de pactos establecida desde los noventa.

La cosa cambia en relación con el Consejo de Administración de RTVE, cuya elección fue modificada en 2024: tras una primera votación sin los dos tercios exigidos, puede salir adelante en segunda votación por mayoría absoluta. Así ocurrió en noviembre de 2024, cuando el Congreso eligió en segunda votación a los miembros que le correspondían. La fórmula permitiría, en principio, que una mayoría absoluta suficiente sacara adelante la designación sin necesidad de alcanzar los dos tercios de la Cámara. Vox aspira a entrar en el órgano "con motosierra".

Otras reformas garantizadas con la absoluta

A nivel electoral, una de las ideas lanzadas por el PP en el debate de la 'ley de nietos' es que el voto de los españoles residentes en el extranjero se reflejase de forma distinta, como una 'nueva provincia' de la que salieran diputados concretos. Eso requeriría modificar el artículo 68 de la Constitución, que establece que la circunscripción electoral para el Congreso es la provincia. La Ley Orgánica del Régimen Electoral General desarrolla ese mandato y establece igualmente la provincia como circunscripción, junto a Ceuta y Melilla.

Sí podrían, mediante una ley orgánica y dentro de los límites constitucionales, modificar el régimen jurídico de los partidos políticos, incluidos determinados aspectos de su financiación, funcionamiento o de los procedimientos de ilegalización. El artículo 6 de la Constitución, que regula los partidos, se encuentra en el Título Preliminar y, por tanto, cualquier modificación del propio precepto exigiría el procedimiento agravado del artículo 168. Otra cosa es modificar la Ley de Partidos, que desarrolla ese artículo sin necesidad de reformar la Constitución.

Lo que no requeriría ese nivel de votos sería una reforma de la ley electoral dentro de los límites fijados por la Constitución, una reforma de la Ley de Partidos o cambios en el Código Penal para endurecer determinadas condenas y modificar el tratamiento de delitos como la multirreincidencia, la okupación o determinados delitos sexuales. Tampoco requerirían una reforma constitucional los cambios legislativos en Sanidad, Educación, Vivienda o en determinadas políticas lingüísticas, ni la derogación o modificación de leyes ordinarias u orgánicas como la de Memoria Democrática, la regulación derivada de la conocida como ley del "solo sí es sí", la Ley Trans o la Ley LGTBI, siempre respetando los límites constitucionales y las mayorías exigidas en cada caso.

Vox, por su parte, ha planteado en distintas ocasiones la derogación de la legislación de violencia de género, de la normativa climática y de otras leyes aprobadas por gobiernos de izquierda. También ha defendido la derogación de la Ley de Vivienda y de la Ley de Memoria Democrática. Ambos partidos podrían, por tanto, impulsar con una mayoría parlamentaria suficiente una agenda legislativa amplia sin necesidad de tocar la Constitución. Otra cuestión sería hasta dónde podrían llegar sus reformas y qué mayoría concreta exigiría cada una de ellas.

Entre las reformas e iniciativas del Gobierno que PP y Vox pretenden frenar o revertir figuran algunas de las medidas más controvertidas: desde la reforma constitucional para blindar el derecho al aborto, hasta la reforma del Código Penal para eliminar los delitos de injurias a la Corona y a determinadas instituciones del Estado. La modificación de la Ley de Extranjería es una de las más claras.

Vox cree que los sondeos están inflándoles

La percepción de que PP y Vox pueden llegar a esa cifra 'reformista' la vienen dando algunos sondeos recientes, que auguran crecimiento por la derecha, pequeño respecto a la tendencia pasada, mientras la izquierda no deja de caer a cuentagotas. Algunos sondeos como los de NC Report, Hamalgama Métrica o Target Point ven al PP rozando o superando los 145 diputados, con un Vox superando los 65, lo que les deja en esa frontera. En conversaciones con fuentes de la dirección nacional de Vox, desde Bambú, sin embargo, se ven muy lejos de esa mayoría contundente y ven cierto riesgo en dar por asegurada la mayoría absoluta. Creen que los sondeos los están "inflando" respecto a sus métricas internas. "Subimos, pero no tan acentuado. Estamos lejos" de lo que nos están dando.

Eso les distancia de esa mayoría de 210 escaños. Pero también que ven al PP "estancado", sin mayor distinción que en las generales de 2023, cuando consiguieron 137 escaños. Creen que, comparado con su propio crecimiento, que estaría más próximo al de los 52 diputados de la legislatura anterior, el PP apenas rentabiliza la oposición a Sánchez y sube un par de escaños. Por ese escaso impulso, entre otros aspectos, en Vox relacionan el endurecimiento del discurso migratorio fomentado por Génova.

Entre la izquierda ven el asunto de los 210 escaños como un elemento movilizador frente a la derecha de cara al próximo ciclo electoral. El PSOE apuesta por utilizarlo dentro de la dinámica de advertencia de Vox en el poder en la que ya está instalado Sánchez, que apunta a una campaña hiperpersonalizada con Salvador Illa como uno de los pocos activos que le quedan tras quemar en ciclos anteriores a sus ministros. Los socialistas en su conjunto creen que a las puertas de las generales puede haber movilización final, que acorte el resultado entre bloques. Mientras tanto, los socios de izquierdas temen las consecuencias de esos comicios, de un beneficio extremo de las derechas e instan al PSOE a moverse lo antes posible para que, más allá de confiar en una activación en el último momento, se consiga incentivar el voto con una propuesta que ilusione y no se guíe por "lo menos malo".