Seguridad Social hace balance de la sostenibilidad de las pensiones sin mencionar que ha cuadriplicado su deuda

Este viernes, coincidiendo con el pistoletazo de salida de la campaña electoral, el Gobierno ha decidido convocar un Consejo de Ministros extraordinario. En la rueda de prensa posterior, la ministra de Seguridad Social, Elma Saiz, ha anunciado que el Ejecutivo "arranca la maquinaria" para revalorizar las pensiones de cara a la subida que se aplicará en 2027. Además, la ministra ha decidido aprovechar la rueda para presentar un informe con el que el Ejecutivo pretende "hacer balance de las reformas emprendidas desde 2018 y sus resultados" sobre la sostenibilidad del sistema de pensiones.

Saiz ha articulado el balance de las reformas impulsadas desde la llegada de Pedro Sánchez al Gobierno en torno a tres grandes objetivos: mantener el poder adquisitivo de los pensionistas, ampliar las opciones de acceso a la jubilación y reforzar la sostenibilidad financiera del sistema. Sin embargo, en este último punto, la ministra no ha mencionado un dato fundamental: la evolución de la deuda de la Seguridad Social, que se ha cuadruplicado desde que Sánchez llegó a La Moncloa. Concretamente, según los datos del Banco de España, la deuda del ministerio que dirige Saiz se ha disparado desde los 35.000 millones de euros de junio de 2018 a los 136.000 actuales.

La evolución de la deuda es clave porque refleja las necesidades de financiación que acumula la Seguridad Social para poder hacer frente al pago de sus obligaciones. Cuando los ingresos propios del sistema no bastan para cubrir sus gastos, necesita recurrir a financiación adicional. Y aunque este endeudamiento no implica por sí mismo que el sistema no pueda pagar las pensiones, sí constituye un indicador de los desequilibrios financieros que las reformas deben abordar para garantizar su sostenibilidad a largo plazo y que la ministra ha decidido omitir.

Saiz minimiza el incremento sobre el presupuesto de las transferencias del Estado

No obstante, la ministra sí ha aludido durante su intervención a otra de las vías de financiación adicional que más se ha cuestionado durante las legislaturas de Pedro Sánchez: las transferencias del Estado. Es decir, recursos a los que renuncia el Estado para sostener el gasto de la Seguridad Social. Pues bien, desde que gobierna Sánchez, el Gobierno ha inyectado más de 300.000 millones al sistema.

Pese a esta cifra milmillonaria, Saiz ha defendido que las transferencias que recibe la Seguridad Social del Estado, "en España, se sitúan por debajo de las que reciben los países de nuestro entorno", destacando que las cotizaciones sociales financian alrededor del 65% del gasto en pensiones, dos puntos por encima de la media europea.

Origen de la financiación de los sistemas públicos de pensiones de los países de la OCDE (2023)

Además, Saiz ha recurrido al pronunciamiento de la AIReF (Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal) para respaldar el balance del Gobierno. El organismo estimó que el gasto neto medio en pensiones se situará en el 13% del PIB entre 2022 y 2050, por debajo del límite del 13,3% que exige la normativa europea. Un resultado que permite al Ejecutivo cumplir la regla de gasto y evitar, por ahora, la adopción de nuevas reformas. Sin embargo, en ese mismo informe, la AIReF señaló que, pese a que el sistema de pensiones cumplía con la normativa europea, no estaba garantizada su sostenibilidad a largo plazo si se mantenían las reformas actuales.

La ministra ensalza el aumento de recursos en la hucha de las pensiones

Para más inri, la titular de Seguridad Social también ha sacado pecho por el incremento de fondos de la 'hucha' de las pensiones, que alcanza los 20.000 millones de euros. El Gobierno presenta este incremento como una prueba de que las reformas están dando resultado y de que el sistema dispondrá de recursos adicionales para afrontar las jubilaciones de la generación del baby boom, ya que la legislación determina que solo se podrán extraer los recursos de esta hucha a partir de 2033.

Sin embargo, los economistas tachan la hucha como una "trampa contable". Y es que, mientras el Gobierno reserva parte de las cotizaciones para llenar este fondo, la Seguridad Social continúa necesitando alrededor de 50.000 millones de euros anuales en transferencias del Estado para hacer frente a sus obligaciones (que, además, no han evitado que el sistema haya necesitado incrementar su deuda en más de 100.000 millones en los últimos ocho años).