Las inyecciones a la Seguridad Social para pagar las pensiones crecen cinco veces más que las cotizaciones

La factura de las pensiones crece más rápido que la capacidad del Ministerio de Seguridad Social para financiarla con sus propios recursos. Aunque las cotizaciones sociales han alcanzado máximos históricos tras la reforma impulsada por el entonces ministro de Seguridad Social y actual gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, el Ministerio cerró el ejercicio 2025 con un saldo negativo de 7.387 millones de euros. Un déficit que hubiera sido aún mayor sin las crecientes transferencias procedentes del Estado para sostener las cuentas del sistema.

En concreto, la firma de auditoría KPMG ha presentado este martes su informe anual sobre la situación de las pensiones en España. En el documento, tomando de referencia los datos del Ministerio que actualmente dirige Elma Saiz, la compañía muestra un gráfico del que se desprende hasta qué punto la Seguridad Social depende cada vez más de las aportaciones del Estado, una advertencia lanzada también por otros organismos como la AIReF (Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal) o Fedea (Fundación de Estudios de Economía Aplicada).

Mientras que en 2019 los ingresos por cotizaciones sociales han pasado de los 124.255 millones de euros en 2019 a los 176.918 millones en 2025; las inyecciones de capital del Estado lo han hecho desde los 15.643 millones de 2019 hasta los 47.815 millones de 2025. Es decir, mientras que la reforma de las pensiones implementada por Escrivá, con la que se introdujeron nuevas cotizaciones —el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), la cuota de solidaridad o la reforma del RETA— ha permitido incrementar la recaudación por esta vía un 42,4% desde 2019; las transferencias de la AGE (Administración General del Estado) se han disparado un 205,7%. Un ritmo de crecimiento que supone que las transferencias para pagar las pensiones han crecido cinco veces más que las cotizaciones.

Y la AIReF prevé una mayor dependencia

Este avance se ha consolidado como una operación estructural del Gobierno. Circunstancia que, además, se intensificará en las próximas décadas por la jubilación masiva de la generación del baby boom. De acuerdo con el último estudio que publicó la AIReF a finales de mayo sobre la sostenibilidad del sistema de pensiones, "el gasto total en pensiones aumentará progresivamente del 13% al 16,4% del PIB entre 2025 y 2050" y durante este periodo el Gobierno tendrá que aumentar progresivamente las transferencias desde el 2% del PIB actual hasta el 4,7% en 2050.

Es decir, cerca de tres cuartas partes del gasto total se sufragará mediante mayores inyecciones de capital. Cuestión de la que alerta la institución presidida por Inés Olóndriz, ya que para financiarlo solo habrá dos vías: o reducir "los recursos disponibles para la financiación de otras políticas de gasto" o aumentar el endeudamiento.

La factura se traslada al siguiente ejercicio

No obstante, la presión que ejercen las pensiones sobre las cuentas públicas no es solo una cuestión de futuro. También deja rastro en las cuentas del pasado. Durante la presentación del informe de la Cuenta General del Estado de 2024 en el Parlamento, la presidenta del Tribunal de Cuentas, Enriqueta Chicano, ha advertido este martes de que "las obligaciones correspondientes a pensiones y otras prestaciones económicas de diciembre de 2024 se imputaron al presupuesto del 2025, produciéndose una infravaloración neta de las obligaciones reconocidas de 2024 de 1.008 millones de euros".

Es decir, una parte de la factura de las pensiones de diciembre terminó computándose en las cuentas del año siguiente. En la práctica supone que las obligaciones reconocidas de 2024 aparecieron rebajadas en 1.008 millones de euros, pese a que este gasto ya se había generado. Si bien no se trata de una práctica nueva y el Tribunal de Cuentas viene detectándola de forma recurrente en sus informes, la cifra registrada en 2024 se sitúa entre las más elevadas de toda la serie reciente, siendo el tercer mayor importe observado desde, al menos, 2017. Tan solo la supera los 1.087,3 millones de euros contabilizados en 2020 —a raíz del impacto de la pandemia— y los 1.332,9 millones registrados en 2023, una evolución que también refleja la creciente presión que ejerce el gasto en pensiones sobre las cuentas públicas.

Además, las tensiones que reflejan las cuentas de la Seguridad Social se producen en un contexto de creciente debate sobre la gestión presupuestaria de la última legislatura del Gobierno de Pedro Sánchez, que mantiene prorrogadas las cuentas públicas desde 2023. Ante las problemáticas derivadas de esta circunstancia, Chicano ha avanzado que el Tribunal de Cuentas se está planteando "la posibilidad de hacer un estudio jurídico-técnico sobre las consecuencias en la gestión presupuestaria de las prórrogas" sobre los recursos públicos.