25 años de la 'Operación Grumete', la segunda condena a Miñanco por tráfico de cocaína

Sito Miñanco vuelve a estar de actualidad: la decisión de la Xunta de Galicia de tumbar el "Tour del Narcotráfico" impulsado por Laureano Oubiña ha reavivado el interés por la historia de los grandes clanes gallegos de la droga. Pero su trayectoria judicial no necesita de ningún tour para seguir captando la atención: hace hoy 25 años que explotó la denominada 'Operación Grumete', un dispositivo internacional que permitió interceptar en el Atlántico, frente a la Guayana Francesa, 186 fardos con casi cuatro toneladas de cocaína y logró la detención de varios de los implicados en una mansión de Villaviciosa de Odón, entre ellos José Ramón Prado Bugallo, alias Sito Miñanco.

Eran los primeros días de diciembre de 2000 cuando un cártel colombiano contactó con uno de los testigos —hoy protegido— residente en Canadá para que consiguiera un barco capaz de transportar cinco toneladas de cocaína desde las costas de Ecuador hasta España. Las primeras negociaciones se desarrollaron en el ya clausurado Meliá Habana, donde se pactó un primer pago de 1.000 dólares por cada kilo de cocaína que llegara a suelo español. El plan, que en principio parecía no tener fisuras, comenzó a hacer aguas el día en el que un infiltrado informó a la DEA de la operación que se estaba fraguando entre los dos continentes.

Negociaciones previas al golpe

En el Meliá Castilla de Madrid, los implicados perfilaron la operación: acordaron que el trasvase se realizaría entre dos embarcaciones frente a las costas gallegas, donde el Agios Constandinos, un mercante que navegaba con carga legal, entregaría la cocaína al Tatiana, el pesquero de Miñanco que se encargaría de introducir el alijo en España. El día 24 de enero, durante una reunión celebrada en la Plaza Mayor de Madrid, el cártel colombiano pactó utilizar una empresa panameña como pantalla para registrar al mercante, una compra que se fijó en 570.000 dólares. Horas después, uno de los hombres de confianza del cártel entregó cuatro millones de pesetas guardados en una bolsa de deporte en una conocida cafetería situada frente al Eurobuilding para sufragar los gastos de la tripulación del buque, que pocos días después navegaría bajo bandera de Camboya.

Con un plan perfectamente hilvanado, el barco inició la travesía cargado con miles de toneladas de acero legal. Navegó por Chipre, Grecia y Algeciras antes de llegar a Georgetown, donde descargó parte del metal que hasta entonces servía de cobertura. Pero el retraso en el transporte de la mercancía comenzó a generar tensiones entre los bloques de la red criminal que se saldaron tras una discusión entre colombianos y españoles y el pago de 33.000 dólares. El mercante atracó en Surinam para descargar el resto del material y dejar listo el escenario para la operación. Estaban convencidos de que el historial comercial del barco bastaría para justificar sus movimientos y no levantar sospechas en las autoridades.

El 18 de julio, el Agios Constandinos llegó al puerto peruano de Callao, donde realizaría su última carga legal de zinc antes de la fase decisiva. A 80 millas de la costa colombiana, dos lanchas rápidas se aproximaron al mercante con bandera camboyana para realizar el trasvase de la cocaína. Los fardos quedaron ocultos en el castillo de proa, protegidos tras una plancha de acero soldada: la operación se estaba desarrollando tal y como habían previsto.

Una tripulación que ignoraba el operativo

La tripulación, compuesta por dieciséis marineros, continuaba con sus labores sin sospechar que compartía el barco con un grupo de agentes de élite. Estos habían embarcado en alta mar desde una patrullera de la Guardia Costera de Estados Unidos y, junto a varios geos, permanecían ocultos a bordo, vigilando el cargamento mientras esperaban el momento del trasvase para intervenir la droga.

Durante todo la operación, la organización se comunicaba utilizando la palabra clave "leguminosa"; era el término elegido para evitar ser detectados por las autoridades y les servía para coordinar la compleja red de comunicaciones satelitales cuya base se encontraba en un chalet situado en la urbanización El Bosque, en Villaviciosa de Odón, desde el que Sito Miñanco dirigía las operaciones y mantenía el contacto permanente con las embarcaciones.

El plan consistía en trasladar la droga desde el mercante hasta el pesquero Tatiana, con bandera de Togo y propiedad de Miñanco, que sería el encargado de introducir el cargamento en España. Pero la operación nunca llegó a completarse. La tarde del 15 de agosto, el pesquero se amarró al costado del mercante y comenzó el trasvase fardo a fardo. Cuando apenas habían pasado 40 fardos, las autoridades españolas infiltradas y los geos irrumpieron por sorpresa y detuvieron a los siete tripulantes del pesquero. La intervención abrió una nueva fase tan delicada como la anterior. Los agentes devolvieron inmediatamente al mercante los 40 fardos que ya habían sido trasladados al pesquero, y volvieron a ocultarlos en el compartimento de proa, que quedó precintado y vigilado durante toda la navegación.

El pesquero a la deriva

El viaje de regreso también se torció. La madrugada del 17 de agosto, el Tatiana sufrió una avería mecánica provocada por su precario estado. Los intentos de remolcarlo se prolongaron durante horas, pero las estachas acabaron rompiéndose. Las autoridades evacuaron a toda la tripulación, recuperaron del puente de mando los efectos e instrumentos de prueba y dejaron el pesquero a la deriva, mientras el mercante proseguía su ruta hacia Canarias bajo custodia policial.

El desenlace llegó en tierra: un día después del abordaje, la Policía Nacional detuvo a Sito Miñanco, a su lugarteniente y a varios colaboradores en el chalet de Villaviciosa de Odón, donde seguían funcionando los equipos de comunicación vía satélite utilizados para coordinar la operación. Al mismo tiempo, el mercante realizó una entrada controlada en el puerto de Santa Cruz de Tenerife. Durante el registro oficial, los agentes localizaron en el compartimento oculto de proa 186 fardos con 3.699,37 kilogramos de cocaína de alta pureza, un cargamento cuyo valor en el mercado ilegal alcanzaba un valor equivalente a 130 millones de euros actuales.

La Audiencia Nacional consideró probado que Sito Miñanco dirigía la rama española de la organización criminal y lo condenó a 16 años y diez meses de prisión, además de imponerle una multa de 390 millones de euros. El tribunal entendió que era responsable de un delito contra la salud pública agravado por la extrema gravedad de los hechos, la enorme cantidad de cocaína intervenida y el papel de liderazgo que desempeñó en la red encargada de introducir el cargamento en España.

Aunque la 'Operación Nécora' quedó grabada como el símbolo de la lucha contra el narcotráfico gallego, 'Grumete' volvió a sentarlo en el banquillo y confirmó que su nombre seguiría ligado, durante décadas, a algunas de las mayores operaciones contra el tráfico de cocaína en España.