Un año sin sentencia de la 'operación Mito', la macrocausa de drogas y blanqueo contra Sito Miñanco y el abogado Gonzalo Boye

Todo empezó en 2018 con la incautación de cerca de cuatro toneladas de cocaína y el desmantelamiento de una de las mayores redes del narco en España. La operación llegó a los tribunales y sentó a 43 personas en el banquillo de la Audiencia Nacional acusadas de tráfico de drogas y blanqueo de capitales. Entre ellas, el histórico narco gallego José Ramón Prado Bugallo —más conocido como Sito Miñanco— y el abogado Gonzalo Boye, letrado del expresidente catalán Carles Puigdemont desde 2017.

El juicio concluyó el 21 de marzo de 2025 tras cuatro meses de vista oral en los que, a lo largo de 32 jornadas, la Sala de lo Penal escuchó el testimonio de decenas de testigos, agentes policiales y peritos, además de las declaraciones de los propios acusados. Desde entonces, la causa sigue pendiente de resolución y cumple ya un año visto para sentencia, según confirman a este periódico fuentes jurídicas, que atribuyen la demora a la sobrecarga de trabajo en el tribunal.

La Fiscalía Antidroga solicita para Miñanco 31 años y medio de prisión al considerarle el cabecilla de la organización que trató de introducir en España más de cuatro toneladas de cocaína procedentes de Sudamérica en dos operaciones que finalmente fueron frustradas por la Policía Nacional. El Ministerio Público también le atribuye haber ocultado más de 11 millones de euros procedentes del narcotráfico.

Para Gonzalo Boye, por su parte, el Ministerio Fiscal pide nueve años y nueve meses de cárcel por su presunta participación en el entramado destinado a blanquear parte de esos fondos. El letrado de Puigdemont habría intervenido en una operación destinada a recuperar cerca de 889.620 euros que la Policía incautó a varios supuestos 'correos humanos' de la organización en el aeropuerto de Barajas en 2017, cuando trataban de trasladar el dinero a Colombia oculto en una maleta. Para lograrlo, Boye y otros letrados habrían elaborado documentos diseñados específicamente para justificar el origen del dinero.

Un buque con más de tres toneladas de cocaína

La operación policial se desarrolló entre 2016 y 2018, cuando los investigadores detectaron la presencia de Miñanco en Marbella, donde mantenía encuentros con varios miembros de su círculo más próximo. A partir de esos movimientos, los investigadores comenzaron a reconstruir el funcionamiento de un entramado que, según la Policía Nacional, seguía operando bajo su dirección pese a que el narco cumplía entonces una condena anterior en Algeciras —de 16 años y 10 meses de prisión— en régimen de semilibertad.

Las pesquisas dibujaron una organización con raíces en Pontevedra, pero con una actividad que se extendía por buena parte del territorio nacional y con especial presencia en el sur de la Península. Según los investigadores, la red contaba con colaboradores repartidos por distintos puntos de España encargados de facilitar infraestructuras, coordinar transportes y gestionar el flujo de dinero procedente del tráfico de drogas.

Uno de los hitos de la investigación llegó en octubre de 2017, cuando las fuerzas de seguridad interceptaron en alta mar, a la altura de las Azores, un buque que transportaba 3.800 kilos de cocaína ocultos en su interior. Apenas un mes después, en noviembre, otros 616 kilos de la misma sustancia fueron intervenidos en una nave en la ciudad holandesa de La Haya. Ambos cargamentos estaban vinculados a esta misma estructura criminal.

La investigación también puso el foco en el circuito financiero del grupo. Según los investigadores, la organización recurría a empresas pantalla, sociedades instrumentales y 'correos humanos' para mover el dinero procedente del narcotráfico. Parte de esos fondos se canalizaba posteriormente a través de operaciones inmobiliarias y negocios aparentemente legales, una estrategia destinada a introducir los beneficios en el circuito económico y dificultar el rastreo del origen ilícito del capital.

El papel atribuido a Gonzalo Boye

Es en esa estructura de blanqueo donde la investigación sitúa al abogado Gonzalo Boye. Según el escrito de acusación, el letrado habría intervenido en una operación destinada a recuperar 889.620 euros que la Policía incautó en febrero de 2017 en el aeropuerto de Barajas a varios supuestos 'correos humanos' de la organización cuando trataban de trasladar el dinero a Colombia oculto en una maleta.

Tras la intervención policial, varios integrantes del entramado habrían contactado con Boye y con otros dos abogados para buscar una fórmula que permitiera reclamar la devolución del dinero ante la Administración. De acuerdo con la Fiscalía, la estrategia pasó por confeccionar contratos y documentos mercantiles que simulaban operaciones comerciales inexistentes con el objetivo de justificar el origen del efectivo.

Durante el juicio, el fiscal antidroga llegó a afirmar que el abogado realizó una "simulación total" de esos documentos con el objetivo de "inducir a error a los funcionarios de la Secretaría del Tesoro" y lograr así una resolución favorable que permitiera recuperar el dinero intervenido.

Boye, por su parte, negó reiteradamente cualquier implicación en el blanqueo y ha defendido que su actuación se limitó al ejercicio de su labor profesional como abogado, insistiendo en que la acusación contra él carece de base.

Durante la vista oral, además, afloraron varias contradicciones en las declaraciones de dos investigadoras de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) que participaron en el caso. Las agentes sostuvieron que el dinero incautado en Barajas pertenecía a la organización de Miñanco y que iba a ser blanqueado con la intervención del abogado Gonzalo Boye, que en ese momento actuaba como letrado de Manuel Pedro González Rubio en la reclamación administrativa para recuperar el efectivo. Sin embargo, González Rubio —a quien se le intervino el dinero— declaró que los cerca de 890.000 euros eran de su propiedad y que estaban destinados a inversiones empresariales en Colombia.

Las inspectoras admitieron que no realizaron una investigación sobre el patrimonio de González Rubio y que se limitaron a analizar los movimientos y saldos de sus cuentas en las fechas próximas a la incautación. También matizaron parte de sus conclusiones sobre los documentos utilizados en esa reclamación presentada por Boye, reconociendo finalmente que las letras de cambio empleadas para justificar el origen del efectivo eran auténticas, aunque mantuvieron sus dudas sobre el conjunto de la operación.