Indra y Santa Bárbara abren nuevas vías de comunicación para evitar elevar la pugna a la Audiencia Nacional

El cambio de la cúpula de Indra no solo ha frenado la crisis de gobernanza en la que estaba sumida la cotizada. En menos de dos meses se han cambiado cuatro asientos en su máximo órgano de gobierno. La salida de los hermanos Escribano y de José Vicente de los Mozos ha cerrado un capítulo dentro de la compañía que vio como su acción subía un 180% en 2025. Ahora, con una Indra renovada, se han abierto nuevas vías de comunicación con Santa Bárbara Sistemas para tratar de resolver los conflictos judiciales entre ambas, según informan fuentes cercanas a El Independiente. El objetivo es que Santa Bárbara no eleve la pugna empresarial a la Audiencia Nacional, algo que puede hacer hasta el 16 de junio.

Todo empezó el pasado 22 de diciembre cuando el Ministerio de Defensa adjudicó a dedo a la UTE formada por Indra y Escribano Mechanical & Engineering (EM&E) los contratos de obuses de ruedas por 2.686 millones de euros y de los obuses de cadenas por 4.554 millones. Esto despertó los recelos de Santa Bárbara -que tiene amplia experiencia en la fabricación de vehículos terrestres-, pues alega que Indra no tiene el conocimiento suficiente para ejecutar los mayores programas industriales de la defensa nacional del 2025. "No tiene ahora mismo las fábricas ni tiene las personas. Hay evidencias objetivas de que no son (Indra) la única opción porque nuestros vehículos son reales", defendió Alejandro Page, director general de Santa Bárbara.

Recurso de Santa Bárbara a los préstamos

Para realizar estos proyectos, Indra y EM&E recibieron en conjunto un apoyo del Ministerio de Industria y Turismo en forma de préstamos sin intereses por un valor de 3.000 millones de euros. Santa Bárbara dio el primer paso judicial llevando los créditos de Industria al Tribunal Supremo. Sin embargo, el la justicia desestimó el recurso contencioso-administrativo porque en virtud del artículo 346.1 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, los países miembros pueden "adoptar las medidas que estimen necesarias para la protección de los intereses esenciales de seguridad y que se refieran a la producción o al comercio de armas, municiones y material de guerra".

Pero, además de este frente, Santa Bárbara recurrió también frente al Ministerio de Defensa la adjudicación de los programas a Indra y EM&E. La cartera que dirige Margarita Robles tenía hasta el 22 de abril para responder al recurso. No contentos con el devenir, Santa Bárbara anunció en febrero en un comunicado oficial que llevaría los programas de infantería autopropulsados de ruedas y cadenas de 7.200 millones de euros a la Audiencia Nacional si el Gobierno no los detenía. La compañía defendió que tiene "una probada capacidad técnica y experiencia contrastada en el sector de la Defensa, lo que exigía, como mínimo, que su candidatura para la ejecución de los PEM fuera tomada en consideración". En cambio, aseguró la empresa, "las adjudicaciones a Indra y Escribano fueron adoptadas sin concurrencia ni publicidad, a pesar de que las adjudicatarias no tienen experiencia y recursos comparables a los de Santa Bárbara".

La compañía había puesto su empeño en el vehículo Némesis que se basa en la plataforma Ascod, de amplio reconocimiento internacional. Por su parte, Indra creó su filial de vehículos terrestres, Land Vehicles para elevar su apuesta por la defensa. Tras la adjudicación, con un Ángel Escribano casi ejecutado de la presidencia de Indra, la cotizada eligió a la surcoreana Hanwha para producir el K9, un obús de cadenas. Tras esta decisión, que fue secundada por el Ministerio de Defensa, los sindicatos de Santa Bárbara cargaron contra el Gobierno al señalarle como "responsable político de una estrategia que pone en riesgo el futuro de cientos de trabajadores" y que tiene "un trato a favor" con Indra. Cabe señalar que Indra es una compañía semipública, con el 28% de las acciones siendo propiedad de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) del Ministerio de Hacienda.

La Audiencia Nacional en el horizonte

El Ministerio Defensa declinó el recurso de Santa Bárbara. La compañía contemplaba el primer recurso de alzada como un paso previo necesario para agotar la vía administrativa, antes de acudir ante la Audiencia Nacional. De esta manera, aunque aún no lo ha hecho oficial, Santa Bárbara se encuentra abocada a abrir un nuevo frente judicial contra el Gobierno, al que acusa de haber adjudicado 'a dedo' los programas de artillería autopropulsada a Indra y EM&E. Pero todavía queda el último cartucho. La nueva cúpula de Indra ha aterrizado a la cotizada con el objetivo de calmar las aguas con Santa Bárbara, socio dentro de Tess Defence, el consorcio que produce los 8x8.

Aun así, las negociaciones son complicadas, pues Santa Bárbara siempre ha defendido que el futuro de las capacidades de obuses autopropulsados del Ejército de Tierra debía pasar por la plataforma Ascod para ganar en interoperabilidad. Por la otra parte, Indra ya tiene un acuerdo con Hanwha para la fabricación de los obuses de cadenas, por lo que la participación de Santa Bárbara en el programa como ella quiere se encuentra hasta el momento descartada.

Aun así, Indra mantiene la puerta abierta a Santa Bárbara, pues durante la presentación de la firma con la empresa surcoreana, Frank Torres, director general de la división de vehículos terrestres de Indra calificó a General Dynamics como un "socio industrial" y que "va a estar incluida al igual que todas las demás empresas y proveedores de España para poder utilizar todas sus capacidades para desarrollar estos programas".

Pugnas entre Indra y Santa Bárbara antes de los contratos de artillería

Los roces entre ambas empresas empezaron mucho antes cuando Ángel Escribano trató de comprar Santa Bárbara Sistemas. El entonces presidente de Indra planteó comprar la compañía que pertenece a la gigante estadounidense General Dynamics, quinta compañía de defensa con más ingresos del mundo. El objetivo era dar un paso de gigante para ganar soberanía frente a Estados Unidos, país con el que España tiene una gran dependencia tecnológica y militar. Esto provocó recelos por parte de la matriz estadounidense. Finalmente, la maniobra empresarial por tratar de adquirir Santa Bárbara terminó por tensar aún más las relaciones entre los actores de Tess Defence.