La investigación que nació en la SEPI y acabó en las cloacas del PSOE: el juez del 'caso Leire' impulsa una macrocausa en la Audiencia Nacional

Cuando la Audiencia Nacional abrió diligencias en diciembre contra la exmilitante socialista Leire Díez, el empresario Antxon Alonso y el expresidente de la SEPI Vicente Fernández, el foco estaba puesto en un grupo llamado Hirurok —"nosotros tres", en euskera— y cinco operaciones del ente público en las que habrían influido para su beneficio propio. Seis meses después, la causa es otra cosa. El juez instructor, Santiago Pedraz, investiga ahora una supuesta trama que habría operado desde el entorno del PSOE para "desestabilizar" casos sensibles para el partido. Y ha dado un paso más al pedir al juez de Madrid que investigaba inicialmente estas maniobras que le remita su parte para unificar la causa.

La investigación en la Audiencia Nacional nació a partir de un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil de noviembre de 2025 en el que se analizaban pagos y movimientos societarios vinculados a las mercantiles Mediaciones Martínez y Servinabar 2000. En ese documento se identificaba al grupo Hirurok, integrado por Díez, Fernández y Alonso, administrador de la segunda empresa.

En esa primera fase, se investigaban en las posibles en la gestión de fondos públicos y su conexión con expedientes de la SEPI. En concreto, se analizaban cinco operaciones vinculadas a organismos públicos y empresas participadas por el Estado en las que Díez, Fernández y Alonso habrían intervenido aprovechando sus contactos. Entre ellas, el rescate de Tubos Reunidos, aprobado por la SEPI durante la pandemia por un importe de 112,8 millones de euros. Precisamente, la UCO registró la sede de esta compañía la semana pasada.

El salto a Santos Cerdán

A partir de ahí, el avance del sumario y las diligencias practicadas entre diciembre de 2025 y comienzos de 2026 fueron ampliando el perímetro inicial de la causa. Según consta en un atestado posterior de la propia UCO, al que ha tenido acceso El Independiente, en esas actuaciones se detectó ya una posible extensión tanto del objeto de la investigación como de las personas implicadas. Entre ellos, el exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, tal y como explica el juez Pedraz en el auto del pasado 27 de mayo, cuando la UCO entró en la sede federal del partido en Ferraz.

La investigación pasa entonces de un esquema centrado en la órbita empresarial de la SEPI a un escenario más amplio en el que comienza a aparecer, con mayor intensidad, el nombre de Cerdán, entonces 'número tres' de los socialistas. La UCO le situaba en el entorno de varias reuniones con los investigados, además de vincularle indirectamente con la estructura societaria de Servinabar 2000. Sin embargo, es en el desarrollo posterior de las diligencias cuando los investigadores elevan su papel dentro del entramado descrito.

El punto de inflexión se produce tras la publicación de la Carta a la ciudadanía del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el 24 de abril de 2024, después de que se abrieran diligencias contra su esposa, Begoña Gómez. En uno de los informes de la UCO incorporado al sumario del 'caso Leire' y al que ha tenido acceso este periódico, los agentes sitúan el origen del entramado ese mismo día con una serie de movimientos que culminaron dos días después, el 26 de abril, con una reunión en Ferraz. Para entonces, Leire Díez ya había trasladado a varios interlocutores que Santos Cerdán le había pedido desplazarse "de urgencia" a la capital porque disponían de información que podía resultar útil para "ayudar" al presidente del Gobierno.

A ese encuentro acudieron varias personas del entorno político y no orgánico del partido, entre ellas Leire Díez y Santos Cerdán, con el objetivo —según el atestado policial— de canalizar información y recabar material que pudiera ser utilizado en la defensa del presidente del Gobierno y de su entorno más cercano.  Para el juez Pedraz, esta reunión sería el "punto de inflexión" a partir del que un grupo "liderado por Santos Cerdán y coordinado por Leire Díez" comenzaría a desarrollar sus acciones para desbaratar las causas que afectaran al Partido Socialista.

"La organización desplegó una actividad continuada y estructurada a través de diversas líneas de actuación coordinadas entre sí", precisa Pedraz. "Y la desarrollaron de forma coordinada manteniendo unicidad de acción y dirección, personificada en este caso en la figura de Santos Cerdán". El objetivo era obtener información comprometedora sobre jueces, fiscales y mandos policiales vinculados a causas que afectasen al Gobierno o al PSOE.

La inhibición del juez de Madrid

Esta línea que ahora investiga la Audiencia Nacional no nació, sin embargo, de forma aislada. En paralelo a las primeras diligencias abiertas por los movimientos vinculados a la SEPI, el Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid ya venía investigando desde hacía meses las supuestas 'cloacas' de la formación socialista bajo la dirección del magistrado Arturo Zamarriego.

Precisamente, esa coincidencia de objetos de investigación es lo que ha llevado ahora al juez Pedraz a mover ficha y pedir a Zamarriego que se inhiba en favor de la Audiencia Nacional, para evitar así duplicidades y posibles conflictos procesales, según un escrito al que ha tenido acceso este periódico.

La petición se sustenta en el hecho de que ambas piezas investigan una misma dinámica de actuación, con idéntico núcleo de hechos y una intersección relevante de personas investigadas. Así, el juez argumenta el riesgo de que existan resoluciones contradictorias o incluso de que se vulneren garantías básicas del procedimiento —como el principio non bis in idem— para impulsar la unificación de la causa.

La decisión final será determinante para el futuro de la instrucción. Si el juzgado de Madrid acepta la inhibición, toda la investigación quedará concentrada en la Audiencia Nacional, bajo la dirección de Pedraz, que pasará a asumir la totalidad del procedimiento. Mientras tanto, la causa continúa bajo secreto parcial y con nuevas diligencias en curso, en un sumario que ha pasado en apenas seis meses de centrarse en cinco operaciones concretas de la SEPI a convertirse en una investigación de alcance mucho más amplio sobre la posible existencia de una estructura organizada en el entorno político del Gobierno.