La gestión de algunas competencias relacionadas con la violencia de género en Andalucía ha quedado bajo responsabilidad de Vox tras el nuevo acuerdo de Gobierno con el Partido Popular. Manuel Gavira, vicepresidente segundo de la Junta y consejero de Turismo y Justicia, asumirá estas funciones tras la reestructuración del Ejecutivo andaluz y pasará a responder de las áreas dependientes de la Consejería de Justicia, entre ellas la gestión de las Unidades de Valoración Integral de Violencia de Género y del Sistema VioGén. Este registro del Ministerio del Interior sitúa a Andalucía como la comunidad autónoma con más casos activos, por delante de la Comunidad Valenciana y Madrid, en un contexto en el que la violencia de género acabó con la vida de 48 mujeres en 2025, según datos del Instituto de la Mujer.

El cambio habría suscitado críticas por el posible impacto en la gestión de los recursos de protección, especialmente teniendo en cuenta que Vox defiende sustituir la Ley de Violencia de Género por una ley a la que denomina "de violencia intrafamiliar" y ha cuestionado en distintas ocasiones el modelo actual de protección a las víctimas. Una de las más representativas fue en 2019 cuando Javier Ortega Smith, entonces secretario general del partido, señaló que la violencia de género era "una gran mentira".

¿Qué puede pasar en Andalucia?

La reestructuración del Gobierno andaluz que sitúa ahora a Manuel Gavira al frente de las competencias de violencia de género en el ámbito de la Justicia, integran, entre otras cosas, la facultad de actuación sobre las Unidades de Valoración Integral de Violencia de Género, un organismo que, según denuncia el PSOE, la formación de Santiago Abascal lleva años poniendo en cuestión y que sería el encargado de valorar la estimación del riesgo de las víctimas. Una Unidad que, según defiende la Junta, Andalucía es pionera en su desarrollo.

Por otro lado, la oposición y el Ministerio de Igualdad advierten de que Vox podría modificar la gestión de las políticas autonómicas de violencia de género, alterando protocolos, programas o prioridades presupuestarias. Además, la ministra Ana Redondo criticó el nombramiento de Emmanuel Toro como coordinador provincial del Instituto Andaluz de la Mujer en Sevilla.

En cualquier caso, la capacidad de las comunidades autónomas incide principalmente en el funcionamiento administrativo en el que se integra la valoración del riesgo, un aspecto que genera especial preocupación en la actual oposición al Gobierno andaluz. Esta valoración comprende el análisis integral de los efectos de la violencia física, psicológica y sexual, así como de la exposición a la violencia y de la peligrosidad objetiva. Asimismo, las competencias relacionadas con la distribución de recursos, la elaboración de protocolos internos, las campañas de sensibilización, la organización de los servicios de atención y la definición de prioridades políticas dentro del ámbito de las competencias transferidas también quedarían bajo la responsabilidad del partido. Sí hay otros límites establecidos por la legislación estatal que impiden modificar de forma unilateral los denominados derechos fundamentales de las víctimas.

Qué ha ocurrido cuando Vox ha asumidos estas competencias

La experiencia de las comunidades autónomas donde Vox ha participado en gobiernos o ha ejercido influencia política entre 2022 y 2024 en cuestiones relacionadas con violencia sobre la mujer muestra que su impacto se ha centrado principalmente en el enfoque del discurso. Aunque la legislación estatal y las medidas de protección se han mantenido intactas, la formación ha impulsado cambios en el discurso institucional, en las campañas de sensibilización, en las prioridades presupuestarias y la organización de algunos recursos destinados a la prevención y atención de la violencia de género.

Uno de los ejemplos más destacados fue el de Castilla y León, donde Vox formó parte del Gobierno de coalición con el Partido Popular entre 2022 y 2024, ocupando la Vicepresidencia y varias áreas con capacidad de decisión política. Durante este periodo, la formación defendió sustituir el concepto de "violencia de género" por el de "violencia intrafamiliar", argumentando que la violencia debía abordarse dentro del ámbito familiar y no mediante una categoría específica basada en el género de la víctima.

Este cambio de planteamiento tuvo principalmente un impacto en el lenguaje institucional y en el debate político. En este sentido, la evolución de los datos judiciales no permite establecer una relación directa entre la presencia de Vox en el Ejecutivo autonómico y el aumento o descenso de los casos registrados. En 2021, antes de la entrada de Vox en el Gobierno de Castilla y León, se contabilizaron 5.170 denuncias y 5.159 víctimas. En 2023, con la formación ya dentro del Ejecutivo, estas cifras aumentaron hasta las 6.353 denuncias y víctimas.

La misma dinámica se observó en otros territorios donde Vox alcanzó acuerdos de gobierno con el Partido Popular. En la Comunidad Valenciana, el pacto político defendió un cambio de orientación hacia políticas centradas en la familia y cuestionó el marco estatal de violencia de género, pero las estructuras de protección y los derechos reconocidos por la legislación nacional continuaron vigentes.

En Aragón, donde Vox también tuvo presencia en el Gobierno autonómico, los registros pasaron de 4.008 denuncias en 2021, antes del acuerdo de coalición, a 5.330 en 2023. Por su parte, en la Región de Murcia, las denuncias aumentaron de 6.750 y 6.736 víctimas en 2021 a 8.898 denuncias y 8.859 víctimas en 2023.

Estos datos muestran que la entrada de Vox en los gobiernos autonómicos ha coincidido con cambios en el discurso político y en la gestión institucional de estas políticas, pero no con una modificación del marco jurídico estatal que garantiza la protección y los derechos de las víctimas. No obstante, sí se ha producido un aumento tanto en el número de denuncias presentados como en el de casos activos en términos de violencia de género, algo que se podría extrapolar a todo el territorio nacional dependiendo de la fuente consultada. Pues, según datos del Ministerio del Interior se ha producido un incremento del 0,5 de casos activos, mientras que, en cifras del INE, de mujeres víctimas de violencia de género disminuyó un 3,8% en el año 2025, hasta 33.373 víctimas.

Denuncias, protección judicial y sistema VioGén

Más allá del debate político sobre el modelo de gestión, los datos oficiales reflejan la magnitud de la violencia de género y la continuidad de un sistema de protección basado en la denuncia, la intervención policial, la actuación judicial y la presunta coordinación entre administraciones.

Durante 2025 se registraron 204.342 denuncias por violencia de género. La principal puerta de entrada al sistema sigue siendo la propia víctima, que interpone la denuncia y permite activar los mecanismos de protección. En concreto, 144.535 casos llegaron a través de atestados policiales con denuncia presentada por la mujer afectada, lo que representa el 70,73% del total.

Junto a esta vía, la intervención directa de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad también desempeña un papel relevante. En 33.197 casos, el inicio del procedimiento se produjo por la actuación policial, mientras que las denuncias presentadas por familiares de la víctima tuvieron un peso menor dentro del conjunto, con 3.498 casos registrados.

Una vez que el caso llega al sistema judicial, la protección puede activarse mediante diferentes medidas destinadas a reducir el riesgo y garantizar la seguridad de las víctimas y sus hijos. En 2025 se acordaron 19.127 medidas judiciales de protección, de las cuales 17.725 se establecieron mediante órdenes de protección y 1.402 como medidas cautelares.

Los últimos datos publicados por el Ministerio del Interior, correspondientes a julio de 2026, muestran que España cuenta con 27.885 casos activos dentro del sistema VioGén. De ellos, 246 han sido clasificados con un nivel de riesgo alto y tres con riesgo extremo, los niveles que requieren una mayor intensidad de vigilancia y protección policial.

Andalucía, la comunidad con más casos activos registrados en VioGén

Andalucía ocupa una posición destacada dentro de este sistema al ser la comunidad autónoma con mayor número de casos activos registrados, con 17.556 expedientes abiertos, además de 1.556 menores en situación de riesgo vinculados a estos casos, un riesgo que determina la Unidad de Valoración Integral de Violencia de Género, cuya gestión es ahora competencia de la formación verde. Por detrás se sitúan la Comunidad Valenciana, con 17.111 casos activos, y la Comunidad de Madrid, con 12.591.

Dentro de Andalucía, Granada destaca por el grado de implantación del sistema, con 60 cuerpos de Policía Local plenamente integrados. En términos de incidencia, la comunidad registra una tasa de 81,9 mujeres víctimas de violencia de género por cada 10.000 mujeres.

Estos datos sitúan a Andalucía como uno de los territorios donde la dimensión de esta problemática es más visible y convierten la gestión de las políticas de protección en un elemento central del debate tras la llegada de Vox a determinadas áreas de responsabilidad dentro del Gobierno autonómico.

La importancia del sistema también depende de la coordinación en el ámbito local, ya que la protección no recae únicamente en los cuerpos estatales de seguridad. Actualmente, 862 ayuntamientos cuentan con Policía Local integrada en VioGén, lo que permite que los agentes municipales participen en el seguimiento de los casos y colaboren en las labores de prevención y protección.

Vox podría cambiar las prioridades presupuestarias

Las competencias de Vox sí pueden tener efectos sobre parte de la gestión autonómica: la organización de los recursos, los protocolos internos, las campañas públicas, las prioridades presupuestarias y el lenguaje institucional con el que la administración aborda esta problemática. Y es que, aunque con algunas materias blindadas, la posición de Vox sobre la violencia de género es contraria modelo actual de protección. Una de sus principales propuestas es la derogación de la Ley Integral de Violencia de Género, una norma que la formación considera discriminatoria porque, según argumenta, establece una diferencia penal entre hombres y mujeres y vulnera principios como la igualdad ante la ley y la presunción de inocencia. A su parecer, debe ser sustituida por una ley de violencia intrafamiliar que proteja por igual a todas las víctimas del ámbito doméstico.

Además, plantea endurecer las penas para delitos sexuales, eliminar las políticas de igualdad que considera vinculadas a la "ideología de género", suprimir el Ministerio de Igualdad y reformar la estructura judicial especializada, eliminando los Juzgados de Violencia sobre la Mujer e integrando las fiscalías especializadas en violencia de género dentro de las fiscalías de familia.

Aunque las comunidades autónomas tienen capacidad para gestionar recursos y políticas públicas, un gobierno autonómico no puede modificar los derechos fundamentales de las víctimas ni alterar la legislación penal estatal. La Ley Orgánica de Violencia de Género, el Código Penal y las medidas de protección judicial siguen siendo competencia del Estado, por lo que los delitos, penas y derechos fundamentales reconocidos a las víctimas se mantienen en todo el territorio nacional, incluyendo la asistencia jurídica, la protección policial y las ayudas previstas por la ley. Sin embargo, la valoración del riesgo de la víctima, las prioridades presupuestarias y las campañas públicas, entre otras cosas, sí serán competencia del partido.