El Gobierno cubrió con fondos europeos casi todas las nuevas transferencias a la Seguridad Social para pagar las pensiones

El Ministerio de Hacienda publicó este martes la Cuenta General de la Administración General del Estado (AGE) de 2025. Un documento de casi 8.000 páginas que recoge el registro de las cuentas anuales del sector público y detalla los movimientos presupuestarios y la ejecución del gasto realizados por el Gobierno a lo largo del año. Un ejercicio marcado, un año más, por la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado de 2023. A pesar de que el Ejecutivo defiende que aquellas cuentas continúan siendo plenamente válidas para gestionar la realidad económica actual, la propia ejecución presupuestaria refleja que han sido necesarias modificaciones de crédito para atender gastos que no estaban suficientemente dotados. Uno de los casos más representativos es el de la Seguridad Social.

Según un análisis realizado por El Independiente, centrado exclusivamente en el código presupuestario 32.02 —correspondiente a la Seguridad Social y al sistema de pensiones, y que excluye las partidas de Inclusión, Migraciones, gastos de personal y funcionamiento del Ministerio—, el Estado tuvo que inyectar 8.414 millones de euros adicionales para atender los compromisos de gasto del sistema durante 2025. De esta forma, las transferencias destinadas a la Seguridad Social pasaron de los 34.700 millones de euros previstos inicialmente en los Presupuestos prorrogados de 2023 a 43.100 millones de euros al cierre del ejercicio.

Además, este medio ha tenido acceso a otro documento oficial que desglosa todas las modificaciones de crédito aprobadas durante el ejercicio. Es decir, las partidas presupuestarias de las que el Gobierno obtuvo los recursos necesarios para reforzar aquellos programas cuyos créditos iniciales resultaron insuficientes para atender las necesidades de gasto de 2025. Y este cruce de ambos documentos arroja otro dato relevante: el 99,7% de estas modificaciones de crédito, equivalentes a 8.391 millones de euros, se financiaron mediante reasignaciones de recursos procedentes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), el principal instrumento de los fondos europeos Next Generation.

El trasvase de fondos europeos a la Seguridad Social

Una de las mayores reasignaciones correspondió a la "aportación del Estado para financiar los complementos de pensiones mínimas", que recibió 1.471 millones de euros adicionales. De esta cuantía, 1.328 millones procedían de la partida de Apoyo a Proyectos Estratégicos para la Transición Industrial y otros 143 millones de los Programas de rehabilitación para la recuperación económica y social, ambos integrados en el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR).

Otro de los principales movimientos afectó a la financiación del Ingreso Mínimo Vital (IMV). Esta prestación recibió 1.859 millones de euros extras mediante modificaciones de crédito, de los cuales 928 millones procedían de los Proyectos Estratégicos para la Transición Industrial, 558 millones de los Programas de rehabilitación para la recuperación económica y social y otros 93 millones del PERTE de Economía Circular, todos ellos financiados con recursos europeos.

También fue necesario reforzar en 880 millones de euros la partida destinada a los complementos de pensiones contributivas para la reducción de la brecha de género. Para financiarlo, el Gobierno reasignó los 500 millones inicialmente destinados al programa de Construcción de viviendas en alquiler social, 201 millones correspondientes a actuaciones vinculadas a ADIF y otros 179 millones de los Programas de rehabilitación para la recuperación económica y social.

No obstante, estos son solo algunos de los ejemplos más representativos de un mecanismo presupuestario que se repite a lo largo del ejercicio en distintas partidas de la Seguridad Social.

Misma dinámica que en 2024

Este tipo de operaciones recibió una llamada de atención en el pasado mayo por el Tribunal de Cuentas. Entonces, el órgano supervisor publicó la Declaración de la Cuenta General del Estado correspondiente a 2024, el primer ejercicio de la prórroga presupuestaria. Y, en este documento advirtió de que el Ministerio de Hacienda había desviado 2.389,4 millones de euros procedentes de los fondos europeos para financiar las pensiones de clases pasivas y los complementos a mínimos de las pensiones en 2024, mediante una ampliación de crédito de 1.722,1 millones de euros el 6 de noviembre y una transferencia de 667,3 millones el 19 de noviembre de ese año.

Para el Tribunal de Cuentas, "esta actuación se había llevado a cabo bajo unos fundamentos jurídicos que deberían haber quedado mejor justificados", al existir incertidumbre sobre si los créditos sobrantes del "servicio 50" (reservado para el MRR) podían financiar gastos fuera de dicho servicio, dado que las pensiones constituyen gasto corriente ordinario.

De hecho, esta operación financiara generó división en el seno del Tribunal, que aunque se aprobó la Cuenta General, contó con un voto particular discrepante y cinco votos concurrentes que exigían un tratamiento más severo. La controversia provocó que la Comisión Europea anunciara la apertura de una revisión sobre el uso de estos fondos en España para aclarar la problemática, generando críticas en el Parlamento Europeo e incluso en la prensa alemana.

El Tribunal de Cuentas defiende la explicación del Gobierno

No obstante y, pese a las reticencias iniciales del órgano fiscalizador, su postura terminó alineándose con las tesis del Ejecutivo. En su comparecencia ante la Comisión Mixta en el Congreso de los Diputados, la presidenta del Tribunal de Cuentas, Enriqueta Chicano, defendió la posición del Gobierno y atribuyó la situación a la prórroga presupuestaria. Chicano rechazó que el informe de su institución concluyera que se hubieran utilizado fondos europeos para pagar pensiones de forma directa o que avalara la existencia de algún tipo de ilegalidad contable.

Según explicó la presidenta, al prorrogarse los presupuestos de 2023, también se arrastraron de forma automática los créditos de inversión asociados al "servicio 50" de los fondos europeos, lo que generó un exceso de fondos excedentarios que no eran necesarios para las inversiones de ese año. Por ello, Chicano sostuvo que la crítica del órgano que dirigía radicaba únicamente en si las limitaciones de la prórroga permitían o no aplicar estos créditos sobrantes para financiar otras necesidades del Estado.

Sin embargo, la reiteración de esta operación contable en la Cuenta General de 2025 volverá a situar el foco la financiación de las pensiones con más fondos europeos y por ello, sobre las consecuencias de gobernar con unos Presupuestos prorrogados. En este sentido, Chicano anunció que el Tribunal de Cuentas estudiaba "la posibilidad de hacer un estudio jurídico-técnico sobre las consecuencias de la gestión presupuestaria de las prórrogas" sobre los recursos públicos.